Ojarasca 42  octubre 2000

Castigados por defender los bosques

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro

oja-amsaltando

Las autoridades nos decían que nos redujéramos, en la defensa de los bosques, al ejido

de El Mameyal, pero yo no acepto que se

destruyan los bosques de los otros ejidos,

porque no sólo se destruyen éstos,

sino que acaban con los recursos

de toda la humanidad...

Rodolfo Montiel

En 1995, el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, firmó un convenio de explotación forestal con la importante empresa estadunidense Boise Cascade, cuyo trabajo se había restringido en Estados Unidos y Canadá por el endurecimiento de las leyes ecológicas. La empresa Costa Grande Forest Products, propiedad de Boise Cascade, firmó un contrato con 24 ejidos de la Costa Grande de Guerrero pertenecientes a la Unión de Ejidos "Rubén Figueroa Alcocer" comandados por el cacique priísta Bernardino Bautista Valle. Aunque los bosques de la Costa Grande siempre habían sido explotados, la tala inmoderada de árboles se intensificó escandalosamente a partir de entonces. No se llevó a cabo ninguna reforestación.
   En 1997, los resultados de esta tala inmoderada fueron evidentes. Rodolfo Montiel, quien aprendió sobre ecología a través del señor Alfredo Chávez mientras trabajó con él en Uruapan, comenzó a animar a los otros campesinos de la región a defender sus bosques. Montiel explica: "los antes llamados ríos se convirtieron en pequeños arroyos, y los arroyos ahora son pequeños hilos de agua".
   Los campesinos organizados comenzaron a ser hostigados. El 20 de agosto de 1997, un grupo de soldados rodearon la casa de Montiel y preguntaron por él a sus hijos. En febrero de 1998, los campesinos ecologistas tramitaron su registro como Asociación Civil bajo el nombre de Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán, AC (OCEP) y emprendieron actividades de concientización y contención de la tala inmoderada. Esto último a través de denuncias interpuestas en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en la Secretaría de Medio Ambiente, en Recursos Naturales y Pesca, que se le dirigieron también al gobernador de Guerrero. Solicitaron además 10 mil árboles para reforestación a la 27ª Zona Militar de Guerrero. Ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades, los ecologistas decidieron cerrar los caminos que comunican las respectivas sierras, con el objeto de evitar la transportación de la madera. La medida tuvo resultados. El 22 de febrero de 1998, la Unión de Ejidos "Rubén Figueroa" suspendió temporalmente la explotación forestal y en abril, la Boise Cascade cesó definitivamente sus operaciones en el estado de Guerrero por la afectación en sus intereses económicos.
   La respuesta a lo anterior fue la represión. El cacique Bernardino Bautista solicitó la intervención del Ejército mexicano, denunciando la presencia de un grupo de ecologistas armados, intensificándose así, durante todo 1998, las violaciones a los derechos humanos contra simpatizantes de la OCEP. El 31 de mayo, cerca del Mameyal, municipio de Petatlán, pistoleros de Bernardino Bautista mataron a Aniceto Martínez, a quien confundieron con Celso Figueroa, fundador de la OCEP. El 2 de julio, en El Jilguero, un militar del grupo que acompaña a Bautista asesinó a Elena Barajas. Según testimonios de la comunidad, el día 10 de julio, Bernardino Bautista asesinó al joven ecologista Romualdo Gómez García. El 11 de julio, el comisario de la comunidad Banco Nuevo, Jesús Cervantes Luviano, fue torturado por miembros del Ejército, quienes llegaron a esa comunidad a petición de Bernardino Bautista. Los soldados lo amenazaron de muerte y le mostraron una lista con los nombres de varios ecologistas, incluido el de Montiel. El 20 de julio, al llegar Rodolfo Montiel a su domicilio, se encontró con un grupo de militares que habían allanado su casa, donde permanecieron varios días y amenazaron con regresar si denunciaba estos hechos.
   La amenaza fue cumplida el 2 de mayo de 1999. Ese día, elementos del 40º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano irrumpieron a tiros en la comunidad de Pizotla. Asesinaron a Salomé Sánchez Ortiz y detuvieron ilegalmente a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Los mantuvieron bajo su custodia por cinco días, tiempo en el que fueron torturados, amenazados con armas y obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias de delitos contra la salud y posesión de armas. Cuando los ecologistas ratificaron sus confesiones ante el juez local, lo hicieron en presencia de militares. Nunca conocieron a los supuestos abogados que estuvieron presentes en estas declaraciones. Posteriormente fueron turnados al fuero federal.
   El 26 de agosto de 1999, la defensa, integrada por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, interrogó a los militares que aprehendieron y torturaron a los ecologistas, quienes aceptaron la retención ilegal por cuatro días, el traslado al 40ª Batallón de Infantería, cayendo además en contradicciones.
   La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció la tortura a que fueron sometidos los ecologistas en su recomendación 8/2000; que las evidencias contra ellos fueron sembradas, ya que las armas que se les imputan fueron localizadas por los militares por hallazgo, y no como consecuencia de haberlos sometido; que la versión aportada por los militares sobre el plantío de marihuana era inverosímil, ya que el Ministerio Público nunca dio fe de su existencia y los militares nunca pudieron determinar su ubicación.
   Las confesiones obtenidas bajo tortura fueron la única prueba sobre la cual, el Juez Quinto de Distrito condenó, el pasado 28 de agosto, a Teodoro Cabrera García a 10 años de prisión, por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, y a Rodolfo Montiel Flores a 6 años 8 meses de prisión, por los delitos de siembra de marihuana, portación de arma sin licencia y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Su proceso se encuentra en apelación. Pasarán varios meses antes de que se resuelva, mismos que se sumarán al año y 5 meses que injustamente han pasado en prisión.
   A pesar de la falta de pruebas y de las recomendaciones, no obstante que Montiel recibó el premio Goldman --el más importante reconocimiento mundial en el campo de la defensa del medio ambiente--, por encima de una campaña de denuncia y presión, que ha involucrado a organizaciones como Amnistía Internacional y el Sierra Club, Montiel y Cabrera siguen presos.
   Encarcelados por su exitosa campaña para frenar la tala inmoderada en los bosques de Guerrero son prisioneros de conciencia. Su sentencia condenatoria es un mensaje directo a otros ecologistas de base: si continúan oponiéndose a la tala --y a los intereses económicos detrás de ella-- serán enviados a prisión.
 
 

Caído del cielo. Foto: Malick Sidibié

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