MARTES 4 DE ABRIL DE 2000

Ť Habla el testigo sólo ante Televisa y Tv Azteca, el sábado en la noche

Se retracta Valencia; presionan fuerzas criminales: Del Villar

Ť La versión fue transmitida ayer, en coincidencia con una conferencia de prensa de la CDHDF, que insiste en la inocencia de Paola

Ť Dice haber recibido amenazas contra él y su familia por parte del subprocurador Mauricio Tornero y del fiscal Fernando Castro

Angel Bolaños Sánchez Ť Sin previo aviso, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el pasado primero de abril en el penal federal de Puebla, y a la que sólo fueron invitados Televisa y Tv Azteca, Luis Gabriel Valencia López, testigo en el caso Stanley, se retractó de sus acusaciones contra el Rey de las Metanfetaminas, Luis Ignacio Amezcua; la edecán Paola Durante, y Erasmo Pérez Garnica, El Cholo, pero no así de sus imputaciones contra Mario Bezares.

Aunque la información se produjo desde el pasado sábado, hasta ayer se transmitió, en coincidencia con una conferencia de prensa que ofreció la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en la cual insistió en el sobreseimiento del proceso contra Durante.

Más tarde, en una carta dirigida a la jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, la CDHDF solicitó que se investiguen las presuntas amenazas que denunció Valencia López.

Después, el procurador capitalino Samuel del Villar advirtió que con el caso Stanley ha enfrentado a las "fuerzas criminales más violentas, peligrosas y con la mayor capacidad económica que, obviamente, están relacionadas con el narcotráfico, las cuales han utilizado medios sin precedentes en la historia del proceso penal en México".

Estas fuerzas, dijo, pretenden a toda costa conseguir impunidad, al querer desvirtuar las pruebas que ha presentado la PGJDF en contra de los inculpados, cuya presunta responsabilidad está acreditada, según las investigaciones, en pruebas periciales y de campo, y en más de un centenar de testimonios y ampliación de declaraciones.

Circunstancias extrañas

En medio del maremágnum político que originó la acusación de peculado por 420 millones de pesos en contra del ex regente capitalino y actual secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, cuyas pruebas en poder de la PGJDF descartó a priori la Presidencia de la República y el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, el procurador capitalino advirtió que "no puede escapar el hecho de que esta declaración se da en circunstancias extrañas, como las facilidades que se dieron por parte de las autoridades del penal de Puebla", que depende de la Segob, para que ingresaran los reporteros de Televisa y Tv Azteca, "lo cual debe investigarse".

Incluso, fuentes de la PGJDF señalaron que la retractación de Valencia López, en el contexto en que ocurre, "bien podría significar la reacción del poder ante las acusaciones en contra de Espinosa Villarreal".

Por ahora, la retractación de Valencia López no tiene valor en el proceso, y aun los criterios de la jurisprudencia apuntan que son las primeras declaraciones de un testigo las que cuentan. Y si posteriormente las negara, como ocurrió en esta ocasión, deberá haber pruebas que sustenten el cambio, según explicaron fuentes de la PGJDF.

Si bien antes del cambio de actitud de Valencia López los abogados de los involucrados insistían en la falta de credibilidad de su palabra como testigo, anunciaron que en los próximos días pedirán el desvanecimiento de pruebas a partir de sus palabras más recientes del que hasta ayer se identificó como cocinero de los Amezcua.

Así, ante el desconcierto del resto de los medios de comunicación, a los cuales no se convocó a la conferencia de prensa de Valencia López, las autoridades del penal sólo argumentaron que se ciñeron al artículo 143 de su reglamento interno, pero hasta el momento no se ha especificado quién otorgó el permiso de ingreso de las televisoras y bajo qué procedimiento se contó con la presencia de un notario, como se preguntó el subprocurador Mauricio Tornero, quien también fue acusado por el interno de intimidarlo.

En conferencia de prensa, el procurador capitalino no pasó por alto la actuación de Tv Azteca, y aun denunció que el vicepresidente de la televisora, Jorge Mendoza, le advirtió el día de los hechos que si daba a conocer el hallazgo de cocaína entre las pertenencias de Stanley, "iba a difundir que había sido sembrada".

Así fue que Valencia López, después de siete meses de sostener sus acusaciones en diez declaraciones y aun en los careos ante los tres principales implicados en el homicidio de Stanley, sólo Paola Durante renunció a este derecho, ahora acusa a funcionarios de la PGJDF de obligarlo a mentir bajo amenazas de muerte, y hace responsable a Del Villar de cualquier daño que pudiera ocurrirle a él o a su familia.

Antes denunció tortura

Cabe añadir que Valencia López, durante su estancia en el penal de Perote, Veracruz, denunció que el director de éste lo había sometido a amenazas y tortura, advirtiéndole que tenía que cambiar sus declaraciones porque los Amezcua y Bezares así lo habían ordenado, y éstos contaban con el dinero suficiente para comprar a cualquier funcionario.

Sostuvo esas declaraciones durante el careo con Rodríguez Bezares, al acusarlo de estos hechos y refutar cada uno de los señalamientos del implicado. Y si bien en su retractación clama la inocencia de Paola Durante, Luis Ignacio Amezcua y Erasmo Pérez Garnica, nunca se refiere a Bezares, cuya relación con el narcotráfico ha sido comprobada, según palabras de Samuel del Villar.

Ya próximo el cierre de instrucción del caso en el juzgado 55 penal, así como la resolución de un amparo que interpusieron los abogados de los procesados en el juzgado segundo del fuero federal, Valencia López se presentó ante las cámaras bajo el argumento de que se siente "moralmente mal", y ante notario público leyó un documento de dos cuartillas que escribió, dijo, "de manera voluntaria, para aclarar hechos en los que fui forzado a declarar en relación con el homicidio de Paco Stanley".

Valencia López advirtió que mintió porque "me obligaron por medio de amenazas, y que si yo no cooperaba iban a atentar contra mi familia. Que si cooperaba con ellos iba a salir rápido, incluso me iban a apoyar económicamente para que me fuera lejos", amenazas que atribuye no sólo al director general de Abatimiento del Rezago, Fernando Castro Hernández, al que identifica como director de Delitos Patrimoniales no Violentos, y a Mauricio Tornero, ahora subprocurador A, y entonces director de la Policía Judicial, sino a Del Villar.

Aseguró incluso que el procurador que mentía, y que fue él quien ordenó que lo amenazaran. "Usted me amenazó", dijo. "Me obligaron a señalar como responsables a diversas personas que son totalmente inocentes de este homicidio".