Ť Resuelve que gobierno, ayuntamientos y Congreso estatales deben cooperar

Faculta el TEPJF al consejo yucateco que designó para organizar comicios

Ť Publica el tribunal en el Diario Oficial un acuerdo en el que ratifica la legalidad del organismo
 

ALONSO URRUTIA

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó su respaldo al Consejo Estatal Electoral de Yucatán ?insaculado por esa instancia federal?, al publicar ayer en el Diario Oficial un acuerdo en el que otorga todas las facultades legales para la organización de los comicios. Asimismo, le indica que los partidos tienen hasta el 15 de febrero para acreditar a sus representantes y le pide notificar al gobierno estatal, ayuntamientos y Congreso de Yucatán que están obligados a cooperar con la instancia electoral.

El acuerdo también establece que no procede, por ahora, la solicitud de los consejeros designados por el TEPJF para que éste ordene a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores instruir a los bancos a no permitir al Consejo Electoral invalidado por la sentencia el uso de recursos públicos para la organización de los comicios. Sin embargo, precisa que de acreditarse la obstaculización económica o de otra índole ?personal, archivo, inmuebles?, el tribunal hará lo necesario para cumplir la sentencia.

Sin embargo, puntualiza que por el momento la solicitud ante el sistema bancario no procede, porque no existe reporte alguno que refiera que ya se hicieron las gestiones necesarias de acuerdo a las atribuciones del CEE. Pero también advierte que eso no es obstáculo para que en su momento y en aras de "garantizar la plena y debida resolución" en plenitud de jurisdicción, provea lo necesario para reparar la violación constitucional alegada".

El acuerdo advierte que la ejecución de una sentencia "no se satisface simplemente con la remoción de los obstáculos iniciales a la ejecución o la realización de los actos iniciales necesarios, sino que también conlleva la remoción de los obstáculos posteriores o de aquellos que derivan de una desobediencia manifiesta o disimulada por un incumplimiento aparente o defectuoso".

El texto del acuerdo ayer publicado comprende una larga justificación de la legalidad del CEE insaculado y cita las inconsistencias legales del Congreso yucateco en la designación de los consejero. Destaca que el procedimiento parte de un juicio de revisión constitucional, en el cual el TEPJF "tiene no sólo la atribución, sino la obligación de proveer todo lo necesario para reparar la violación constitucional".

Agrega que ante "el persistente incumplimiento de la autoridad responsable" se insaculó a los consejeros, quienes "son ciudadanos yucatecos propuestos por partidos y organizaciones sociales constituídas en Yucatán, que presentaron sus propuestas ante el Congreso estatal".

A partir de ello, el acuerdo puntualiza todas y cada una de las facultades que tiene el CEE insaculado, y que van desde el establecimiento de convenios con instituciones públicos, organización de los comicios, fijar el tope de campaña, resolver sobre convenios de coalición, registro de candidatos, hasta la asignación de las diputaciones de representación proporcional.

De igual forma, justifica la forma como se instaló el CEE y señala que dicha instancia tiene "las facultades legales suficientes para, dentro del ámbito de su competencia, requerir el apoyo y la colaboración de las autoridades estatales y municipales para el desempeño de sus funciones, así como de aquellas autoridades federales obligadas a establecer convenios.

El TEPJF agrega que de todo ello debe notificarse "a ciertas autoridades locales y federales, como lo son el Congreso del estado, el gobernador de Yucatán y el Tribunal Electoral del Estado, así como el Instituto Federal Electoral". Subraya que los partidos tienen 30 días, contados a partir de la instalación del consejo, para acreditar a sus representantes sin necesidad de que sean notificados los partidos.

En el acuerdo también se hace referencia a la solicitud de los consejeros de llevar a cabo las medidas pertinentes para que el CEE tenga a su disposición plena de personal, archivo, información y demás bienes muebles que conforman el patrimonio del Instituto Electoral de Yucatán, así como las gestiones ante la CNBV para que no se permita el manejo de recursos al Consejo Electoral invalidado por la sentencia.

Sobre el particular, el TEPJF dice que dicha solicitud no procede, porque no existe reporte alguno que refiera que ya se hicieron las gestiones necesarias de acuerdo a las atribuciones del CEE. Sin embargo, destaca que eso no es obstáculo para que reparar la violación alegada.

El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, dijo que las elecciones en Yucatán no se encuentran en riesgo, y aseveró que ya existen propuestas para darle una salida política que respete tanto el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la autonomía del estado.

Lo más importante es alcanzar, dentro del marco de la ley un acuerdo que permita darle una legitimidad a los comicios que sea aceptado por las partes. Sostuvo que eso no se encuentra reñido con las acciones que ha instrumentado el TEPJF, toda vez que éstas obedecen al cumplimiento de los plazos legales del proceso.

Creel reiteró que funcionarios de Gobernación han mantenido contacto permanente con las autoridades yucatecas para evaluar las posibles salidas. En la mesa, dijo, ya se hay algunas donde existe compatibilidad legal entre soberanía estatal y determinaciones federales.

?¿Qué significa el hecho de que el Consejo Electoral avalado por el Congreso estatal ya esté ejerciendo recursos? ¿No complica las cosas?.

?Mientras sigamos explorando alternativas legales que den solución real al problema de todo lo demás hay que tomar nota de que sucede, pero no es determinante para el logro de una salida acordada entre las partes.

Denuncia del PRD ante la PGR

Por su parte, el PRD informó que este mediodía presentará ante la PGR la denuncia penal en contra de los diputados priístas y, posteriormente, en reunión del Comité Ejecutivo Nacional analizará el camino para solicitar el juicio político en contra de los legisladores que designaron ilegalmente al Consejo Estatal Electoral.

En conferencia de prensa, el vocero perredista Carlos Navarrete dijo que el caso yucateco ha entrado en un "terreno pantanoso", pero que se continúa con las demandas de carácter penal a fin de que sea el órgano electoral insaculado por el TEPJF el que asuma sus responsabilidades y empiecen a organizar el proceso electoral del mes de mayo, donde se renovarán los poderes locales.

Insistió en que el gobierno de la República tiene la obligación de acudir a todos los instrumentos que tiene el Estado, incluso el uso de la fuerza pública, para apoyar al órgano legalmente constituido por el tribunal. Y, en caso necesario, el PRD entrará en contacto con los consejeros electorales para exhortarlos a que hagan la solicitud correspondiente.

Expresó su deseo de que en breve el IFE haga pública su decisión respecto al uso de la lista nominal de electores y el de la credencial de electores, y se respalde al Consejo Estatal Electoral insaculado por el TEPJF. "Como ven, el proceso yucateco se está dando no con acciones únicas y espectaculares, sino con acciones diarias apegadas a la ley", señaló el vocero perredista. (Alonso Urrutia y José Antonio Román.)