Desde hace un año, el hogar de José Luis es el Reclusorio Oriente. Su delito, haber acompañado a su mejor amiga, Angélica, a practicarse un aborto clandestino. Por desgracia, las malas condiciones en que éste se realizó le provocaron una severa hemorragia que finalmente acabó con su vida frente a sus ojos. José Luis y Angélica eran muy buenos amigos, tanto así que cuando ella, de 28 años de edad, supo de su embarazo sólo tuvo confianza para acercarse a él. Estaba sola, desesperada, sin empleo y en un medio donde a las madres solteras se les considera la vergüenza no sólo de la familia, sino de la colonia.

A él le confió que tenía dos meses y medio de embarazo y la situación sentimental por la que atravesaba; él sin enjuiciar a su amiga de años, la escuchó. "Nos conocíamos desde la secundaria, sabía quién era su pareja y también el trato, agresiones y golpes que le daba. Como amigo suyo debía darle mi apoyo incondicional, aunque jamás me imaginé que todo acabaría en esta tragedia", dice hoy durante una de las visitas permitidas los días domingo.

Luego de mucho pensarlo, Angélica finalmente decidió interrumpir su embarazo, porque eran más los contras que los pros. Definitivamente no estaba en condiciones de convertirse en madre soltera. Entre amigos y conocidos comenzó a investigar los sitios dónde practicarse un aborto. En su búsqueda, rápido cayó en la cuenta de que los riesgos de una intervención quirúrgica semejante dependían, debido a su carácter clandestino, de los recursos con los que contara. Su situación económica la llevó a optar por una clínica de Los Reyes la Paz, en la zona de Zaragoza.

Se trataba de un pequeño hospital donde un médico le practicaría un legrado. Debía presentarse en la mañana, acompañada de un familiar o alguien que la ayudara luego de la intervención. El costo sería de 600 pesos.

Aquella mañana, Angélica estaba nerviosa y con un poco de miedo, pero José Luis externaba en todo momento su apoyo. Aparentemente todo era normal, el ingreso fue a la hora señalada y no hubo ningún contratiempo. El médico responsable le explicó en qué consistiría el legrado. Era una intervención sencilla y relativamente segura, aunque con "cierto grado de riesgo", le dijo. Desafortunadamente, ese "cierto" margen de peligro finalmente se impuso. Minutos después de ingresada al consultorio, el doctor Alberto Mena apareció muy preocupado, buscando algún familiar de Angélica. La legra había perforado la matriz y provocado una severa hemorragia. Era urgente trasladar a Angélica a un hospital mejor equipado, pues de no hacerlo se corría el riesgo de muerte. El doctor Mena sugirió llevar a Angélica a una de las clínicas del seguro y decir que se le había encontrado en la calle.

José Luis tomó a su amiga aún con vida, la subió de inmediato a su carro y siguió las instrucciones del doctor. Al llegar al hospital, de inmediato se pidió una camilla, y un médico revisó y tomó el pulso de Angélica, "esta mujer está muerta, no hay nada que hacer", expresó. De inmediato preguntó por la persona que la había llevado y ordenó detenerla. Llamó al personal de vigilancia, quien condujo a José Luis hasta la dirección. Allí llegó personal de la Procuraduría capitalina, mientras José Luis, atónito, no podía reaccionar, su mente se negaba a aceptar lo que había sucedido: su querida amiga Angélica acababa de morir en sus brazos.

El interrogatorio lo sorprendió: ¿conocía a la víctima?, ¿dónde la había encontrado?, ¿por qué la había llevado al hospital? Todas sus respuestas fueron falsas, pero su nerviosismo era evidente. Durante la integración de la averiguación previa se tomó de nueva cuenta declaración a José Luis, quien se retractó de su primera declaración, lo que agravó su situación. Entonces, además del cargo por homicidio doloso, se le agregó el de falsedad de declaración, considerado como delito grave y debido al cual no alcanzó la libertad bajo fianza. Se le consignó como presunto responsable de la muerte de su mejor amiga.

El calvario comenzó entonces. Los días pasaron y se convirtieron en semanas, después en meses y no había respuesta. Por sus familiares supo que al doctor Mena se le detuvo y se le dictó una sentencia de 15 años, apeló y la resolución final fueron 25 años, además de la suspensión de la licencia profesional.

José Luis fue trasladado al Reclusorio Oriente donde todavía espera el inicio del juicio. Ahí conoció de cerca el infierno de vivir encerrado y con verdaderos delincuentes, de dormir en el suelo y hacinado. Tres meses después de ingresar y previo una cuota considerable lo trasladaron a una celda de cristianos donde la vida es mucho menos difícil.

En cuanto se integró la averiguación previa, José Luis presentó un amparo cuya resolución tardó más de diez meses. Sin embargo, fue parcial y su abogado promovió una apelación. Ya pasaron dos meses y aún no hay respuesta. El joven José Luis sigue internado víctima de la burocracia y de la pésima administración de justicia.

La historia protagonizada por Angélica, José Luis y el doctor Mena es sólo una de las miles de historias similares y con finales diversos. Es la historia de las más de 700 mil mujeres mexicanas de todas las edades y condiciones sociales, según cifras oficiales, que cada año deciden, por diversos motivos, interrumpir su embarazo y recurrir a la práctica clandestina del aborto. Muchas de ellas corren la misma trágica suerte de Angélica, otras llegan desangrándose a los hospitales públicos donde les salvan la vida. Las afortunadas, las que contaron con los recursos suficientes para garantizarse un aborto seguro, no corrieron riesgos. Pero todas ellas, lo tuvieran consciente o no, hicieron uso de un derecho legítimo: su derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre sus vidas. El que no se les reconozca aún este derecho es lo que las expone a los riesgos para su salud y para sus vidas. Si ese derecho estuviera reconocido en las leyes del país, otra hubiera sido la suerte de Angélica, pues entonces habría sido atendida en un hospital donde le brindaran un servicio seguro y digno.