martes Ť 6 Ť febrero Ť 2001
Alberto Aziz Nassif
Una Constitución para el siglo xxi
Este 5 de febrero, 84 años después de que se promulgó la Constitución de 1917, el presidente Vicente Fox anunció una reforma integral a la Carta Magna. Se trata, sin duda, del discurso más importante del actual gobierno, porque contiene un conjunto de propuestas sustantivas que pueden modificar radicalmente la forma del ejercicio del poder. En otras palabras, hay una toma de posición clara de lo que puede ser un nuevo proyecto de país. Con ello, el Presidente establece una vinculación entre sus promesas democráticas y sus facultades constitucionales.
El año pasado, por iniciativa del entonces presidente electo, una numerosa comisión se dedicó a hacer una propuesta integral para una reforma del Estado. Los resultados fueron entregados unos días antes de la toma de posesión, y ahora, con el aniversario 84 de nuestra Constitución, el presidente Fox retoma las propuestas y convoca a un diálogo nacional para lograr los consensos necesarios que desemboquen en una iniciativa de reformas a la Constitución.
El discurso reformador está anclado en los logros más importantes de las anteriores Constituciones; no se trata de partir de cero, sino de retomar el carácter laico del Estado mexicano que nos viene de la Constitución de 1857, así como de los derechos sociales de 1917.
Los principios de soberanía, federalismo, laicidad, división de poderes, educación laica y gratuita serán permanentes. El cambio vendrá por la parte de los principios e instituciones de un régimen democrático. El presupuesto fue formulado como "un cambio de raíz sin arrancar las raíces".
El texto foxista tiene una definición política interesante con la cual se le podrán pedir cuentas a este gobierno: se pretende generar una gobernabilidad democrática y abandonar el populismo y la lógica tecnocrática. En palabras de Fox: se evitará la concentración del poder, se desterrará la impunidad, se distribuirán las competencias del gobierno, y se buscará la justicia social con una redistribución del ingreso.
La iniciativa presidencial viene a oxigenar el clima político que ya había empezado a dar señales de encierro. El gobierno hacía propuestas de cambio en diversas áreas, pero daba la impresión de que otra vez habría decenas de programas, pero no un proyecto global.
Por otra parte, diversos acontecimientos muestran una fuerte polarización: cada tema que entra a la opinión pública se entrampa en discusiones sin fin, como la marcha zapatista, la reforma fiscal, el combate al narcotráfico, etcétera. Estos debates tendrán más sentido y mayor contenido si forman parte de un proyecto general de país y de una reforma del Estado.
El espesor de las reformas cubre una gran agenda nacional: desde las reglas para que el Presidente sea sujeto de juicio político y los secretarios de despacho sean ratificados por el Congreso, hasta el voto de los mexicanos en el extranjero. Están los derechos humanos y la necesaria modificación a las instituciones que los cuidan; las autonomías étnicas, como una de las grandes deudas del país con los grupos indígenas; la transformación de las instituciones electorales, es decir, las reformas pendientes en esta materia; la rendición de cuentas; reglamentar el derecho a la información; el servicio civil de carrera; las figuras de la democracia directa como plebiscito y referéndum; el federalismo y los nuevos equilibrios entre la Federación, los estados y los municipios. Se trata de una reforma integral a la Constitución.
El presidente Fox sabe bien que si no logra impulsar una reforma de esta naturaleza, su gobierno no tendrá las bases firmes para encabezar un nuevo régimen, porque sólo cuando haya nuevas instituciones, que son, como dice Douglass North, las reglas del juego en una sociedad, podrá hablarse de una consolidación democrática.
La polarización política que sufre hoy la sociedad será la principal dificultad para lograr los pactos que exige una reforma del Estado. Sin embargo, las otras opciones para el país no son mejores; quedarnos como estamos, con una Constitución llena de parches, que ha tenido cerca de 420 modificaciones desde 1917, ciertamente ya no corresponde al México del siglo XXI, al país democrático que es necesario construir. Una nueva Constitución será para rehacer los equilibrios económicos que hoy están rotos, para fortalecer la estabilidad política que en la actualidad es sumamente frágil, y para reconstruir la cohesión social que se ha ido fracturando poco a poco. Una reforma integral a la Constitución será el reto más importante de este gobierno, del Congreso de la Unión, de las fuerzas políticas y de los diversos grupos que hacen la pluralidad social del país. A diferencia de otras ocasiones históricas, hoy no venimos de una guerra civil o de una confrontación violenta, sino de las elecciones del 2 de julio del 2000; quizá por eso tenemos mejores condiciones.