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En la región mixteca de Ayutla de los Libres, Guerrero,
actúa una nueva organización, que es el Comité
de Viudas de El Charco. Sus integrantes son ocho mujeres que perdieron
a sus esposos el 7 de junio de 1998, cuando tropas del Ejército
atacaron la escuela primaria bilingüe, y murieron ahí 11
personas, que se encontraban en una reunión de comunidades a
la que asistieron guerrilleros del Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI).
Ellas se quedaron solas, la mayoría al frente de familias numerosas.
Tienen que cuidar a sus hijos, trabajar en el campo, emplearse como
peonas, hacer el trabajo doméstico y además buscan la
manera de exigir justicia. Piden castigo para los responsables de la
muerte de sus esposos, que el gobierno indemnice a los deudos, y denuncian
la presencia hostil del ejército en la región y exigen
su salida.
Con ayuda de maestros de las comunidades, las viudas comenzaron a organizarse
y su movimiento tuvo más difusión. El 7 de junio de 1999,
participaron en la convocatoria al acto luctuoso con motivo del primer
aniversario de la masacre. Tres de ellas hablaron en un mitin, y expusieron
sus sentimientos.
Catalina Leobardo Aurelia, de 23 años, dijo: "Yo soy una
de las viudas de la masacre que hizo el gobierno en esta comunidad el
7 de junio de 1998. El Ejército mató a mi esposo. Maldito
gobierno, por lo que hizo yo me quedé sola con mis seis hijos.
Yo y mis compañeras exigimos justicia, que se castigue a los
culpables".
En idioma mixteco, Joaquina Margarita Castro Morales, madre de seis
niños, exigió: "que el gobierno cumpla, que dé
alimentación para mis hijos, porque el ejército vino a
hacer ese daño".
La más joven de las viudas, de 18 años, Eustolia Castro
Ramírez explicó: "Mi hija de ocho meses quedó
huérfana antes de nacer. Su padre fue asesinado por soldados
del Ejército federal. Desde el 7 de junio del año pasado
he reclamado justicia, pero me he dado cuenta de que no hay voluntad
para reparar el daño. El ejército sigue molestando a nuestro
pueblo, nos espantan, nos amenazan, no se conforman con haber matado
a 11 campesinos indefensos".
La representante en Acapulco de Mujeres en Lucha por la Democracia,
Rosa María Gómez, gestionó el apoyo de la Fundación
Ovando y Gil, del PRD, que apoya a hijos de sus militantes muertos por
motivos políticos.
Al principio hubo dudas en el PRD sobre la militancia de los muertos
de El Charco, que tenían el estigma de guerrilleros del ERPI.
Las viudas explicaron que sus esposos habían asistido a una reunión
para tratar los problemas de sus comunidades, y que eran militantes
del PRD.
En julio de 1999 consiguieron 28 becas, de 200 pesos por niño
al mes. Pero la beca de la Fundación Ovando y Gil sólo
puede durar tres años.
Mientras, las viudas siguen luchando por el castigo a los autores de
la masacre, la reparación del daño, y que se retire el
Ejército de la región, donde ha establecido incluso campamentos
permanentes.
El caso de El Charco llevó a las Mujeres en Lucha por la Democracia
a plantear la necesidad de una ley para la protección a las víctimas
de la violencia política.
Explica Rosa María Gómez que las víctimas de la
violencia que quedan desamparadas necesitan la protección inmediata,
y esto se tiene que establecer en una ley de asistencia social.
Se trata, dice, de establecer el derecho a la indemnización,
que no se vea como una concesión o dádivas del gobierno
responsable de la violencia. Por el momento, la idea se está
sometiendo a consulta entre grupos sociales, para llevarla después
al Congreso del estado de Guerrero.
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