En materia de dotación de medicamentos para tratar el sida, las autoridades de Salud han seguido una política errática. Para cubrir la demanda de tratamientos a la población no asegurada, la Secretaría de Salud creó el fideicomiso Fonsida, A.C., encargado de recaudar fondos de fuentes privadas para la compra de medicamentos antirretrovirales. De esta manera delegaba en una asociación civil una responsabilidad del Estado.

Sin embargo, el proyecto, que en su momento se presentó como original y novedoso, resultó un fracaso. El Fonsida no fue capaz de allegarse recursos y el gobierno ha tenido que alimentarlo con fondos públicos. Ahora, a tres años de su creación, las autoridades de Salud suspenden su financiamiento y anuncian la asignación directa de recursos a los servicios estatales de salud para ampliar la cobertura de los tratamientos antirretrovirales. Es de celebrar que finalmente la Secretaría de Salud vuelva a asumir su responsabilidad en la materia. Sin embargo, lo que sigue imperando es la falta de coherencia en su política. La medida de dar los medicamentos contra el VIH/sida a cuenta gotas es necesariamente discriminatoria. La falta de claridad en los criterios de selección de los beneficiarios y de un sistema de control crea confusión, división y competencia entre los mismos pacientes. La dispersión en la compra de los medicamentos sólo beneficiará a las farmacéuticas.

Ante este panorama, es necesario que las autoridades de Salud pongan fin al conflicto entre el Fonsida y el Conasida, y diseñen una verdadera estrategia de atención integral y acceso universal a los medicamentos, capaz de lograr el apoyo de la sociedad civil y la opinión pública. Lo anterior es posible, ahí esta el ejemplo de Brasil para demostrarlo.