MIERCOLES Ť 14 Ť MARZO Ť 2001
Ť No es buena medida para conseguir fármacos, considera
Rechaza el gobierno sudafricano decretar emergencia por el sida
REUTERS Y AP
Johannesburgo, 13 de marzo. El gobierno sudafricano se manifestó hoy en contra de declarar emergencia nacional ante la epidemia de síndrome de inmunodeficiencia adqurida (sida), pese a que esa medida le permitiría importar medicamentos genéricos para combatir la enfermedad que afecta a 10 por ciento de sus 45 millones de habitantes.
El ministro de Salud, Manto Tshbalala Msimang, afirmó que la declaración del estado de emergencia no ayudaría a resolver nada y sostuvo que "el consejo de ministros nunca ha considerado utilizar las medidas de emergencia para procurarse medicinas y, por lo tanto, el gobierno no tiene planes de declarar tal emergencia".
Se reduce esperanza de vida a 36 años
Grupos de oposición anunciaron este martes que pedirán al presidente sudafricano, Tabo Mbeki, que imponga el estado de emergencia para frenar la epidemia del VIH-sida que redujo la esperanza de vida a 36 años y podría extenderse en los próximos diez años.
Aunque por el momento está descartada la declaración del estado de emergencia por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el sida, el gobierno defiende en los tribunales una ley que le permitiría importar medicamentos baratos en caso de emergencia. Unas 39 firmas farmacéuticas presentaron un recurso contra la ley argumentando que viola normas internacionales y derechos de patentes.
El partido opositor Alianza Democrática reconoció que la ley no se adecua a la crisis provocada por el sida. "No es ideal porque es demasiado amplia, pero es todo lo que tenemos por el momento".
Organizaciones de apoyo contra la enfermedad han afirmado que Sudáfrica necesita invocar los poderes de emergencia que le garantiza la Constitución debido a las dimensiones que ha alcanzado la epidemia en el país.
Sin embargo, el presidente Mbeki forma parte de los "disidentes" que ponen en duda la relación entre el VIH y el sida.
En Argentina, la Corte Suprema de Justicia reconoció la constitucionalidad de una ley que obliga a las empresas de medicina privada a brindar cobertura a sus asociados con problemas derivados del sida y la drogadicción.
Una compañía de medicina presentó un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la ley afectaba sus intereses debido al "costo exorbitante" de los tratamientos.