MARTES 6 DE JUNIO DE 2000

Ť El gobierno respeta los fallos del Poder Judicial, dice Ricardo Lagos

Despojan a Pinochet del fuero y deberá enfrentar 110 querellas

Ť La reacción no será amistosa: ex generales Ť šLo logramos!: familiares de desaparecidos

Afp, Dpa, Ap y Reuters, Santiago, 5 de junio Ť La Corte de Apelaciones de Chile despojó oficialmente al general Augusto Pinochet de su inmunidad legislativa y quedó al borde de un juicio por más de un centenar de querellas que lo acusan de crímenes de lesa humanidad, medida que fue acogida con muestras de júbilo por parte de los familiares de los desaparecidos y de ejecutados políticos, así como de organismos defensores de los derechos humanos, aunque en esta ocasión los adeptos del ex dictador se abstuvieron de cualquier concentración o acto de protesta.

Aunque la decisión de desaforar al general retirado trascendió el pasado 23 de mayo cuando fuera aprobada por la Corte, el veredicto fue difundido oficialmente dos semanas después. La determinación fue leída por el presidente del tribunal Rubén Ballesteros. "Se ha dado lugar al desafuero por 13 votos contra 9", confirmó.

El presidente Ricardo Lagos, de visita en la ciudad de Valdivia, afectada por intensos temporales, declinó referirse al tema y sólo dijo que "este es el Chile real", y mostró a su alrededor.

"El gobierno respeta los fallos del Poder Judicial, es todo lo que tengo que decir", expresó.

Estados Unidos destacó el "importante papel" desempeñado por la justicia chilena en los esfuerzos realizados en Chile para atender las cuestiones de los derechos humanos pendientes de la era Pinochet", indicó un portavoz del Departamento de Estado.

Euforia en los mítines

La reserva de los simpatizantes del ex presidente de facto contrastó con las inmediatas manifestaciones de alegría de sus detractores, varios cientos de los cuales protagonizaron eufóricos mítines en los alrededores de la sede de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Con gritos, cánticos y bailes, celebraban los antipinochetistas el fallo. "A la cárcel, a la cárcel", gritaban los participantes en el mitin.

"Parecía increíble, pero lo logramos", dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, al conocer el anuncio oficial, y añadió que hoy, después de 25 años, se empieza a hacer justicia a las víctimas.

"Este es un día histórico para los derechos humanos", sostuvo Díaz, quien insistió en que "la sentencia del fallo es histórica", mientras el presidente de la Corte, que se abstuvo de calificar el veredicto, indicó que la valoración de si es histórico o no "corresponde a la gente".

La fundación Augusto Pinochet, partidaria del ex dictador, no convocará por el momento a manifestación alguna. El titular de la organización, general retirado Luis Cortés, dijo que esperarán a conocer los fundamentos del fallo y a conversar con los abogados de la defensa, luego de calificar la situación de "injusta".

El senador designado y ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Martínez, calificó como "golpe de Estado judicial" el desafuero de Pinochet, y advirtió que cuando en un país ocurren este tipo de injusticias, "las reacciones no van a ser muy amistosas".

El desafuero de Pinochet fue planteado por el juez Juan Guzmán para poder interrogarlo en el contexto de las 110 querellas interpuestas en contra del ex gobernante por el caso específico de la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió varias ciudades del país y fusiló a 74 presos políticos en octubre de 1973, un mes después del golpe que instauró la dictadura militar hasta 1990 tras derrocar al presidente socialista Salvador Allende.

La Corte de Apelaciones estableció en su veredicto que existen antecedentes y sospechas fundadas para someterlo a juicio por su participación en los crímenes atribuidos a la Caravana de la Muerte. "Ha lugar para la formación de causa", sentenció el documento de 55 páginas, firmado por los 22 jueces.

El cargo contra el veterano general es el de autor-inductor del secuestro de prisioneros políticos, y el dictamen dijo que la primera sospecha fundada sobre su participación en la Caravana de la Muerte se basa en que él mismo delegó funciones en el general Sergio Arellano, jefe de la comitiva, arrestado hace 10 meses por disposición del juez Guzmán.

Sobre el fallo, el juez español Baltasar Garzón, que en 1996 abrió un proceso contra Pinochet que permitió su detención en Londres, expresó en Madrid su respeto por la decisión de la justicia chilena.

Para la organización Human Rights, la medida constituye el desmoronamiento del "muro de la impunidad" que había construido el ex dictador y demuestra cómo ha cambiado Chile en los últimos años, mientras que Amnistía Internacional consideró que la justicia envía una señal de importancia crítica no sólo para Chile, sino para todo dictador en el resto del mundo que piense violar impunemente los derechos humanos.

También hubo reacciones por parte de organismos de defensa de los derechos humanos de varios países latinoamericanos, así como del premio Nobel de la Paz el argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien estimó que esta fue una medida importante para el fortalecimiento del proceso democrático en Chille.