JUEVES 1o. DE JUNIO DE 2000

* Algunos reciben financiamiento gubernamental

Suman 15 los grupos de civiles armados que operan en Chiapas

* Identificadas como paramilitares, diez de las organizaciones

Triunfo Elizalde * En una nueva investigación sobre las fuerzas civiles armadas que operan en Chiapas, se afirma que suman ya 15 las organizaciones de este tipo. De ellas, diez grupos están plenamente identificados como paramilitares, y los otros cinco están integrados por civiles que portan armas de alto poder, de manera impune.

De los primeros, se dice que algunos cuentan "con financiamiento gubernamental documentado". Curiosamente, los paramilitares operan, en todos los casos, en regiones con fuerte presencia del Ejército Mexicano, y donde la presencia de cuerpos policiacos es nutrida. Sin embargo, dichas gavillas armadas no existen para los gobiernos estatal y federal, se asienta en un documento hecho público por la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

En el informe se asienta que uno de los elementos centrales de la contrainsurgencia en Chiapas ha sido "el establecimiento y desarrollo de grupos paramilitares en diversas regiones de la entidad". Se precisa que el término paramilitar define "una relación directa entre grupos de civiles armados con las fuerzas armadas del Estado, relación que va desde la tolerancia de su existencia, hasta el entrenamiento y dirección de estos grupos por parte de militares y policías".

Esos grupos tienen como función principal efectuar una serie de "tareas de represión, asesinato y terrorismo al servicio del Estado, buscando descargar de la institución castrense y de la policía la responsabilidad por esos hechos, así como tender una cortina de humo para evitar su enjuiciamiento y la denuncia de violaciones a los derechos humanos", por lo que su existencia y actividades al margen de la ley ha correspondido denunciarlas a diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.

Integración y zonas de "influencia"

Respecto de la integración de grupos paramilitares en Chiapas, correspondió denunciarla al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en agosto de 1994, pero sobre todo luego del fracaso de la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995. En los años siguientes correspondió, tanto a los zapatistas como a las comunidades indígenas y a las ONG, ir señalando el aumento de ese tipo de grupos armados, con disciplina y estrategia militares, los cuales han venido operando, básicamente, "en el corredor que va desde los municipios de Salto de Agua, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Oxchuc y San Cristóbal, hasta Venustiano Carranza y la zona fronteriza; en las regiones de Palenque, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, en la Selva, y en el centro del estado, los valles centrales, la Fraylesca y una parte del istmo-costa.

Los diez grupos calificados de paramilitares son: Desarrollo, Paz y Justicia, que comenzó a organizarse en marzo de 1995, y "encabeza el diputado priísta Samuel Sánchez Sánchez; sus miembros son priístas, la mayoría pertenecientes a Solidaridad Campesino Magisterial (Socama)"; Los Chinchulines aparecen en mayo de 1996 (antes se le identificaba como Frente Juvenil Revolucionario Luis Donaldo Colosio), y que contó con el apoyo del entonces gobernador Elmar Setzer; se asegura que "lo fundó el ex diputado priísta Rafael Cevallos Cancino"; Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), del que se conoció su existencia en 1997. "Se responsabiliza de su creación al diputado federal priísta Norberto Santís López. "MIRA está involucrado, en la actualidad, en toda la campaña gubernamental para desalojar a las comunidades indígenas de la región de Montes Azules, bajo el pretexto de que hay que proteger ecológicamente" a la zona.

Igualmente figuran Máscara Roja, del que se tuvo noticia desde mediados de 1994, que empezó a actuar públicamente a raíz de la suspensión del diálogo de San Andrés, en septiembre de 1995. Como en los demás grupos, sus miembros son priístas declarados. Se les señala como responsables de la matanza de Acteal; Alianza San Bartolomé de los Llanos, fundado en 1995. En el acto público de su creación estuvo presente el legislador priísta Eucario Orantes; Los Quintos aparecen en abril de 1998. Estos cuentan con uniformes negros, botas, mochilas, armas largas y con disciplina militar. Los Puñales, que comenzó a operar en junio de 1997, bajo el mando del empresario Fausto Gómez Díaz. "A este grupo se le vincula con el narcotráfico local"; Los Aguilares son conocidos desde 1994, como grupo de choque, por lo que han participado en fuertes acciones represivas contra comunidades y grupos indígenas simpatizantes del EZLN; OCOPCh (Organización Campesina Obrero Popular de Chiapas), perteneciente al Partido del Trabajo, quienes operan con armas de alto poder, y Los Tomates, de los que únicamente se sabe que actúan desde 1998 en la región de Bochil.

Los cinco grupos de civiles armados que operan en diversas partes de la zona de conflicto en Chiapas, son: Los Plátanos, "compuesto por 80 jóvenes tzotziles priístas, con vínculos directos con los diputados Norberto Santís López y Alonso López Gómez; Los Chentes, "con asentamiento irregular a sólo 10 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Han sido responsabilizados de diversos delitos y se les identifica con Mario Landeros, Mario Arturo Coutiño, Jack Demóstenes y Uriel Jarquín; Los Carrancistas, de los que se sabe poco; el Frente Civil, que comenzó a operar en abril de 1998 "para contrarrestar las acciones del municipio rebelde Tierra y Libertad, que comprende 17 comunidades del municipio oficial de La Independencia, y la Organización Clandestina Revolucionaria, creada en 1997 en el municipio de Sitalá, en la zona Selva-Norte, y que "cuenta con armas largas y con el apoyo del gobernador Roberto Albores Guillén".

Llaman a declarar a diputados, alcaldes y líderes de paramilitares

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 31 de mayo * Más de quince presidentes municipales, diputados y ex diputados, así como dirigentes de grupos considerados paramilitares, han sido citados por la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, para declarar en torno a las denuncias sobre la existencia de tales organismos en sus regiones, y en algunos casos su participación directa en ellos.

La unidad a cargo de Armando del Río Leal envió oficios a los presidentes municipales de Tila, Tumbalá, Yajalón, Salto de Agua, Palenque, Ocosingo, Motozintla, Tapachula, Frontera Comalapa, Chenalhó, Comitán, Venustiano Carranza, Chilón, Pantelhó, en donde les solicita comparezcan ante las oficinas del organismo dependiente de la PGR.

El motivo, señala el oficio, es para declarar en torno a las denuncias sobre la existencia de los grupos armados, o paramilitares, que según testimonios de la población, o de organismos no gubernamentales de derechos humanos, existen en sus regiones.

En el caso de la zona norte, que abarca los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Yajalón y Palenque, se refiere el citatorio al grupo Paz y Justicia, el primer organismo paramilitar que fue creado en Chiapas, durante 1995, bajo el auspicio directo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en particular del comandante de la Séptima Región Militar de ese entonces, Mario Renán Castillo.

En relación al mismo grupo fueron citados también por la Unidad Especializada el ex diputado estatal Samuel Sánchez Sánchez, y el actual legislador Raymundo Hernández Trujillo; así como los líderes de municipio de Tila, Diego Vázquez López y Marcos Albino Torres.

Los personajes anteriores fungieron hasta 1999 como máximos dirigentes de Paz y Justicia.