¡Acción Urgente!, decía un correo de la red electrónica pidiendo enviar cartas de apoyo a Brasil. La alerta era motivada porque la Organización Mundial de Comercio (OMC) estaba a punto de resolver la petición de Estados Unidos de formar un panel para ventilar la disputa sobre la patentes de los medicamentos contra el sida, los llamados antirretrovirales. El gobierno de Bush, en defensa de los intereses de la industria farmacéutica propietaria de las patentes, está presionando a Brasil para que deje de producir sus propios medicamentos genéricos para tratar el sida, alegando la violación del Tratado Internacional de Propiedad Intelectual (TRIPS). De lograrlo, se afectaría a decenas de miles de brasileños y brasileñas que están tomando las terapias antirretrovirales y, de paso, sentaría un precedente contra otros países, como la India, Tailandia y Argentina, que también los producen o podrían hacerlo. En Sudáfrica, uno de los países más afectados por la pandemia, las seis firmas más poderosas de esa industria, quieren ahora sentar en el banquillo de los acusados al gobierno sudafricano por aprobar leyes que prácticamente liberan las patentes de los medicamentos antisida.

Como se sabe, el costo de los tratamientos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es muy elevado. El precio del llamado "coctel antiviral" (combinación de dos o más medicamentos) alcanza los 7 mil y hasta 10 mil dólares anuales. Precios costeables sólo en los países ricos y desarrollados. El camino que han seguido algunos países pobres o del "tercer mundo", como India y Brasil, para hacer accesibles esos tratamientos a su población afectada por el VIH es el de fabricar su propios antirretrovirales a precios mucho más bajos. La ley de patentes o de propiedad intelectual de esos países así lo permite cuando existe una situación de emergencia de salud pública.

Gracias a esa política, desde 1995 el gobierno brasileño ha logrado atender y dar los medicamentos de manera gratuita a más de 90 mil personas infectadas por el VIH. El éxito de ese programa ha sido tal que le ha permitido ahorrar a ese país 290 millones de dólares en el tratamiento del sida. En cuatro años, se han evitado 146 mil hospitalizaciones; en consecuencia, el número de muertes por sida se ha reducido 50 por ciento. La producción local de los antirretrovirales ha permitido cubrir esa enorme demanda de manera gratuita y universal, y reducir el costo anual por tratamiento de 10 mil a 4 mil dólares.

Pero lo que sin duda irrita más a los monopolios farmacéuticos es el liderazgo mundial que ha adoptado Brasil en el asunto. En la Conferencia Internacional sobre Sida realizada el año pasado en Sudáfrica, la delegación brasileña ofreció a los países pobres afectados por la pandemia del sida la transferencia de su tecnología, para apoyar la producción o importación de antirretrovirales genéricos, en franco desafío a los detentadores de las patentes. Sin embargo, a las grandes compañías farmacéuticas no les preocupa tanto la pérdida de los mercados "tercermundistas", que representan un porcentaje minoritario de sus ventas, como la posibilidad de que se desplomen los elevados precios de sus productos en los mercados de las economías desarrolladas, y esto afecte sus altos márgenes de ganancia. Por ello, ahora intentan por todos los medios detener a Brasil y para ello el gobierno estadounidense recurre a las amenazas de aplicar sanciones comerciales.

De ahí el llamado a la acción "globalifóbica" de las organizaciones civiles de lucha contra el sida a nivel mundial. La organización británica Oxfam acusó a los oligopolios farmacéuticos de llevar a cabo "una guerra no declarada" contra la población afectada por el VIH/sida de los países pobres al negarse a bajar sus precios o renunciar a sus patentes en esos países. Por su parte, las organizaciones brasileñas anunciaron una movilización global para generar un debate público sobre lo que podría tener un impacto negativo en la salud y la vida de millones de personas con VIH/sida. El eje de esta movilización es que las legislaciones de patentes deben proteger de manera prioritaria el derecho a la vida, la salud y la dignidad de las personas por encima de los intereses lucrativos de las compañías transnacionales.