JUEVES Ť 29 Ť MARZO Ť 2001

Ť Se ordenó restringir cuentas bancarias del Poder Judicial hasta entonces

El 7 de abril se conocerá el nombre del nuevo presidente del STJ de Chiapas

Ť Alfredo Clemente disputa la titularidad al actual dirigente del Tribunal, Enrique Robles

JUAN BALBOA CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 28 de marzo. El magistrado decano y actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del Estado, Enrique Robles Domínguez, confirmó que se ordenó restringir cuentas bancarias del Poder Judicial. Igualmente, anunció la incorporación de Lucía Guadalupe Montoya Castillejos como nueva magistrada en sustitución del ex presidente del STJ, Noé Castañón León, a quien se le siguen cuatro procesos judiciales.

Dos de las principales cuentas bancarias -en Bital y Bancrecer- del STJ de Chiapas fueron congeladas "como una medida de prevención", en tanto se nombra definitivamente, el próximo 7 de abril, al nuevo presidente del organismo.

Robles Domínguez, quien enfrenta al magistrado Jorge Alberto Clemente Pérez, hombre cercano a Castañón León, garantizó que los gastos de operación del Poder Judicial "están asegurados".

En tanto, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso estatal, Jorge Rosendo Santiago Ramírez, dio a conocer que los legisladores locales acordaron no permitir que "algunos magistrados" tomen las instalaciones del Poder Legislativo como recinto judicia, y prohibió a aquellos cualquier reunión oficial dentro del inmueble legislativo.

Argumentaron que los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, estipula que para su ejercicio, el poder del Estado se divide en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

"Se debe respetar la división de poderes consagrada en la Constitución, por lo que siendo la Comisión Permanente de este Poder Legislativo la facultada para resguardar el recinto legislativo, ésta no autoriza a que magistrados del Tribunal de Justicia tomen a esta soberanía popular como recinto judicial, ya que este hecho significaría una violación flagrante a la Constitución", puntualizó Santiago Ramírez, en coincidencia con un texto publicado hoy en medios locales.

Por su parte, los diputados locales panistas Victoria Rincón Carrillo y Juan Carlos Cal y Mayor exigieron que en Chiapas exista una verdadera división de poderes. Además, se opusieron a que un grupo de magistrados se instalen en el recinto legislativo.

Ambos legisladores pidieron que se investigue si la Policía Judicial violó la autonomía del Poder Judicial, aunque aclararon que conocen un escrito en donde el presidente del STJ, Enrique Robles Domínguez, solicitó la intervención de la fuerza pública.

En ese sentido, el magistrado Jorge Alfredo Clemente Pérez, quien también se asume como presidente del STJ, demandó junto con otros 12 magistrados, que el presidente Vicente Fox y la Comisión Nacional de Derechos Humanos "subsanen" la injerencia del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía en el Poder Judicial. Asimismo, y exigieron que la policía se retire del STJ.

Por su parte, el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano, consideró que el nombramiento por ministerio de ley de Robles Domínguez tiene fundamento jurídico, con base en el reglamento interno del Poder Judicial y el derecho consuetudinario, que faculta al magistrado decano asumir la titularidad en el caso de renuncia del presidente en turno, como sucedió en Chiapas.