Las unidades e instituciones de salud están obligadas a reportar
al Ministerio Público los casos de violencia intrafamiliar detectados
por el personal médico, de acuerdo con lo establecido en la "Norma
Oficial Mexicana de Prestación de Servicios de Salud, Criterios
para la Atención Médica de Violencia Familiar (NOM-190-SSA1-1999)",
publicada el pasado 8 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
Esta nueva reglamentación, será de "observancia obligatoria"
para todas/os aquellas/os que presten sus servicios en áreas
de salubridad públicas, sociales y privadas, e incluye la atención
médica, protección y restauración de la salud física
y mental a través del tratamiento y/o rehabilitación o
canalización de la persona afectada a las instancias especializadas
para que reciban un diagnóstico más preciso, continúen
el tratamiento y cuenten con asesoría y apoyo legal.
"Se entenderá por atención médica de la violencia
intrafamiliar al conjunto de servicios que se proporcionan con el fin
de promover, proteger y restaurar la salud física y mental de
los pacientes involucrados", define la norma para cuyo cumplimiento
las instituciones de salud habrán de contar con personal "sensibilizado
y capacitado".
De igual forma, los organismos que proporcionan atención médica
efectuarán un registro de los casos de violencia en el hogar
que sean de su conocimiento, e informarán a la Secretaría
de Salud de los mismos por medio de los manuales que ésta emita
para tales fines.
Médicos del sector público y privado, tendrán que
explorar a los pacientes tomando en cuenta indicadores como el maltrato,
el abandono y la violencia sexual, a través de la aplicación
de un diagnóstico "de riesgo" en los casos en que el
cuadro clínico lo amerite.
Al momento de entrevistar a la víctima, se debe hacer "sin
juicios de valor ni prejuicios, con respeto y privacidad, garantizando
la confidencialidad", establece la norma contra violencia. "En
caso de que la o el usuario no esté en condiciones de responder
durante la entrevista, el prestador de servicios de salud se dirigirá,
en su caso, a su acompañante, sin perder de vista que pudiera
ser el probable agresor" y en caso de que el o la perjudicada no
hable español, será imprescindible apoyarla con un traductor.
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