íctima de los nuevos tiempos, Oscar Espinosa Villarreal es, quizá, el primer funcionario de alto nivel en la historia reciente del país que se ve involucrado en delitos patrimoniales... Y del que no se sabe cuál será su suerte.
DOMINGO 23 DE JULIO DE 2000
ƑLas brujas pueden irse en paz?
El
caso Espinosa
y el triunfo panista
Alberto NAJAR
Primer integrante de un gabinete presidencial a quien se acusa de peculado en los últimos 12 años, Oscar Espinosa Villarreal vela armas a la espera de que se decida su suerte. El gobierno perredista del Distrito Federal, que le fincó la acusación, está listo para aprehenderlo en cuanto el juez lo autorice. ƑCuál será la actitud del gobierno que encabezará Vicente Fox desde el 1o. de diciembre? Aunque el virtual presidente electo dice que la lucha contra la corrupción será su "madre de todas las batallas", la actitud que han asumido los gobiernos estatales panistas apunta en dirección contraria
V
íctima de los nuevos tiempos, Oscar Espinosa Villarreal es, quizá, el primer funcionario de alto nivel en la historia reciente del país que se ve involucrado en delitos patrimoniales... Y del que no se sabe cuál será su suerte.
A diferencia de los ajustes de cuentas que sexenio tras sexenio se presentan en la cúpula del sistema priísta, al secretario de Turismo lo rodean circunstancias inéditas.
La acusación por peculado de 420 millones la formuló en su contra un gobierno emanado del PRD.
Y a partir del 1o. de diciembre la Presidencia de la República estará en manos de otro miembro de la oposición, el panista Vicente Fox Quesada.
Por si fuera poco, en su caso se enredaron los hilos de la derrota priísta del 2 de julio. Como secretario de Estado, el funcionario todavía tiene fuero, pero a sus compañeros de partido no les interesa defenderlo. Es más, le recomiendan que renuncie y enfrente el proceso penal.
Pero Espinosa Villarreal no se va. Ni lo desafueran. Ni lo juzgan.
Vive en el limbo político.
* * *
Hace cuatro meses, cuando el procurador capitalino Samuel del Villar hizo pública la denuncia por peculado, la primera reacción provino de la Presidencia de la República.
"Sería muy lamentable que el asunto no obedeciera a razones estrictamente jurídicas, sino a motivaciones político-electorales", dijo en un comunicado, reforzado después con un discurso del presidente Ernesto Zedillo.
"La gente ya no se deja engañar por desplantes demagógicos", advirtió desde Los Pinos, al salir a defender a quien fuera responsable de las finanzas de su campaña.
Oscar Espinosa se dijo víctima de una conspiración con fines electorales. El PRI, airado, lo secundó.
Pero la defensa duró poco.
El 25 de abril, el candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa se pronunció por eliminar la figura del fuero constitucional, "para que los funcionarios federales sean juzgados sin inmunidad".
La suerte del secretario de Turismo parecía echada. A partir de ese momento, la única defensa fue la suya. No le ha ido muy bien.
La sección instructora de la Cámara de Diputados determinó que la petición de desafuero es procedente. Espinosa solicitó un amparo contra la resolución. Y el miércoles pasado se lo negaron.
* * *
Si con una victoria electoral del PRI la situación del secretario de Turismo parecía complicada, con el gobierno de Vicente Fox se antoja imposible que salga adelante.
El candidato ganador define la lucha contra la corrupción como "la madre de todas las batallas", y advierte que lo único que desaparecerá con su gobierno será la impunidad. "México no será un paraíso de corruptos".
Hay, sin embargo, dudas del alcance que, en el caso Espinosa, tendrán estas palabras.
Y es que se trata de una batalla que inició el PRD en el actual gobierno capitalino, y que el virtual jefe de gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador, va a sostener. Incluso anunció que ratificará al procurador Del Villar, aunque éste no responde aún si va a aceptar la invitación ni está claro si el nuevo presidente lo ratificaría.
"Espinosa tiene la caja negra de la corrupción de (Carlos) Salinas y de (Ernesto) Zedillo", repite el tabasqueño.
El problema es que las relaciones del perredista con Fox son nulas, e incluso el panista reconoce que no ha podido entablar contacto con López Obrador.
ƑAfectará este desencuentro el curso del proceso contra el secretario de Turismo?
Lo único claro es que, de acuerdo con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, corresponde a Vicente Fox la ratificación del procurador capitalino.
Pero el problema no termina aquí, porque hasta ahora, la experiencia de nueve años de gobiernos panistas demuestran que el combate a la corrupción de administraciones anteriores es una asignatura donde no obtienen buenas calificaciones.
Y eso incluye a Vicente Fox.
*Ahí muere
En 1989, al asumir la gubernatura de Baja California -la primera conquistada por un partido de oposición en la historia moderna del país-, Ernesto Ruffo Appel se encontró con que hacían falta 100 mil millones de viejos pesos del presupuesto estatal.
Al investigar se descubrió que parte de ese dinero se utilizó para financiar la campaña de la candidata perdedora, la priísta Margarita Ortega Villa, además de que, durante la administración de Oscar Baylón Chacón, se remataron a precios bajísimos terrenos y propiedades del gobierno estatal en favor de personas cercanas al ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera.
No fue todo: al revisar los archivos del gobierno estatal, los panistas descubrieron que la documentación contable de cinco años con once meses se había incinerado.
Años después, Ruffo confesó -y así fue publicado- que afrontó esta situación "con ánimo propositivo", y tras fracasar en su intento por enjuiciar a los presuntos responsables de las irregularidades, decidió dejar todo por la paz.
Los cien mil millones de viejos pesos nunca se recuperaron.
Una decisión similar adoptó Francisco Barrio Terrazas, gobernador de Chihuahua de 1992 a 1998.
Al tomar posesión Barrio advirtió que el propósito de su gobierno no era "hacer una persecución ni una cacería de ex funcionarios priístas"... Y cumplió.
Durante el primer año de gobierno Barrio Terrazas ordenó una revisión discreta, objetiva y prudente de las cuentas públicas heredadas de la administración de Fernando Baeza, que derivaron en la consignación de 20 ex presidentes municipales acusados de peculado.
También se detectó un desvío de 23 millones de nuevos pesos que se cargó a la cuenta de la nueva administración, y por el cual la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua inició una averiguación previa que apuntaba al ex gobernador Baeza y sus colaboradores.
La pesquisa no progresó. El 21 de septiembre de 1993, Fernando Baeza inició una marcha "por la dignidad" para limpiar su nombre, e incluso retó al nuevo gobierno a que lo metiera a la cárcel, "a ver qué hacen conmigo".
Un mes después, la averiguación fue archivada. Y el gobierno de Barrio pagó esos 23 millones de nuevos pesos. (En la pasada contienda electoral, Baeza coqueteó con el PAN y con el PRD, pues buscaba abandonar las filas priístas.)
Otro gobierno panista que se topó con pared al pretender castigar irregularidades de administraciones priístas es el de Jalisco, que durante dos años emprendió una batalla legal infructuosa en contra de los ex gobernadores Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves.
Al primero, en julio de 1996, el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez lo acusó de vender ilegalmente un terreno estatal en Lagos de Moreno, en el cual se construyó un hotel de lujo.
Sin embargo, la procuraduría jamás pudo obtener la orden de aprehensión contra el funcionario, porque el Tribunal Superior de Justicia consideró que no había elementos para consignarlo.
En respuesta, los diputados panistas trataron, sin éxito, de instaurar un juicio político contra los tres magistrados que exoneraron al ex gobernador, Gregorio Rodríguez Gutiérrez, Manuel Higinio Ramiro Ramos y Esteban de la Asunción Robles Chávez. Al final, los jueces obtuvieron la protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, los panistas jaliscienses no se dieron por vencidos, y un año más tarde el gobierno estatal presentó una nueva querella en contra de Cosío Vidaurri, en la que se involucró a su sucesor, Carlos Rivera Aceves.
Esta vez, los ex mandatarios fueron acusados de desviar 64 millones de pesos destinados a programas de asistencia social, y que aparentemente fueron a parar a organizaciones del PRI.
El Ministerio Público solicitó siete órdenes de aprehensión, pero sólo tres fueron libradas, ninguna de ellas contra los ex gobernadores.
Algo parecido sucedió en Nuevo León, donde el año pasado se detectó un desvío de 173 millones de pesos a cargo del ex tesorero estatal, Xavier Doria González, quien invirtió el dinero en una cuenta bancaria a nombre de una empleada doméstica.
Detenido y sujeto a proceso, el ex funcionario ofreció al gobierno panista devolver el dinero que había desviado, a cambio de que se redujera la sanción penal que le correspondería.
El gobierno estatal aceptó el trato, con el argumento de que lo más importante era resarcir el daño al patrimonio. La semana pasada, Xavier Doria recuperó su libertad.
Sin embargo, quizá el ejemplo más claro del método que seguiría el gobierno de Vicente Fox contra la corrupción se presentó, paradójicamente, en Guanajuato.
Hace ocho años, después de que tras una concertacesión se colocó a Carlos Medina Plascencia en la gubernatura, se detectó un desvío de 50 mil millones de pesos viejos del presupuesto estatal hacia la campaña del priísta Ramón Aguirre Velázquez.
De acuerdo con testimonios periodísticos, el dinero se depositaba en una sucursal bancaria de la ciudad de México a nombre de la representación guanajuatense en la capital, y casi de inmediato era girado a las cuentas del PRI Guanajuato.
Según Fermín Salcedo Courtade, en ese entonces representante del gobierno panista en el Distrito Federal, al enterarse del asunto la cúpula panista -a través del presidente del partido, Luis H. Alvarez, y de Diego Fernández de Cevallos-, pactó con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, la devolución del dinero con los intereses respectivos, a cambio de olvidar el asunto y, sobre todo, hacer a un lado la investigación penal correspondiente.
El asunto no fue ajeno al futuro Presidente de la República. En 1991, según afirmó Salcedo Courtade, Vicente Fox recibió en Juriquilla copias fotostáticas de las cuentas bancarias donde el dinero estuvo depositado.
*Hoy, hoy, hoy
El priísta Miguel Quiroz no duda. "Lo más práctico es que el señor Espinosa (Villarreal) se retire del cargo y enfrente a la procuraduría", dice semanas después del 2 de julio.
Sorprende el comentario.
Como representante del tricolor en la sección instructora, el diputado Quiroz fue el encargado de defender al secretario de Turismo, y tratar de evitar que se dictaminara en favor de su desafuero.
Y ahora dice que lo mejor es que demuestre su inocencia... Pero en los tribunales.
-ƑNo le estarán pasando la factura por la derrota electoral?
-No, porque su asunto no influyó para nada en la campaña. Había cosas peores que sí nos costaron votos. Esto no. Y en el juzgado puede ganar, no hay elementos que lo inculpen.
Lo curioso del asunto es que Miguel Quiroz no es el único que piensa así.
Juan José Rodríguez Pratts, diputado panista, insiste en que Oscar Espinosa "debe renunciar antes de que pierdan el poder por completo".
Y Alvaro Arceo, del PRD, recomienda al PRI ventilar el asunto ahora que tienen alguna posibilidad de ganar.
El consenso es, pues, que Espinosa Villarreal renuncie. Pero el funcionario ha dicho que no se va.
Y no lo hará, completa Alonso Aguilar Zínser, abogado del secretario, porque no existen razones legales para ello.
"Es como si a usted lo nombraran secretario del Trabajo y, sin ninguna razón, un Juan Pérez lo acusara de peculado. ƑRenunciaría por ese tal Pérez?" -pregunta a manera de ejemplo.
-ƑEsa es la posición de Espinosa Villarreal?
-No, lo que estamos haciendo es valorar el asunto. Tomamos decisiones cada semana, conforme evolucione el caso, pero esencialmente estamos esperando que se resuelva lo del periodo extraordinario.
La espera será larga, porque hasta ahora el acuerdo parece ser que la Cámara no volverá a reunirse en pleno.
"No nos interesa discutirlo", dice Miguel Quiroz.
"No hay voluntad para reunir al pleno", comenta por su parte Felipe Urbiola Ledezma, presidente de la sección instructora.
"No tiene caso hacerlo ahora, de todos modos Espinosa va a tener que enfrentar las acusaciones", recuerda Alvaro Arceo Corcuera, representante del PRD en la sección instructora.
Así, es claro que el caso Espinosa Villarreal ya no es prioridad en la agenda de los partidos. Vamos, hasta la versión de que se trató de una estrategia política del PRD cayó por los suelos.
*Los enredos del caso
Roberto Pérez, fiscal de delitos cometidos por servidores públicos de la PGJDF, tiene claro el panorama.
"No corre prisa. En el momento que sea, estamos listos para solicitar la orden de aprehensión", dice confiado. Y advierte: "La política no influye. La procuraduría va a llegar hasta donde sea necesario".
Para el fiscal, obtener el permiso de capturar a Oscar Espinosa Villarreal sería el colofón ideal para un caso que, desde el principio, se contaminó con el periodo electoral, y alrededor del cual ocurrieron hechos extraños:
Días después de que se presentó la denuncia de peculado, el principal testigo del caso Stanley, Luis Gabriel Valencia El Flama, se retractó de sus declaraciones y acusó al procurador de haberlo obligado a mentir.
Luego, cuando en la Cámara de Diputados se anunció la procedencia del desafuero, el auto de la locutora Lilly Téllez fue baleado en forma inusual.
Ambos incidentes fueron investigados por la procuraduría, pero, reconoce Roberto Pérez, no se encontraron elementos que los relacionen con la investigación de peculado.
-La duda queda, Ƒno?
-Sí, pero en ningún momento se alteró la investigación.
Por lo pronto, el expediente está listo para su consignación ante el juez, y el fiscal confía en que no habrá problemas para que se inicie el juicio, "porque el delito está probado".
De acuerdo con la averiguación previa, son 11 firmas las que involucran a Espinosa Villarreal con el presunto peculado.
La primera la estampó en un recibo fechado el 5 de enero de 1995, mediante el cual instruye al entonces oficial mayor del Departamento del Distrito Federal, Manuel Merino García, a que dispusiera, "directamente por usted", de los recursos asignados a la partida 3605 "Otros Gastos de Difusión e Información", con el único requisito de que firmara "el recibo correspondiente".
Las otras 11 firmas corresponden a igual número de recibos, autorizados por el ex regente capitalino, y que junto con otros 39 permitieron el desvío de 420 millones de pesos.
Los recibos no cumplen con las características que establece el Código Financiero del Distrito Federal, ni tampoco están respaldados con los comprobantes que justifiquen el gasto.
Por si fuera poco, al ordenar que el dinero de la partida 3605 se dispusiera de la forma como se hizo, Espinosa Villarreal incurrió, directamente, en una violación al mismo reglamento.
Empero, la historia del peculado no termina en los recibos.
Las investigaciones de la PGJDF y de la Contraloría General del gobierno capitalino revelan que una parte de ese dinero se habría gastado en las manifestaciones que, en aquellos días, se presentaban cotidianamente en el Zócalo de la ciudad.
De acuerdo con las declaraciones de tres empleados de la Contraloría General del gobierno capitalino -uno de ellos el contador Roberto Muñoz Leos-, el ex oficial mayor Manuel Merino admitió, en abril de 1998, que el dinero de la partida 3605 no podía comprobarse porque "las erogaciones se hicieron para atender a manifestantes, gente que venía de los pueblos a quejarse o inconformarse".
A estas personas "se les proporcionaba transporte, cobijas, alimentación, entre otras cosas".
Hay más. En esa entrevista, realizada en la Secretaría de Turismo en abril de 1998, Merino García aseguró que otra parte de ese dinero se utilizó "para atender a altos dignatarios extranjeros en sus visitas oficiales al país".
Sin embargo, existen indicios que, a juicio de la PGJDF, contradicen la versión del ex funcionario.
Por ejemplo, señala la averiguación previa, en todos los recibos la justificación del gasto es "por concepto de gastos originados en eventos con los medios de comunicación", con lo cual "es obvio pensar que los servicios ya habían sido recibidos por el Departamento del Distrito Federal, y por tanto se deduce que debió haber soportado documentalmente dichos gastos".
Al no hacerlo, "se presume que distrajo de su objeto las cantidades que recibió para pagar servicios que se presume nunca se recibieron". De todo esto, insiste la dependencia, "el propio Oscar Espinosa Villarreal válidamente sabía de los supuestos gastos".
En junio pasado el ex oficial mayor Jesús González Schmal declaró que él había recibido varios folders con los comprobantes de la partida 3605.
Sin embargo, de acuerdo con el fiscal Roberto Pérez, al revisar las carpetas señaladas por el ex funcionario, resultó que "sólo había una relación de claves en disquetes, pero no había comprobantes de gastos".
Paradójicamente, una de las evidencias más contundentes que presenta la procuraduría capitalina surgió a partir de un acto de aparente buena fe.
El 4 y 5 de diciembre de 1997, Merino García entregó al nuevo oficial mayor del gobierno capitalino, Jesús González Schmal, varios cheques con valor de 80 millones 270 mil pesos, que correspondían, según informó, al dinero de la cuenta 3605 que no se había ejercido.
Posteriormente, el 15 de mayo, el ex funcionario hizo una nueva devolución de dinero, esta vez de 134 millones 730 mil pesos, con el mismo concepto.
El problema es que, de acuerdo con los recibos firmados por Merino, este dinero ya se había gastado, además de que la PGJDF detectó que los recursos extraídos de la cuenta 3605 se habían depositado en la cuenta 539255-1 de Inverlat, así como en la 646100399-9 de Banpaís.
Y los cheques con que Merino regresó el dinero fueron girados por Banamex y Bital, "desconociéndose quiénes eran los cuentahabientes" titulares de las mismas... Ni tampoco se supo el destino de los intereses que generaron estos recursos.
Estos elementos fueron centrales en el dictamen que la sección instructora de la Cámara de Diputados emitió el 24 de junio, en el cual considera procedente la solicitud de desafuero del secretario de Turismo.
De hecho, para los legisladores el principio de la presunta responsabilidad empezó con una firma: la del 5 de enero de 1995.
Sin ese oficio, indica el dictamen, "no se hubiera ejecutado el gasto de dicha partida violando el objeto para la que fue creada... También es necesario apuntar que el hecho de que Oscar Espinosa Villarreal haya firmado y autorizado los primeros 10 recibos, correspondientes al año de 1995, implica la deducción válida de que estaba de acuerdo en que no se soportara documentalmente el gasto supuestamente efectuado por Manuel Merino García...".
* * *
En septiembre o en diciembre, con o sin desafuero, Oscar Espinosa Villarreal y su defensa se dicen listos para enfrentar los acontecimientos que vienen.
Y aunque les negaron un amparo y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa detectó que no aparecen comprobantes de 59.5 millones de pesos gastados en el último año de la regencia, Aguilar Zínser confía en ganar la batalla legal.
De lo que no están muy seguros es de ganar el pleito político, sobre todo si, en algún momento, se decide su desafuero.
"No tendría efectos jurídicos, pero sí públicos. No vamos a tapar el sol con un dedo".*