Elba Esther Gordillo
Las otras batallas del 2 de julio
Diluidas en el fragor de las campañas por la Presidencia de la República, este año tendrán lugar otras elecciones no menos importantes y definitorias. En todas ellas está en juego el poder y se confrontan proyectos, biografías individuales y colectivas, y se disputa el destino del país.
La contienda electoral del año 2000 tiene varios frentes y varias etapas: el 2 de julio se disputa la Presidencia de la República, pero también se renueva el Congreso de la Unión; además, en el Distrito Federal se elegirá por segunda ocasión al jefe de Gobierno, se decidirá la integración de la Asamblea Legislativa y, por primera vez, los jefes delegacionales serán electos.
El primer domingo de julio se elegirán gobernadores, diputados locales y presidentes municipales en Guanajuato y Morelos; en el estado de México, San Luis Potosí, Sonora, Campeche, Colima, Querétaro y Nuevo León se llevarán a cabo comicios locales y municipales. No es poca cosa.
En los meses siguientes, la contienda seguirá en otros estados de la República: en agosto, octubre y noviembre se disputan las gubernaturas de Chiapas, Tabasco y Jalisco (en estos dos últimos se renuevan congresos locales y ayuntamientos), respectivamente.
Alejadas de los reflectores y del interés de buena parte de la opinión pública, las otras batallas del 2 de julio y de los meses que le siguen contribuirán a definir el nuevo mapa político del país, la nueva correlación de fuerzas.
Si un régimen democrático se define como un sistema de pesos y contrapesos del poder y de las decisiones, entonces la disputa por la Presidencia de la República no puede eclipsar el resto de los comicios en los que se deciden espacios de la mayor trascendencia para la nación.
En este artículo quisiera subrayar la importancia que tiene la elección de los integrantes del Congreso de la Unión.
Es evidente el papel de contrapeso que juegan las Cámaras; la intensidad del debate en sus comisiones y en los plenos ha enriquecido la vida pública; sus investigaciones han contribuido a fortalecer un principio republicano del más alto valor: la rendición de cuentas. El imperativo de completar el diseño de una ingeniería constitucional y jurídica, que favorezca una gobernabilidad democrática, es otro argumento para valorar la disputa por el Legislativo.
No existen evidencias que permitan anticipar que aquel partido que gane la Presidencia de la República conquistará también la mayoría en el Congreso de la Unión. Por el contrario, en todos los espacios avanza la pluralidad. Ningún partido político tiene hoy la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional.
Lo que viene, entonces, es el ejercicio de la política en su acepción más alta: el tendido de puentes, el diálogo y el acuerdo entre distintas fracciones; el despliegue de un ejercicio de innovación e inteligencia política, que permita diseñar el entramado institucional del nuevo siglo. Si una experiencia ha dejado la actual legislatura ha sido que el anacronismo de muchas leyes es un riesgo para la gobernabilidad.
De ahí la importancia de elevar, desde ya, el tono del debate, de evitar tratar al adversario como enemigo político y de acentuar la polarización de las fuerzas. Los agravios, las ofensas y las descalificaciones que hoy se lancen los candidatos y sus equipos al calor de las campañas, dejarán lastimaduras que harán más difícil alcanzar los acuerdos que tendrán que darse entre partidos y grupos parlamentarios porque el país está por encima de cualquier interés.
Aquel partido y aquellos candidatos que mejor ajusten sus ofertas políticas, que entiendan las necesidades de la gente, que cuenten con mayor sensibilidad, que presenten propuestas sólidas que respondan a lo que la sociedad espera y demanda y, sobre todo, que mejor hayan gobernado, más cerca de la gente, con eficacia y transparencia, serán quienes se impondrán en la batalla por los votos de toda una nación.
Debemos preocuparnos --partidos políticos, candidatos, opinión pública y sociedad civil en general-- por que la competencia electoral no nos haga olvidar la República, sus instituciones y la ética como valor superior de la política.