LUNES 1o. DE MAYO DE 2000
* La ley se aplica con "criterios selectivos y arbitrarios", afirman abogados
Cinco, los procesos de la PGR contra paristas
* Los representantes de la UNAM no han hecho todo lo que está a su alcance para retirar cargos, dicen
Gustavo Castillo García * Los procesos penales que la Procuraduría General de la República (PGR) ha instaurado en contra de participantes en el movimiento estudiantil son cinco. Por otra parte, de 998 miembros del Consejo General de Huelga (CGH) detenidos, 281 fueron encarcelados, de éstos 41 fueron exonerados de todo cargo y 231 han obtenido su libertad al pagar una fianza, pero continúan siendo enjuiciados; otros nueve permanecen en prisión.
Al respecto, abogados defensores consideraron que las autoridades de la UNAM tratan sin equidad a los estudiantes y que los jueces federales les aplican la ley con "criterios selectivos y arbitrarios".
La abogada Bárbara Zamora aseguró que los representantes legales de la universidad no han hecho todo lo que está jurídicamente a su alcance para retirar los delitos que se persiguen por querella; la PGR tampoco "ha mostrado interés en desistirse de los cargos" y los jueces segundo, quinto y sexto en materia penal federal, con sede en el Reclusorio Norte, han aplicado criterios distintos al decretar los autos de formal prisión.
Juan de Dios Hernández, integrante del bloque de abogados que defiende a la mayor parte de los cegeacheros, dijo al respecto: "el panorama es complicado, no desde el punto de vista jurídico, sino académico y humano, porque la espada de Damocles pende sobre la cabeza de todos los que tienen un proceso penal en curso. Pueden ser reaprehendidos, si no acuden a firmar cada semana o no están presentes en las diligencias".
Las causas 7/2000 y 8/2000 relacionadas con los acontecimientos del 1o. de febrero en la Preparatoria número 3, involucran a 174 universitarios quienes fueron señalados como presuntos responsables de diversos delitos, entre otros, sabotaje, lesiones y robo. Terrorismo, fue el primer delito que se les retiró por no encontrar elementos suficientes para procesarlos por ese acto ilícito.
Otras dos causas son la 9/2000 y 20/2000, iniciadas contra 107 universitarios, a quienes se les acusó de despojo, luego de ser detenidos en Ciudad Universitaria el 6 de febrero.
Posteriormente se conoció de manera pública la numeral 27/2000, relacionada con los hechos de la Preparatoria número 3 y en la cual se involucra a Guadalupe Carrasco Licea La Pita.
Sin embargo, se debe resaltar que en el juzgado segundo se giraron 432 órdenes de aprehensión contra igual número de estudiantes y que las autoridades de la UNAM presentaron entre febrero y marzo ocho pedimentos de desistimiento, pero de acuerdo con el listado del juzgado, sólo se cancelaron 426 de las 432 órdenes giradas. El resto, y de cuyos indiciados se desconoce su nombre, aún subsisten.
En este marco, los representantes legales de la universidad han comparecido en diversas ocasiones ante los jueces que llevan las causas,para presentar escritos de desistimiento de algunos delitos como daño en propiedad ajena, despojo y robo específico, pero no para todos los procesados.
Esta situación ha permitido que de los 281 estudiantes que fueron encarcelados, 41 obtuvieran su libertad absoluta. Los otros 241 deben continuar con el procedimiento judicial hasta que se dicte sentencia o bien las autoridades de la UNAM presenten escritos para retirar los cargos, o la PGR se desista de las imputaciones formuladas.
Para Bárbara Zamora, los impartidores de justicia "han establecido criterios selectivos y arbitrarios a la hora de calificar los delitos que se les imputan a los universitarios".
Como ejemplo, dijo, "está el caso de Guadalupe Carrasco, a quien el juez quinto le negó la libertad bajo caución argumentando que las lesiones de que se le acusa son graves, cuando por los mismos hechos y en los juicios contra otros 174 universitarios, los jueces segundo y sexto las consideraron lesiones simples".
En cuanto a las autoridades universitarias y de las policías Judicial Federal y Federal Preventiva, tanto Bárbara Zamora como Juan de Dios Hernández consideraron que su falta de interés en que se presenten los funcionarios ha afectado el desarrollo de los procesos, "alargándolos de manera innecesaria".
Zamora dijo que de acuerdo con las constancias juidiciales, a todos los supuestos acusadores de los estudiantes se les ha notificado "por lo menos con un mes de antelación la fecha en que debían comparecer, sin embargo no lo han hecho argumentando que están de comisión, que se encuentran fuera de la ciudad o bien sin dar mayor explicación no asisten a las audiencias".
Hernández Monje señaló al respecto: "La mayoría de las audiencias ha sido diferida o prácticamente suspendida", por lo que los estudiantes indiciados no rendirán su ampliación de declaración ministerial, hasta que no comparezcan sus acusadores.
Como ejemplo de inasistencia, Bárbara Zamora citó el caso del director de la Facultad de Ciencias, Luis Fernando Magaña a quien el juez quinto le impuso una multa de 20 días de salario mínimo por no presentarse hasta en dos ocasiones, pese a estar notificado de la diligencia en la que debía participar.