JUEVES Ť 29 Ť MARZO Ť 2001
Ť Ya son 72 los reos en ayuno; exigen aplicación de la ley sobre sanciones penales
Se suman 56 internos a la huelga de hambre en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla
Ť Demandan además la destitución del director Ť Propondrá hoy diputado del PRD integrar una comisión que investigue la situación en esa y las otras cárceles de la ciudad
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ Y ELIA BALTAZAR
Ayer se sumaron 56 internos de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla a la huelga de hambre que realizan desde hace dos semanas 16 de sus compañeros y amenazaron con coserse los labios, para exigir la destitución del director, Francisco Escalante, y la aplicación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.
Con ello son 72 los internos en protesta en ese centro de reclusión, luego de que el 12 de marzo pasado un grupo de nueve internos que pertenecen al Colectivo Heberto Castillo de Presas, Presos y Familiares del Distrito Federal iniciaron un ayuno para exigir, además del cumplimiento de la referida ley, la autorización para realizar un foro sobre la transformación del sistema penitenciario. Otros internos se fueron sumando a la protesta hasta llegar a 22, pero en el transcurso de la siguiente semana seis obtuvieron su libertad con beneficios de preliberación.
Ayer, a las 14 horas 50 internos se declararon en huelga de hambre y algunos de ellos amenazaron con coserse los labios luego de que las autoridades de la penitenciaría "segregaron" de la población a tres miembros del colectivo: Horacio Mata, Héctor Arellano y César Sánchez, que no están en ayuno, pero que servían de enlace con el exterior.
Sabas Cruz Soto, uno de los internos en protesta desde el 12 de marzo, deslindó al colectivo de la decisión que tomaron ayer los 50 internos y acusó a las autoridades de haber iniciado represalias en contra de la organización al apandar a sus tres compañeros: "Los responsables de esta situación son las mismas autoridades por no resolver los expedientes de liberación anticipada", afirmó.
Ayer, la visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Sofía Velasco Becerra, acudió a la penitenciaría e inició el expediente de queja 50/CDHDF/122/01/12TP.
Además, en la Asamblea Legislativa se presentará en la sesión de hoy un punto de acuerdo por parte del diputado perredista Adolfo López Villanueva, para solicitar que se integre una comisión especial de legisladores que investigue la situación de los internos en esa penitenciaría, y en el resto de las cárceles de la ciudad.
El perredista dijo que un año y medio después de haber entrado en vigor la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, ésta presenta un importante rezago en la aplicación de los beneficios de preliberación, libertad preparatoria y remisión parcial de pena para los internos que han cumplido su sentencia y presentado buena conducta.
La misma situación prevalece en el caso de los primodelincuentes condenados por delitos no graves, consideró el legislador.
Advirtió que si las autoridades no atienden en tiempo y forma las solicitudes de preliberación y se mantiene en la cárcel a internos de manera inecesaria, se generará un clima de tensión y descontento, motivado sólo por los criterios caprichosos y arbitrarios con que se conmutan las penas y se otorgan las preliberaciones.
Por ello, advirtió, estamos ante una chispa que puede transformarse en un incendio de trágicas consecuencias, por lo que es necesario actuar con prontitud.
Trascendió que el director general de Prevención y Readaptación Social del gobierno de la ciudad, Jaime Alvarez, acudió a la Penitenciaría y solicitó hablar con una comisión de cinco internos, sin embargo no se resolvió nada y el funcionario se retiró del lugar alrededor de las 21 horas, y se ordenó regresar a los internos a su dormitorio, quienes se encontraban en el auditorio.