MIÉRCOLES Ť 14 Ť MARZO Ť 2001

Buscan pruebas de ejecuciones para enjuiciar a Fujimori

Perú: años de terror oficial

AFP, DPA, AP Y REUTERS

Lima, 13 de marzo. De 1980 a 1996 desaparecieron en Perú 7 mil 382 personas, hubo 514 ejecuciones extrajudiciales y la mayoría de las víctimas fueron detenidas por las fuerzas armadas y policiales, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo dado a conocer hoy.

En tanto, expertos forenses exhumaron los restos del rebelde Néstor Cerpa Cartolini, que en 1996 encabezó el secuestro de 72 personas en la residencia del embajador japonés en Lima. También fueron recuperados los cadáveres de otros dos integrantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

Desde el lunes han sido desenterrados los restos de ocho guerrilleros como parte de una indagación para determinar si algunos de ellos fueron ejecutados cuando ya se habían rendido. De confirmarse, el ex presidente Alberto Fujimori sería enjuiciado en cualquier país por crímenes de lesa humanidad.

El informe de la Defensoría del Pueblo señala que entre 1980 y 1996 "las desapariciones forzadas se produjeron por detención arbitraria a cargo de las fuerzas del orden, maltratos físicos y el traslado continuo del detenido de un centro a otro con el fin de no ser ubicado por sus familiares".

A lo anterior se sumó "la negativa sistemática de las autoridades de reconocer la detención o brindar cualquier información sobre los detenidos, interrogatorios, torturas y tratos crueles y degradantes para extraer información de las víctimas y amenazas de muerte para obligarlos a firmar documentos culpatorios".

Del total de las 7 mil 382 desapariciones, 30.6 por ciento ocurrieron durante el gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985); 41.8 por ciento en el mandato de Alan García (1985-1990) y 27.6 por ciento durante los primeros seis años de la presidencia de Fujimori.

Las cifras no incluyen los casos ocurridos entre 1997 y 2000, indicó el defensor interino del Pueblo, Walter Alban, aunque esas cifras no variarán mucho ya que el número de desapariciones fue mayor de 1980 a 1996.

Alban indicó que además de la "resistencia" del Ministerio Público y de la policía a tratar las denuncias de las violaciones a los derechos humanos, también existió una ley de amnistía decretada por Fujimori en la que "no caben las investigaciones, ni siquiera preliminares".

El documento señala que los familiares de las víctimas responsabilizan en primer lugar al Ejército, seguido de grupos conjuntos de las fuerzas armadas y los comités de autodefensa; estos últimos actuaron en ocasiones como paramilitares. En Ayacucho, cuna de Sendero Luminoso, se dio el mayor número de desapariciones, seguido de Apurímac, Huancavelica y Junin, además de que se comprobó que 40 menores de cuatro años y 98 de entre cinco y 14 años desaparecieron.

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, el informe subraya que sólo corresponden a los casos denunciados y en la mayoría se pudo constatar "huellas de tortura, disparos en la cabeza, o bien los cadáveres fueron sometidos a explosiones de granadas".

Por otra parte, los restos de Cerpa y de otro de sus compañeros fueron exhumados en el cementerio de Nueva Esperanza, y un tercero fue desenterrado en el cementerio del distrito de Puente Piedra, en Lima.

El cadáver de Cerpa Cartolini tiene el cráneo destrozado, informó la fiscal encargada de las investigaciones, Flor de María Alva.

Familiares y amigos de los emerretistas asistieron al cementerio y coreaban "ni olvido ni perdón para el dictador", "el pueblo quiere justicia", "Fujimori y Montesinos son los asesinos", mientras en el penal de Yanamayo los militantes del MRTA presos protestaron por lo que calificaron como "la confirmación del asesinato extrajudicial" de sus compañeros.

Las exhumaciones, que continuarán este miércoles, fueron ordenadas por la justicia después de que uno de los rehenes relató que vio al menos a tres emerretistas con vida tras el ingreso de las fuerzas que rescataron a los 72 cautivos, uno de los cuales murió en el operativo.

Congelan 33 mdd de Montesinos

En Chiclayo, al norte de Perú, un avión Mig 29 de la fuerza aérea se estrelló durante una exhibición, en momentos en que una comisión legislativa inspecciona 18 naves de ese tipo con el fin de verificar si son obsoletas.

La inspección se decidió luego de denuncias relativas a que la compra de las naves fue irregular, durante el gobierno de Alberto Fujimori, y habría participado el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

En este contexto, trascendió que un tribunal de las islas Caimán (con 35 mil habitantes, quinto centro financiero del mundo gracias a sus leyes de secreto bancario) congeló cuentas offshore por 33 millones de dólares de Montesinos y socios, su ex esposa Trinidad Becerra, el ex ministro de Defensa Víctor Maica y el general Juan Silvio Valencia.

La acción fue dispuesta el pasado 7, día en que un negociante de armas peruano declaró ante una comisión del Congreso en Lima que pagó sobornos a Montesinos por 35 millones de dólares.