Diputados locales del Partido de la Revolución Democrática lamentaron que la negativa del ex procurador Samuel del Villar a la solicitud de Tv Azteca de ocultar que en el cuerpo, ropa y camioneta de Francisco Stanley se encontró cocaína hubiera servido de excusa para que la televisora iniciara una campaña de linchamiento y persecución en contra del ex funcionario. Remarcaron que éste no es un asunto personal, sino de justicia, en el que además se denuncia la intromisión de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.
Por lo que puntualizaron: "estamos obligados a dignificar al sistema judicial, de tal manera que los jueces y magistrados cumplan con su deber libremente y no se dejen presionar por nadie, mucho menos por intereses ajenos al proceso".
Armando Quintero, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, manifestó que si Samuel del Villar hubiera accedido a la petición de Tv Azteca de no decir nada sobre la cocaína que se encontró en el cuerpo, ropa y camioneta de Francisco Stanley, "seguramente esta empresa no hubiera reaccionado con la virulencia como lo hizo, ni iniciado la campaña de linchamiento --que continúa-- en contra del ex procurador".
Remarcó que de haber accedido, Del Villar hubiera no sólo incurrido en un acto ilegal, sino también inmoral.
Interrogado sobre las declaraciones que hiciera el pasado lunes el ex procurador, en las que advierte que en el caso Stanley están "las manos" de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, así como su hermano Raúl Salinas, el coordinador de la bancada perredista en la ALDF señaló que nadie podía pedirle que se quedara callado.
"Fue una persecución, se fueron hasta San Luis Potosí para que Del Villar diera su opinión sobre la resolución del juez, y tuvo que responder además porque existe una campaña en su contra y los intereses ilegítimos que se sienten enfrentados y golpeados por la actuación de un hombre honesto, como lo es el ex procurador, los tiene irritados, y ya andan queriendo levantar un ánimo social en su contra con acciones supuestamente ilegales", amplió Quintero Martínez.
Garantizó que la actuación del actual procurador, Bernardo Bátiz, al igual que la de su antecesor, será el marco de absoluta libertad como lo establece la Constitución. "No recibirá línea, instrucciones o presiones, por lo menos del partido que está en el gobierno", acotó.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el perredista Gilberto Ensástiga, puntualizó que la actuación de Samuel del Villar en el caso Stanley no es un asunto personal, sino de justicia, en el que además se cuestiona la intromisión del anterior presidente en el sistema judicial, por lo "que estamos obligados a dignificarlo, de tal manera que los jueces y magistrados cumplan con su deber libremente y no se dejen presionar por nadie".
Dijo que la fuga de El Chapo Guzmán y el caso Stanley contribuyen a poner en entredicho la actuación del Poder Judicial.
Ensástiga expresó que el PRD no pone en duda la defensa del proyecto del Gobierno del Distrito Federal desde 1997, cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas, a la fecha, "aunque haya quienes señalan que del 97 al 2000 es una cosa y del 2001 en adelante otra", concluyó.
El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Felipe de Jesús Preciado Coronado, dijo que la edecán Paola Durante Ochoa tiene diez días hábiles para regularizar su situación, que en la actualidad es de inmigrante con actividad lucrativa, aunque tiene la ventaja de ser hija de madre uruguaya naturalizada.
Sin embargo, comentó que aun cuando se venza el plazo legal para regularizar su situación, no correspondería la expulsión inmediata, toda vez que existen otros trámites legales que la autoridad debe realizar antes de que procediera una situación extrema.
Preciado dijo que en principio, el expediente de Durante está en orden y sólo será cosa de reanudar el procedimiento en que estaba toda vez que cuando un extranjero es involucrado en un asunto penal, se suspenden todos los trámites migratorios.