MIERCOLES Ť 14 Ť MARZO Ť 2001
Alejandro nadal
De indios, semillas y recursos genéticos
Hace siete años, los arquitectos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) decretaron que 2 millones de productores de maíz en México eran redundantes y una carga para la economía mexicana. Las importaciones de maíz estadunidense los expulsarían del sector maicero.
Resulta que esos productores son los más pobres, los que desde hace siglos se protegen utilizando el recurso tecnológico más importante a su disposición: la variabilidad genética del maíz que siembran.
Cada año, al levantar la cosecha, esos productores seleccionan cuidadosamente las semillas para el siguiente ciclo agrícola en el que utilizarán un gran número de variedades de maíz para reducir riesgos y garantizar el abasto familiar. El TLCAN decidió la expulsión de estos productores del sector maicero, a pesar de que prestan un servicio de valor incalculable: la conservación y desarrollo de recursos genéticos.
Las comunidades en las que viven estos productores mantienen un estrecho vínculo con los recursos biológicos de sus tierras. Miembros de estas comunidades estuvieron presentes en el Congreso Nacional Indígena (CNI) celebrado en Nurio, Michoacán, y acompañan al EZLN en la ciudad de México.
Por eso el CNI incluyó en su declaración final el reclamo del reconocimiento de su derecho sobre los recursos genéticos. El punto cuatro reclama el reconocimiento del derecho de los pueblos indios sobre sus tierras, los recursos biológicos y el conocimiento que tienen sobre ellos. "No son una mercancía que se compra o se vende", dice la declaración.
En realidad, este derecho ya está plasmado en el artículo 27 de la Constitución, en la Convención sobre biodiversidad, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas (ambos firmados y ratificados por México) y se encuentra hasta en la legislación federal en materia ambiental.
Pero la legislación nacional sobre acceso y aprovechamiento de recursos genéticos es insuficiente y ha dejado muchos problemas sin solución.
La declaración final del CNI tiene la virtud de identificar algunas de las consecuencias naturales de este vacío legal y puso el dedo en la llaga: hizo suyo el reclamo de una moratoria sobre todos los proyectos de bioexploración sobre recursos biológicos.
El vacío legal en materia de recursos genéticos tendrá que colmarse con una legislación adecuada y ésta deberá ser objeto de un debate nacional profundo, pero mientras se discute, se diseña y se aprueba no deben otorgarse nuevos permisos para actividades de bioprospección, y todos los convenios existentes deben darse por terminados.
En su fallo sobre la denuncia popular contra el contrato entre la UNAM y la compañía de biotecnología Diversa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recomendó a las autoridades ambientales, y en especial al Instituto Nacional de Ecología (INE), la realización de una amplia consulta para definir una política de acceso a los recursos genéticos. Ahora el CNI responde con inteligencia y reafirma el derecho de las comunidades a los recursos genéticos en sus tierras, insistiendo simultáneamente en la moratoria sobre nuevos contratos de bioexploración.
Pero las empresas de biotecnología tienen prisa. Desean seguir celebrando y ejecutando convenios de bioexploración porque la competencia por el acceso a estos recursos es muy intensa. Están en juego ganancias multimillonarias detrás de cada genoma y sus posibles aplicaciones comerciales. Ser el primero en patentar secuencias de material genético es fundamental.
El INE tiene ahora la delicada tarea de organizar el proceso de consulta e investigación para ese debate nacional. En este proceso, los pueblos indios y sus representantes ocupan un lugar clave.
Y en tanto los indios luchan por su autonomía como parte del Estado mexicano, el nuevo gobierno elabora planes que chocan con los derechos de las comunidades indígenas sobre los recursos biológicos. Los nuevos planes (como el Plan Puebla-Panamá) llevan la marca de la improvisación y el negocio, la concentración de poder económico, los beneficios multimillonarios para unos cuantos consorcios y el centralismo burocrático.
En esos planes no son las comunidades ni los pueblos los que deciden ni los que manejarán los recursos financieros. Al tiempo que mantiene una política económica que profundiza la marginación y la desigualdad, el gobierno extiende la promesa de siempre: "serán escuchados". La misma promesa se hizo cuando se debatía el TLCAN.
En esos planes, los indios son el obstáculo de siempre. Sólo que ahora están en pie de lucha y tienen una gran lucidez sobre los puntos de conflicto y las batallas que vienen.