LUNES 15 DE MAYO DE 2000
Ť Herencia del menemismo, la situación social argentina
La represión en Salta, acción típica de los CBI, en los años 90
Ť Víctimas del modelo económico vs. nuevas fuerzas de acción
Stella Calloni, corresponsal/I, Buenos Aires, 14 de mayo Ť La operación represiva de la gendarmería y la policía en la localidad de General Mosconi el pasado viernes, en la norteña provincia de Salta, con el objetivo de despejar una ruta ocupada por familias de desempleados, es en todos sus aspectos una acción típica de los llamados Conflictos de Baja Intensidad (CBI) o Guerra de Baja Intensidad (GBI).
Los actores eran los previstos en los documentos estadunidenses de los años 90. Por un lado, las víctimas del nuevo modelo económico, que en más de una década ha dejado millones de personas sin trabajo y sin protección social, y por el otro, las nuevas fuerzas de acción.
En este caso, la gendarmería (policía de fronteras), que actúa como Fuerzas de Despliegue Rápido, previstas en la elaboración de la nueva Doctrina de Baja Intensidad, que continúa a la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo cuyas normas funcionaron las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y principios de los 80.
Además, la provincia de Salta, frontera con Bolivia, está bajo la mira del Pentágono estadunidense desde hace unos años. En1998 se conoció que la gendarmería y la policía provincial realizaban operativos con la DEA (Departamento Antidrogas Estadunidense) en la región. En agosto de 1999, el diario Clarín informó sobre la realización de un operativo, con sede en la capital salteña, donde bajo supervisión estadunidense trabajaban unos "30 argentinos independizados de sus cadenas de mando". El tema surgió a raiz de una reunión, por esos días, entre el entonces presidente Carlos Menem y el zar antidrogas de Estados Unidos, Barry McCafrey. Este habría solicitado al mandatario la instalación de una "delegación militar" estadunidense en Salta.
También la provincia de Misiones, y especialmente la llamada Triple Frontera (de Argentina con Brasil y Paraguay), son objetivos públicos de Estados Unidos.
Según el periodista Oscar Raúl Cardoso, una fuente cercana a McCafrey habló de "instalación" para no decir abiertamente "base", refiriéndose a la petición estadunidense de operar en territorio nacional.
En contacto directo con la dirección de los operativos están los jefes de la policía de Salta y el jefe de la gendarmería en la zona, el mismo que hablaba de "combates" cuando reprimía a manifestantes desarmados que resistían con piedras y palos. La población se reagrupó una y otra vez para resistir, hasta llamar la atención de los gobiernos provincial y nacional. Cómo la gendarmería, institución creada para vigilancia de las fronteras, fue reconvertida en los años 90 en Fuerzas de Despliegue Rápido, nadie lo sabe. Esto debía ser una decisión del Congreso, pero salvo que haya sido un acuerdo secreto, no se conoció nunca públicamente.
En cada conflicto social registrado los últimos años, se recurrió a la gendarmería. Y antes de la represión del día 12, el esquema de la "guerra sicológica" previsto en la GBI venía armándose: los encargados de la seguridad nacional hablaban de "elementos peligrosos", de personas armadas , de "guerrilleros". Hasta se llegó a sugerir que entre los desocupados que se manifestaban había gente dispuesta a volar refinerías de petróleo, como si los pobladores del lugar fueran suicidas. Despues se agregó otro informe, según el cual narcotraficantes de Bolivia o de Argentina necesitaban que la frontera "quedara libre" para realizar "alguna operación de tráfico" a gran escala.
Esto recuerda la conexión de conflicto social-narcotráfico que Estados Unidos quiere darle a su proyecto de militarización en América Latina. Lo que resta preguntarse es por qué un gobierno democrático como el del presidente Fernando de la Rúa, que negoció bien con los desocupados, no acude a informes propios y confía en los de la gendarmería o la policía, donde subsisten elementos de la última dictadura militar (1976-1983).
El acuerdo al que se llegó fue dejar en libertad a los detenidos y no tomar represalias contra los dirigentes populares, además de aplicar planes de subsidio para los desempleados e intentar crear nuevos puestos de trabajo. Pero los piqueteros, como se les llama a los desocupados que bloquean carreteras, reclamaban algo más: la intervención a municipalidades y el castigo a los corruptos. Es cierto que la situación social de las provincias, a punto de estallar, no es responsabilidad del actual gobierno, que apenas asumió hace cinco meses, sino una herencia de los 10 años de gestión menemista, donde el capitalismo y la privatización salvajes ayudaron a disparar el desempleo, que en algunos lugares del interior alcanza a casi 80 por ciento.
Pero en los 11 días en que los habitantes de General Mosconi estuvieron en la ruta, nadie llegó a verlos. Tampoco se puede argumentar que es un tema provincial, porque las privatizaciones que devastaron al interior del país se hicieron desde el gobierno central sin consultar a las provincias y sin ninguna regla o control, aunque con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si los pobres de General Mosconi no hubieran salido a protestar, hubieran perecido por el hambre debido a la indiferencia social y a la creencia de que "lo que no sucede en Buenos Aires, no sucede".