Ť Con los actuales, sólo puede destinar 96 centavos al día para cada marginado

Confía Sedeso en tener más recursos el próximo año

ALMA E. MUÑOZ

La secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, reiteró su demanda de mayores recursos para el combate a la pobreza en México.

Con una operación aritmética ejemplificó sobre la falta de recursos para terminar con el flagelo: si el presupuesto destinado este año a la dependencia ?15 mil millones de pesos? se repartiera entre los más de 44 millones de pobres que hay en el país, a cada uno le corresponderían 350 pesos anuales, es decir, 96 centavos diarios.

Ese cálculo llevó a Vázquez Mota a buscar, desde ahora, un incremento presupuestal con los responsables de definir las prioridades sociales, a fin de paliar el desarrollo del fenómeno, y probablemente se logre a partir del próximo año.

Evalúa 100 días de gestión

Antes de reunirse con los medios de comunicación para hacerles una "rendición de cuentas" sobre lo alcanzado en sus primeros cien días de desempeño, la funcionaria habló de la instalación de una mesa permanente de trabajo para definir nuevos esquemas de compensación ante la inminente reforma fiscal ?que incluye aplicar el IVA a medicinas y alimentos? en beneficio de quienes menos tienen.

"Con el subsecretario Rubén Aguirre analizamos los términos propios de la reforma hacendaria para que quede suficientemente claro el sistema de compensación propuesto que viene por diferentes vías: por medio de Progresa, mediante créditos al salario y con el impuesto sobre la renta, donde la tasa máxima baja de un 40 a 32 por ciento, pues nuestra preocupación es que con este esquema de compensación, los pobres no se vean afectados".

Lamentó que parte del gasto social se "quede atrapado" en las clases medias, y por ello otros sectores queden desprotegidos. "Eso es algo que también hemos venido observando en nuestro trabajo de

estos primeros cien días y es una consideración importante en esta mesa de la reforma hacendaria".

Acompañada de sus principales colaboradores, Vázquez Mota refrendó la imposibilidad de eliminar de programas de asistencia social ?176 contabilizados hasta ahora, en los que se incluyen los impulsados por los anteriores gobiernos?, pues éstos vienen etiquetados en los recursos asignados a la dependencia.

''Creemos que hubiese sido grave, lo consideramos irresponsable, llegar y desmantelar algunos de los programas conque nos encontramos, porque además ya vienen etiquetados con la autorización propia del presupuesto. Eso sí, seguimos en este proceso de evaluación que incluye conocer si esos programas llegan a quienes deben, su nivel de cobertura y si ayudan a superar la pobreza o están arraigando más porque o no resuelven o lo hacen de manera esporádica. Se trata de responder a las demandas de la ciudadanía y no obligar a los mexicanos a ajustarse a un catálogo".

Vázquez Mota enumeró algunos de las propuestas para mejorar la estructura de apoyo social del gobierno, como anunció este diario: brindarles a los pobres la posibilidad de ser sujetos de derechos y obligaciones al contar con documentos que avalen sus propiedades y personalidad jurídica; incrementar los recursos cuando se habla de proyectos productivos para mujeres; pasar del asistencialismo, el paternalismo y la dádiva a una política de Estado; contar con reglas de operación más claras para reconocer las diferencias regionales; reducir el número de delegados de la Sedeso en el interior de la República (contar únicamente con 31 y no con representantes de cada uno de los 20 programas a cargo de la dependencia) ; trabajar a partir de este año con pruebas piloto, como el denominado Progresa Semiurbano ?para definir el perfil de la pobreza en ciudades de 15 mil habitantes para arriba?; así como aplicar la ley, una vez concluida la auditoría de la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

A esta lista, el subsecretario de Desarrollo Regional, Antonio Díaz de Rivera, sumó los cambios a las reglas de operación para unificar los padrones de beneficiarios, a fin de contar con un solo listado; focalizar la inversión para microrregiones ?cuya costo inicial será de 13 mil millones de pesos?; unificar metodologías y fortalecer el carácter apartidista de los programas, para eliminar ?como dijo Vázquez Mota? "suspicacias cuando haya procesos electorales".

Alberto Mulás Alonso, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó sobre la puesta en marcha del Consejo Nacional de Vivienda, que busca superar las carencias en la materia mediante un plan territorial de desarrollo regional.

"El reto es cómo fortalecer el consumo de vivienda, cómo incrementar la oferta de créditos, cómo lograr incorporar al sistema financiero al otorgamiento de crédito hipotecarios y hacer frente al reto de que para el periodo 2000-2020 se requerirán cerca de 16 millones de unidades ?actualmente existente 22 millones es decir un promedio de 4.4 personas por habitación?, producto del incremento poblacional".

Se trata, dijo, de revisar la estructura de costos y "atacar" tres retos principales: el abasto de tierra, el financiamiento de la demanda y la desregularización del sector". Para el 2001, recordó, los organismos de vivienda estiman apoyar el financiamiento de más de 333 mil créditos en sus diversas modalidades, de los cuales el 94 por ciento corresponden a adquisición y el seis restante a mejoramiento con una inversión superior a los 63 mil millones de pesos.

Con ello estamos apuntalando además, el programa Vivah, perteneciente a la Sedeso, para apoyar a las familias urbanas en condiciones de pobreza extrema: "otorga un subsidio directo, abierto y focalizado; ofrece una vivienda progresiva con servicios básicos; no incluye crédito financiero y alienta la corresonsabilidad con el beneficiario, quien desembolsa siete mil pesos como producto de un ahorro previo. El programa aporta, como subsidio federal 24 mil pesos, mientras los gobiernos estatales y municipales dan lotes con servicios".