VIERNES Ť 16 Ť MARZO Ť 2001
Ť Muestra el desinterés oficial a los programas agrarios, dicen organizaciones
Impugnan campesinos y legisladores veto foxista
Ť Marca el inicio de una nueva relación entre los poderes de la Unión, señalan en el Congreso Ť La decisión presidencial afecta a 30% de la población mexicana, destacan
A. CRUZ, A. BECERRIL, C. PEREZ SILVA Y D. APONTE
Manifestaciones de inconformidad generó la decisión del presidente Vicente Fox Quesada de vetar la Ley de Desarrollo Rural. Mientras para las organizaciones campesinas no es más que una clara señal del desinterés del mandatario por el desarrollo del sector y la muestra de que pretende imponer una visión empresarial, diputados y senadores señalaron que este hecho sienta un grave precedente; incluso, dijeron, marca el inicio de una nueva relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que podría llegar al enfrentamiento.
En el Senado de la República, los legisladores que dictaminaron la ley deploraron el veto, y denunciaron que ni siquiera se les permitió exponer sus puntos de vista. Apremiaron a reiniciar el trabajo legislativo en esa materia, a fin de que los campesinos cuenten con certeza jurídica.
En la Cámara de Diputados, luego de que la ley y las 15 observaciones del Ejecutivo fueron enviadas de nuevo a comisiones, el perredista Silvano Aureoles recordó que el ordenamiento vetado fue producto de largos debates que en su momento apoyaron los propios panistas.
Convocó a aprobar nuevamente la ley en sus términos, sin incluir las observaciones del Presidente, pues no puede desatenderse a 30 por ciento de la población que vive en zonas rurales.
Tres y medio millones de productores, en el limbo
El pleno del Congreso Agrario Permanente (CAP) afirmó que el gobierno federal pretende imponer una visión empresarial a la agricultura, sin importar las condiciones en que se encuentran los productores.
La Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) consideró que es urgente la aprobación de la ley, a riesgo de que el campo siga a la zaga del desarrollo y el país continúe con "la vergonzosa dependencia alimentaria del extranjero que tenemos desde hace más de 30 años".
El CAP, que aglutina a 13 agrupaciones rurales, solicitará a los legisladores de PRI y PRD que se manifiesten de nuevo en favor de la ley. Durante una reunión plenaria efectuada ayer en la ciudad de Cuernavaca, los integrantes del CAP destacaron que la iniciativa foxista "modifica y cancela los instrumentos y las políticas presupuestales para el desarrollo real del campo".
Por el contrario, señalaron, se pretende imponer una ley general de carácter únicamente enunciativo, con visión empresarial, acorde con una estrategia agrícola en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) y alejada de los planteamientos de la Unión Europea respecto de proporcionar mayores subsidios y apoyos económicos a los productores del campo.
Además, el CAP rechazó la iniciativa de creación del Consejo Nacional de Desarrollo Rural, porque está al margen de la ley y no incorpora verdaderamente a los agricultores.
En contraste, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) respaldó la decisión presidencial de no publicar la ley, y consideró que esto "no significa matarla, sino que le da vida a la opción de conformar un esquema legal más adecuado a los requerimientos del sector rural mexicano".
Jesús Vizcarra Calderón, presidente del CNA, explicó que la ley presentada a Fox Quesada no fomenta la autonomía de las organizaciones de productores, y aunque establece responsabilidades para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), no le otorga facultades para cumplirlas.
El dirigente señaló que lo urgente es conformar un equipo de trabajo en el que participen los representantes del sector agropecuario; el campo requiere de decisiones, no lamentaciones o tesis que justifiquen su situación actual, la que se generó por políticas mal planeadas y marcadas por la completa ignorancia de lo que es y necesita el sector.
En entrevista por separado, Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), opinó que la intención del Ejecutivo es mantener una política discrecional hacia el campo mexicano, porque en su proyecto de ley retira la responsabilidad del Estado de asignar un presupuesto específico a la producción agropecuaria y en cambio favorece la política neoliberal y la asignación de recursos a "otras prioridades", como podrían ser el pago de la deuda externa o el Fobaproa.
Es claro, dijo Suárez, que ni Fox ni el titular de Sagarpa, Javier Usabiaga, conocen el México rural, aquel donde se encuentran habitantes de 180 mil localidades rurales, sobre todo jornaleros agrícolas y campesinos sin tierra, para quienes la única opción que tienen por delante ante la falta de oportunidades es la migración.
Al respecto, la CNPR recordó que son más de 3 millones y medio los productores que existen en el país. Todos tienen las mismas carencias y necesidades, las cuales se pueden abatir de forma paulatina con la nueva legislación.
Mientras tanto, Emilio López, integrante de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), dijo que la discusión en el Congreso sobre la Ley de Desarrollo Rural se prestará al jaloneo entre los legisladores, sobre todo porque hay otras iniciativas pendientes y que también tienen que ver con los productores agrícolas; éstas son la de crédito y ahorro popular, la de derechos y cultura indígenas, y la de reforma fiscal.
Resulta contradictorio, ejemplificó para sustentar su dicho, que el presidente Fox se manifieste en favor de la iniciativa de ley indígena y al mismo tiempo rechace la de Desarrollo Rural.
"El Congreso dispone y Fox se opone"
En el Senado, los presidentes de las Comisiones de Desarrollo Rural y de Agricultura, José Bonilla Robles y Lauro Díaz Castro, advirtieron que el veto presidencial podría provocar un enfrentamiento entre poderes, pues el Ejecutivo desechó una ley aprobada por mayoría en ambas cámaras del Congreso y que fue producto de tres años de discusiones y debates en los que participaron las organizaciones campesinas del país y especialistas en el tema.
Cuestionaron la falta de voluntad del gobierno federal para tener contacto con el Congreso y aclarar las dudas que se tuvieran sobre esa ley, aprobada por el Poder Legislativo en beneficio de los campesinos. Los consejeros de la Presidencia, "que mal aconsejaron a Fox, nunca tuvieron la gentileza de dialogar con los legisladores que dictaminaron el proyecto".
Bonilla Robles ironizó que la promesa de Fox, cuando tomó posesión, de que ''el Presidente propone y el Congreso dispone'', más bien ha mudado en "el Congreso dispone y él se opone".
Díaz Castro en tanto consideró absurda la visión del Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, quien calificó de ''perversa'' la Ley de Desarrollo Rural. "Eso equivaldría a suponer que los legisladores que la aprobamos somos perversos y eso no lo podemos aceptar''. Consideró además que es lamentable que Fox haya vetado una ley que es la primera en su tipo en América Latina y podría coadyuvar a la superación del fuerte rezago en el agro mexicano.
Más allá de lamentar el veto, Bonilla Robles propuso trabajar de inmediato en las modificaciones necesarias al proyecto rechazado por el Ejecutivo, a fin de evitar que los campesinos sigan en la indefensión jurídica. Se requiere, dijo, una Ley de Desarrollo Rural, y lo más conveniente es reiniciar el trabajo legislativo, con la participación de legisladores, especialistas y funcionarios.
La censura, ''grave precedente''
En la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, advirtió que el veto presidencial marca una nueva relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y opinó que este hecho sienta un grave precedente.
A su vez, la coordinadora de la fracción priísta, Beatriz Paredes Rangel, consideró que la decisión del Ejecutivo respecto de esta ley fue "extrema", ya que si existen aspectos que deban ser ajustados se pudo utilizar el camino de reglamentar la ley, que debía entrar en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Me parece que el uso de expresiones retóricas es uno de los problemas que tiene el presidente Fox. De repente usa mucho expresiones retóricas que no se corresponden con sus hechos, y creo que es un asunto que ya va observando la sociedad mexicana", apuntó la coordinadora priísta.