JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Bajos salarios y subempleo impiden ser sujeto de crédito: organismos del ramo


La vivienda, inaccesible para 70% de la población

Ť Proponen funcionarios una política nacional en la materia para abatir el déficit inmobiliario

Laura Gómez Flores Ť Los programas institucionales de vivienda históricamente han sido insuficientes para atender a 70 por ciento de la población mexicana que no cuenta con ninguna posibilidad de adquirir o alquilar casa en el mercado convencional, debido a sus condiciones de empleo en el sector informal, bajos ingresos o edad.

El año pasado, mediante los programas federales se produjeron 198 mil 950 viviendas, de las cuales sólo 7.3 por ciento --14 mil 600-- se destinaron para atender a dicha población, ante la escasez de recursos y una reducción del crédito hipotecario, reconocieron los miembros del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda.

Mencionaron que mientras la Organización de las Naciones Unidas recomienda producir 10 viviendas por cada mil habitantes en países en vías de desarrollo, México aparece con una producción anual de 1.7 unidades, en contraste con Estados Unidos, con nueve; Chile, ocho; Costa Rica, 7.5, y Colombia con seis.

El número de pobres en el país creció en los últimos tres años, de 65 a 70.9 millones, dijo la directora general del Instituto de Vivienda (Invi), Elena Solís, al considerar que su demanda de un lugar dónde vivir, requiere una respuesta urgente, acorde al peso que tienen en la economía nacional.

Al dar lectura al pronunciamiento político de la primera reunión ordinaria del Consejo, la funcionaria aceptó que se mantiene una oferta de menos de la mitad de las necesidades, y debido a los problemas estructurales de la distribución del ingreso en México, se ha orientado a atender a 30 por ciento de la población con ingresos superiores a cuatro veces el salario mínimo.

Mientras, el 70 por ciento restante de la población no cuenta con posibilidades de comprar o rentar una casa, por una caída de sus ingresos en un porcentaje similar, derivada en gran parte del subempleo o la informalidad, lo cual les impide ser sujetos de crédito.

Resaltó que la construcción de casas habitación es un contenedor de presiones sociales y un asunto de seguridad nacional. Por ello, si la vivienda no es realmente prioritaria en los presupuestos públicos, tanto federales como locales, "la declaración expresa de reducir el déficit habitacional será sólo una frase y la gran mayoría de las viviendas continuarán siendo construidas con todas las agravantes de los nuevos asentamientos hechos fuera de las normas técnicas, constructivas y de las políticas de desarrollo urbano", afirmó.

En el documento se establece la necesidad de que el gobierno federal integre los esfuerzos de los sectores público, social y privado para ampliar la cobertura de atención social y mejorar la calidad de la vivienda, preferentemente a favor de las familias con mayores carencias, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

En este sentido, indica, sería necesario revisar a fondo el concepto de legalidad de la vivienda y su papel en el desarrollo económico, dado que la actual normatividad define a la mayor parte de los asentamientos y viviendas populares como "irregulares", pese a ser las únicas alternativas ahora a su alcance.

Calificarlas, sin más, de irregulares es desconocer esa realidad y fomentar la corrupción; pero, también, legitimar su existencia, conlleva el riesgo de institucionalizar la miseria y la explotación de los más débiles, argumentó la funcionaria ante miembros del organismo y legisladores, quienes se comprometieron a apoyar las medidas del sector en la Ley de Egresos para 2001.

Ante esta situación, se propusieron 19 líneas de acción inmediata, como una política nacional de vivienda que comprometa la participación de los organismos federales y estatales en la atención de la demanda habitacional de las familias más pobres del país; y la creación de un organismo rector de las instituciones operadoras de los programas y de la aplicación social de recursos de crédito.