"Quiero ser absolutamente claro en eso: en México
no hay intocables", sentenció Ernesto Zedillo en su primera
conferencia de prensa como presidente de la República.
Al amanecer de su gobierno, con políticos enredados en asuntos judiciales y un creciente reclamo para enjuiciar a su antecesor, el primer mandatario había prometido "hablar con la verdad", y combatir a fondo a la impunidad.
Cero intocables fue la primera frase que aportó al diccionario de su sexenio. Y después la realidad se impuso: llegaron más palabras, como narcolimosnas, narcoestado, Mochaorejas, Paca, Divino, Tabascogate, Fobaproa, Aguas Blancas, EPR, El Chueco o El Hermano Incómodo.
Todas se integraron al libro que se escribió en los últimos seis años, y que cuentan, cada una, un pedacito de la historia de inseguridad pública en el sexenio.
El tomo se entregará, junto con el resto de la biblioteca sexenal, al presidente electo Vicente Fox Quesada.
Será su herencia incómoda.
* * *
Los colaboradores del guanajuatense lo reconocen: el reclamo más socorrido durante la campaña electoral fue el de poner fin a la inseguridad pública.
Casi un mes después de los comicios, el equipo de transición lanzó su respuesta en la forma de un programa con tres ejes básicos, a cuyo alrededor flotan una serie de modificaciones legales y acciones políticas que son el centro del debate.
Así, el programa de Fox considera la creación de la Secretaría de Seguridad y Servicios a la Justicia; transformar a la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la Federación (con una Agencia Nacional de Investigación, similar a la FBI, que sustituiría a la Policía Judicial Federal); y concentrar en el Poder Judicial todos los tribunales y órganos que impartan justicia y que actualmente están en manos del Ejecutivo.
Dos semanas después de su presentación, el proyecto sigue siendo causa de polémica, contradicciones y dudas, particularmente sobre la forma como se pretende sacarlo adelante y cumplir el objetivo: acabar con la impunidad y la delincuencia.
Y es que, por ejemplo, para decidirse a reconocer que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional, los colaboradores de Fox tardaron dos semanas.
*La raíz del miedo
Antes de aceptar un moño blanco que se volvió emblema inesperado de su Cruzada Nacional Contra la Delincuencia, el presidente Ernesto Zedillo reconoció la gravedad del problema.
El país, dijo ante gobernadores, integrantes de su gabinete, militares y periodistas, vive una grave "crisis de seguridad pública", cuya solución se convertiría, desde ese momento, en prioridad para su gobierno.
Y para empezar, se aumentó el presupuesto, se creó un cuerpo elite de seguridad, la Policía Federal Preventiva (PFP), y se estableció el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). La PFP tuvo su actuación más brillante en la toma de la UNAM. Ahí murió como proyecto contra la delincuencia, dicen muchos.
Todos los estados del país firmaron convenios con
la Secretaría de Gobernación para recibir recursos, y se
establecieron complejos sistemas de archivo de datos para concentrar
la información de policías en activo y bandas
criminales.
En materia del narcotráfico se puso en marcha la operación sellamiento, para impedir el ingreso de droga por la frontera sur, y se ordenó la captura del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, por su presunta colaboración con el cártel de Juárez.
Vamos, hasta los secuestradores más buscados en esos días cayeron a Almoloya: Daniel Arizmendi, El Mochaorejas; los hermanos Calettri, y Alonso Avila Palafox, El Loncho.
Y sin embargo, dos años y 9 mil millones de pesos después, las cifras oficiales dicen que el problema no se ha resuelto.
Es más, de acuerdo con el senador Francisco Molina Ruiz, uno de los dos coordinadores del proyecto de seguridad y justicia del equipo de transición, la inversión histórica y la estrategia anti delincuencia de este sexenio sirvieron para que el índice de criminalidad se redujera... en 4%.
Los datos son claros.
De acuerdo con el SNSP, cada año se denuncian en el país alrededor de un millón 400 mil delitos, de los que en 13% de los casos se detiene y procesa al presunto responsable.
De cada 100 detenidos por cometer delitos, sólo 10 son sentenciados. En las prisiones del país existen 125 mil presos, lo que significa que la capacidad de las cárceles está rebasada en 34 mil internos. El crecimiento en el número de presuntos delincuentes es de 14% al año, siete veces más rápido que el aumento anual de la población. El 65% de las órdenes de aprehensión que se han librado están pendientes.
Lo paradójico es que el número de policías también aumentó en el sexenio. Un estudio del investigador Ernesto López Portillo Vargas señala que, por ejemplo, hasta 1997 el ritmo de crecimiento fue de 7.7% anual, cantidad que aumentó con el nacimiento de la PFP.
Actualmente se calcula en 315 mil elementos la fuerza policiaca del país, entre agentes judiciales (federales y de cada estado), policías municipales, estatales y los integrantes de la PFP.
Esto significa que en México existen 6.6 veces más elementos que la media internacional, pero su nivel de eficiencia es diametralmente opuesto. "Un policía de cualquier ciudad como Nueva York, Londres, Roma o Madrid -dice el investigador- hace el trabajo de 55 de los nuestros".
Y un elemento adicional: en los registros del SNSP sólo se cuenta con los datos actualizados de 128 mil 134 elementos.
López Portillo Vargas revela que, de acuerdo con datos del SNSP, del total de policías en activo, 55.6% tiene una escolaridad baja, pues se encuentran en el rango de "sin instrucción, primaria incompleta o completa". Sólo 0.19% terminó la preparatoria.
En promedio los cursos de capacitación policial duran 4.5 meses (el promedio en Europa es de 21 meses), y de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, 80% de los institutos que los imparten tienen programas obsoletos.
En 87 municipios se concentra 68.7% del total de elementos en activo.
La mayoría se encuentra en el Distrito Federal, con aproximadamente 100 mil policías: la tercera parte de los que existen en todo el país.
Con toda esa fuerza pública, sin embargo, existen casos no resueltos, y presuntos delincuentes que permanecen prófugos.
Así, en la herencia se contabilizan también el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, los hermanos Arellano Félix, Vicente Carrillo Fuentes (líder del cártel de Juárez), y el reclamo de la semana pasada de la organización México Unido contra la Delincuencia para que se frenen los secuestros.
En otras asignaturas también hay saldos.
Para el combate al narcotráfico, la PGR destinó este año 4 mil 267 millones de pesos, un incremento de 167% con respecto a 1999.
Pero de enero a mayo, según el Libro Blanco Sobre Narcotráfico de la dependencia, se decomisaron ocho toneladas de cocaína, 815 de mariguana, 98 de goma de opio y 195 de metanfetaminas, además de que se logró la captura de 4 mil 217 personas involucradas con el tráfico de drogas.
Por si fuera poco, el asunto del respeto a los derechos humanos causa serios dolores de cabeza al gobierno federal. El año pasado Amnistía Internacional dio a conocer el informe México, la sombra de la impunidad, en el que se establece que la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones y las detenciones arbitrarias son prácticas "ampliamente extendidas", en particular durante las operaciones de combate a la delincuencia.
Blanco favorito son, advierte el informe 1998 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, las organizaciones sociales.
Tal vez por eso la credibilidad de las corporaciones policiacas está por los suelos.
López Portillo Vargas cita un estudio que realizó la Fundación Rafael Preciado (que colaboró en la redacción del proyecto foxista de seguridad) respecto a la policía de la ciudad de México, y en el que se establece que 70% de los capitalinos considera a la policía "como incapaz para resolver los problemas de la inseguridad y que está asociada a la delincuencia".
Según el estudio, a los capitalinos les preocupa
más la policía que los delincuentes.
Advierte López Portillo: "es razonable formular una hipótesis: probablemente la policía, por sí misma, está generando inseguridad".
A lo largo de su sexenio, el presidente Ernesto Zedillo reconoció una y otra vez la gravedad de la situación en materia de inseguridad, en una suerte de aceptación tácita del fracaso. ƑQué va a informar en su último informe dentro de dos semanas?
*La vida en azul
La propuesta de seguridad y justicia del equipo de transición foxista implica, ante todo, una gradual desmilitarización de las corporaciones policiacas del país.
Pero el asunto es complejo.
"No se puede desmilitarizar por decreto", advierte Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM. "Tiene que hacerse por compensación: desmilitarizas aquellas partes donde las estructuras civiles ya lo están haciendo bien".
Y añade: "Lo que tienes que hacer es acelerar la construcción de un aparato alternativo, y en la medida en que empiece a ser eficaz, sacas al Ejército".
El tiempo que tardaría en completarse ese proceso se desconoce. Lo único claro es la magnitud de la tarea, pues los militares están presentes en prácticamente todas las corporaciones policiacas del país.
Un ejemplo. Tan sólo en el combate al narcotráfico participan cada mes -según cifras de la PGR- alrededor de 20 mil efectivos militares, que tendrían que suplirse por elementos civiles.
La presencia de soldados no es gratuita. "El narco es una estructura trasnacional, y hay que interceptar barcos o aviones, y eso sólo lo puede hacer el Ejército. Esa es la parte que sería más difícil de ser sustituida porque nadie le va a dar a la PGR el equipo militar para cumplir con estas tareas".
-ƑY por qué no?
-ƑTú pondrías en manos de un judicial federal un avión de combate?
Tal vez por estas dudas es que la semana pasada los coordinadores del proyecto de seguridad foxista accedieron a mantener al Ejército en el combate al narcotráfico.
La decisión se tomó tras la reunión que el pasado martes sostuvieron con el zar antidrogas, Barry McCaffrey, los coordinadores del proyecto de seguridad, José Luis Reyes Vázquez y Francisco Molina.
"El Ejército Mexicano seguirá contribuyendo
en la lucha contra las drogas, porque ha sido extraordinaria su
participación", dijo Reyes Vázquez.
Siempre sí, pues.
Ciertamente, la decisión tiene otras implicaciones.
Eric Olsen, experto en seguridad de la Washington Office on Latin American (una ONG que sirve como puente entre la Casa Blanca y los países latinoamericanos), reconoce que el próximo gobierno de Vicente Fox cuenta con el "beneficio de la duda" del Congreso estadunidense, aunque no lo suficiente como para cancelar, por ahora, el proceso de certificación de la lucha antidrogas.
"En Estados Unidos son realistas y entienden que los problemas de corrupción que México ha tenido por el narco son muy severos, y no creo que vayan a caer en el error de pensar que el gobierno de Fox los va a solucionar en dos años o en forma rápida", apunta Olsen.
"Pero también creo que, por el otro lado, hay grandes expectativas de que sí haya reformas serias; creo que es una demanda constante de Estados Unidos que se ataque la corrupción, las ineficiencias del sistema judicial y la inseguridad pública".
Confiesa: "Hubiera sido lo mismo si gana Labastida y mantiene la misma actitud del gobierno de (Ernesto) Zedillo, pero la verdad es que con Fox hay un poco de más confianza".
Y sentencia: "Espero que no caiga en el mismo error del gobierno estadunidense, de ver todo esto (el narcotráfico) como un problema de simple criminalidad".
*Lo contrario de lo contrario
Hace un año, Vicente Fox advirtió en tono severo que, de ganar los comicios del 2000, disolvería a la Policía Federal Preventiva.
El comentario no fue aislado. Por esos días, la fracción blanquiazul en el Senado de la República sostenía que la PFP era un cuerpo anticonstitucional.
Uno de sus críticos más acérrimos era el senador Francisco Molina Ruiz, quien llegó a definir a la corporación como "una amenaza para la neutralidad política que deben tener los partidos con miras a las elecciones del año 2000".
No fue este el único conflicto de seguridad que señalaron los panistas.
Apenas el 1o. de marzo pasado el mismo senador Molina calificó a la política antidrogas de Estados Unidos como "una simulación", que se maneja "de una manera estrictamente discrecional, que inventa día a día fórmulas con el propósito de seguir interviniendo en los países que adolecen a su interior el problema".
Y fue más allá.
La certificación del Congreso estadunidense a los países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico "es una parte de la película", dijo Molina, porque la otra, "que nadie dice, es que por esa certificación México acepta una serie de recursos como aviones chatarra, esas porquerías que dan los norteamericanos que no están adaptados ni aplicados a nosotros".
Cosas de la vida.
Hoy, cuando Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales, la PFP no desaparecerá, sino que se convertirá -según se apunta en su proyecto de seguridad y justicia- en una de las corporaciones centrales de su gobierno para combatir a la delincuencia.
Hoy, cuando Francisco Molina es uno de los coordinadores del plan foxista de seguridad, la cooperación antidrogas con el gobierno estadunidense se intensificará, porque según el senador chihuahuense "existe una química muy positiva en cuanto a las estrategias" que siguen ambos países.
Las aparentes contradicciones serían irrelevantes si no fuera por un detalle: el tamaño del reto al que se enfrentará el gobierno de Vicente Fox, y que no permite titubeos.
Raúl Benítez Manaut dice que la propuesta foxista es "arriesgada", porque su punto de inicio es un sistema descompuesto.
Y advierte: el riesgo principal es la violencia que puede generarse con el rompimiento "de las redes de narcocorrupción y la narcopolítica", y que deben enfrentarse, completa el ex procurador Sergio García Ramírez, "con energía, decisión, rectitud, experiencia y tiempo".
La pregunta, pues, se repite: Ƒcon quienes se hará frente a la tormenta que se avecina?
"Vamos a revisar, no todos pueden estar mal", dice Reyes Vázquez, uno de los coordinadores del equipo de justicia de Fox.
"Se puede", señaló, orgulloso, Francisco Molina. "En estos días ya hemos encontrado a 232 agentes judiciales, con carrera terminada, que están cuidando puertas" en las oficinas.
Un hallazgo importante, sin duda. Pero escaso comparado con las cifras de la realidad: tan sólo en la PGR, de 1996 a la fecha se ha sancionado a 3 mil elementos de la corporación por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas.
"Lo difícil es cambiar la mentalidad a los policías -explica Benítez Manaut-, erradicar la corrupción y evitar que sean permeables al crimen organizado. El problema es conseguirlo. Todos los procuradores de los últimos 20 años lo han intentado, sin éxito".
Uno de ellos fue, por cierto, el panista Antonio Lozano Gracia, quien en 1996 ordenó el despido de 737 agentes judiciales, la mayoría de los cuales consiguió, al poco tiempo, su reinstalación.
Por eso la tentación de tomar decisiones drásticas, al menos en la PGR. "Destruir a la institución que no sirve, sacar a todos los judiciales federales y ponerlos en el catálogo de criminales en potencia", propone Benítez.
ƑY mientras?
"Está la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde se forman los mandos de la Federal Preventiva", añade el investigador.
En otras palabras, el Ejército.
* * *
Las herramientas y los ajustes que propone el equipo del nuevo gobierno no son los mejores, juzgan los críticos. En los diarios se han multiplicado las voces que señalan errores en la propuesta foxista, que apuntan que las reformas propuestas pondrán de fiesta a los narcotraficantes y alimentarán la corrupción policiaca.
Con esas armas, a partir del 1o. de diciembre, Vicente Fox se lanzará a lo que él mismo definía como una de sus principales ofertas de gobierno: "La madre de todas las batallas en contra de la corrupción, de la deshonestidad, del narcotráfico, del crimen político".*
EL DEBATE
Una de las primeras acciones de Jorge Madrazo Cuéllar cuando sustituyó en la PGR al panista Antonio Lozano Gracia fue convocar a un equipo de abogados para discutir alternativas legales que permitieran mejorar la impartición de justicia y limpiar a la dependencia.
De ese grupo, recuerda Santiago Corcuera Cabezut, coordinador de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, surgieron las propuestas de crear una Secretaría de Justicia e independizar a la PGR.
-ƑQué pasó, por qué no se hicieron efectivas?
-Porque Madrazo hizo lo que le dio la gana, así de sencillo.
La anécdota sirve para ilustrar que, en realidad, la propuesta del equipo foxista no es nueva, ni tampoco el debate que le acompaña.
(El ex procurador Sergio García Ramírez recuerda que en México existió, durante el siglo pasado, una Secretaría de Justicia, abolida por el Congreso Constituyente de 1917).
De hecho, el planteamiento foxista revive un debate añejo sobre el modelo de sistema penal que se aplique en México: acusatorio o inquisitorio, como el que ahora está vigente.
En este último, explica Corcuera Cabezut, el Ministerio Público tiene un peso relevante para el proceso judicial, pues además de investigar las denuncias que se le formulen, tiene el poder de aportar elementos que prueben la existencia de un delito, efectuar interrogatorios y mantener en custodia, hasta por 144 horas, a quienes considere presuntos responsables.
En este sistema, el papel del juez durante la primera parte del proceso -la más importante- se limita al obsequio de las órdenes de aprehensión.
"Es un amanuense del Ministerio Público", dice Miguel Sarre, director del Centro de Estudios de Derecho Público del ITAM, e integrante del equipo que redactó la propuesta de seguridad de Fox.
"De un modelo así surgen los jueces de consigna, las torturas y las cárceles llenas -añade Corcuera Cabezut-. Lo peor es que los detenidos son juzgados dos veces: ante el Ministerio Público y cuando se inicia el proceso ante el juez".
Esta situación cambiaría con el sistema acusatorio que se pretende aplicar. De entrada, explica Sarre, el Ministerio Público estaría obligado a presentar de inmediato a los detenidos frente al juez, ante quien se desarrollaría todo el proceso.
"Ya no tendrían que leer los expedientes, porque tendrían la oportunidad de convencerse por ellos mismos de la responsabilidad de los inculpados -dice-. En otras palabras, la moneda estaría en el aire, los juicios serían más imparciales".
Las repercusiones de un modelo judicial de esta naturaleza serían en cadena. De acuerdo con Sarre y Corcuera, la prisión preventiva que se aplica actualmente (causa de la sobrepoblación en las cárceles) se eliminaría al máximo, además de que tendría que cambiarse el concepto que se tiene de los internos.
"Ya no serían enfermos en proceso de readaptación, como ahora, sino que serían tratados como personas que cumplen su sentencia".
De esta manera, el control de los internos recaería en los jueces, quienes serían los únicos con capacidad para determinar cuándo y cómo se cumplen las sentencias.
Aterrizar el proyecto de Fox implica modificar alrededor de 18 leyes, entre ellas la de Delincuencia Organizada.
Quizá la repercusión más importante de este modelo es que tendrían que reducirse las sanciones previstas en el Código Penal.
"Un sistema acusatorio es más eficiente, y por lo mismo la impunidad baja", explica Sarre. "También cambia la clasificación de algunos delitos, como el término ese de la peligrosidad social. Esa es una palabra que no debe existir en la boca de un demócrata".
LA INSEGURIDAD DE LA SEGURIDAD NACIONAL
La polémica empezó con una entrevista banquetera.
Según contó el senador Francisco Molina, los reporteros de la fuente del Senado le preguntaron, días después del 2 de julio, cuál sería la estrategia de seguridad del próximo gobierno.
En esa ocasión, al senador se le ocurrió decir que el narcotráfico es, en México, fundamentalmente un problema de seguridad pública.
Ante el alud de críticas que se desencadenó, el chihuahuense aclaró sus palabras. "Se quiere ver al narcotráfico como un problema igual en todas partes, y no es así, tiene distintas génesis", explicó.
Así, para Colombia el tráfico de drogas "es un problema de seguridad nacional, porque los cárteles se aliaron con fuerzas guerrilleras para controlar territorios". En Estados Unidos, "es un problema de salud", y en México "el principal conflicto es la violencia que genera" esta actividad.
Como quiera que sea, apenas esta semana los colaboradores del presidente electo se animaron a reconocer el tráfico de drogas como un asunto de seguridad nacional.
Pero más allá de esta definición, lo que queda claro es que el equipo de Fox no define aún cuál será la estrategia de seguridad nacional, un problema nada menor si se toma en cuenta la tendencia de los últimos 18 años.
En una ponencia presentada en Miami ante la Asociación de Estudios Latinoamericanos, el investigador José Luis Piñeyro, de la Universidad Autónoma Metropolitana, advierte que desde el gobierno de Miguel de la Madrid este concepto se limita únicamente a las acciones de gobierno, sin tomar en cuenta los riesgos que pueda sufrir el resto de la población.
La tendencia se agudizó en el sexenio de Carlos Salinas, quien incluyó sus proyectos económicos -como el Tratado de Libre Comercio (TLC)- dentro de la estrategia de seguridad nacional.
La consecuencia apareció el 1o. de enero de 1994.
"Antes, durante y después de la corta guerra en Chiapas, el gobierno salinista identificó su seguridad, la de su proyecto y la continuidad del mismo con la seguridad de la nación al ocultar, primero (para no frenar la firma y ratificación estadunidense del TLC), y subestimar después, la existencia de la guerrilla chiapaneca", dice el investigador.
Durante el actual gobierno no hubo cambios en cuanto a la estrategia, e incluso "ha mostrado una serie de claudicaciones vergonzantes, como son la aceptación pasiva o complaciente del inhumano trato a los migrantes mexicanos, la interferencia en el combate al narcotráfico, el abierto o disfrazado proteccionismo comercial, la descarga fronteriza de desechos tóxicos (y) la venta y donación de equipo militar chatarra", entre otras.
ƑSe modificará la tendencia en la próxima administración?
No se sabe.
En el programa de gobierno que presentó en campaña, Vicente Fox se refiere únicamente a la seguridad pública y ofrece algunas de las modificaciones legales que se plantearon hace unos días, y el senador Francisco Molina entiende el concepto como el contrarrestar cualquier amenaza a las estructuras que integran el Estado: pueblo, territorio y gobierno.
Es todo.