Dos presas políticas, Erika Zamora Pardo y Virginia Montes González, acusadas de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), están en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, sometidas a tratos crueles e inhumanos, agravados por su condición de mujeres, porque no hay en ese lugar un espacio específico para su género.
Erika Zamora tiene 21 años, es estudiante de la UNAM, activista del movimiento en el Comité Estudiantil Metropolitano y sobreviviente de la masacre de El Charco; fue detenida en esa comunidad mixteca del municipio de Ayutla, Guerrero, a donde fue a alfabetizar el 7 de junio de 1998. Está sentenciada a tres años y medio de prisión por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y a cinco años por conspiración e invitación a la rebelión, a pesar de que no hay pruebas de esos delitos.
Virginia Montes, es enfermera, acapulqueña, de 37 años, militante del Partido de la revolución Democrática (PRD). Fue detenida el 11 de octubre de 1999, acusada de almacenar cartuchos, explosivos y uniformes del ERPI, que fueron localizados en una operación de la Policía Federal Preventiva y de la Judicial del estado de Guerrero, en Acapulco, pero ella niega que esos materiales hayan estado en su casa, y afirma que fueron sembrados para culparla.
Las dos fueron clasificadas como de "alta peligrosidad".
Con otros cuatro presos políticos, dirigentes y militantes de organizaciones sociales de Guerrero, fueron trasladadas el 6 de noviembre de 1999 al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Ese día, en el camino a Jalisco, según sus propias declaraciones, los seis fueron torturados durante más de cuatro horas por agentes de la Policía Judicial Federal y de la Policía Federal Preventiva. Y las torturas fueron más severas con las dos mujeres.
Los seis vieron el cambio a otro penal como una forma de alejarlos de la gente que los apoya, de sus familias y de sus abogados. Y para las mujeres es además una reclusión ilegal, fuera de todo reglamento.
Los seis presos presentaron ante el juez cuarto de Distrito de Acapulco una demanda de amparo, que ganaron, y el juez ordenó su regreso al Centro de Readaptación Social de Acapulco, pero aún está en revisión.

El calificativo de peligrosas

El traslado a Puente Grande se dio sin previo aviso a los afectados, que no tuvieron la posibilidad de defenderse de esa decisión de la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, a solicitud del gobierno del estado de Guerrero.
Como se ve en el expediente enviado por el director de Prevención y Readaptación Social del estado de Guerrero, José Luis Trujillo Sotelo, al juez que concedió el amparo, Joel Carranco Zúñiga, la decisión fue planeada con semanas de anticipación. Para justificarla, las autoridades construyeron una historia con base en supuestos informes anónimos, en los que se decía que los presos a quienes tienen como militantes del ERPI, realizaban reuniones clandestinas dentro del penal y que estaban planeando un motín para evadirse el 7 de noviembre, aprovechando que ese día estaba programada una manifestación afuera del penal para demandar la libertad de los presos políticos y respeto a sus garantías.
Según la versión oficial, cuando en la cárcel de Acapulco se descubrieron los supuestos planes de fuga, el director, Jesús Torres Quiroz, pidió a sus superiores, y éstos al director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Yunes, que se hicieran exámenes criminológicos para valorar a los seis presos políticos.
En el expediente aparecen los dictámenes técnicos en los que se dice que Erika Zamora, "por sus características de personalidad se observa con capacidad para planear y ejecutar conductas que van en contra de las normas socialmente establecidas".
De Virginia Montes, el dictamen dice que "no introyecta normas y valores sociales positivos, muestra clara conflictiva con todo aquello que representa la figura de autoridad, y se le observa con capacidad para planear y ejecutar conductas antisociales así como para promover la comisión de las mismas".
Por esa "peligrosidad" potencial, fueron trasladadas "a una institución que permitirá neutralizar su mala conducta".
También se argumenta que pertenecen a una organización guerrillera, el ERPI, que se propone cambiar al gobierno por medio de la fuerza, y de ahí "el alto riesgo que implicaba no sólo para el centro penitenciario, sino para ellos mismos y los demás internos y también para el estado de Guerrero la permanencia de estas personas en un centro de reclusión como en el que se encontraban".
En realidad, de acuerdo con el dirigente de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, Bertoldo Martínez Cruz, uno de los seis recluidos en Puente Grande, el motivo del traslado es el interés del gobierno por detener las denuncias que constantemente hacían los presos políticos contra las violaciones a los derechos humanos dentro del penal y en Guerrero. Además, el desarrollo de una operación contra el ERPI, de la que fue parte la detención de su principal dirigente, el comandante Antonio, Jacobo Silva Nogales, de la coronel Aurora, Gloria Arenas Agís, así como de dos presuntos simpatizantes, aprehendidos en una casa de seguridad en Chilpancingo el 22 de octubre, Felícitas Padilla Nava y Fernando Gatica Chino. Los cuatro presos están en el penal de Almoloya.

El camino de Acapulco a Puente Grande

El 6 de noviembre de 1999 se desarrolló en el Cereso de Acapulco una ostentosa operación con agentes de la Policía Judicial Federal, la Federal Preventiva y custodios del reclusorio, para sacar a los seis presos políticos. Erika Zamora se resistió y la llevaron arrastrando, desde los dormitorios hasta el estacionamiento, donde los esperaban otros policías en una camioneta Suburban que los llevó al aeropuerto.
En un avión de la PGR escucharon una voz: "A estos sí, pártanles la madre, porque estos sí son guerrilleros, son del ERPI y del EPR". Y esa frase anunció tormentos que nunca antes se imaginaron.
Erika Zamora dijo después a su hermana Evelin, que la visitó en el penal de Puente Grande, que prefería los toques eléctricos que le dieron en el cuartel de la Novena Región Militar de Acapulco, cuando fue detenida y torturada por militares, que los golpes que recibió durante más de cuatro horas de camino a Puente Grande.
En el avión los sentaron de dos en dos. Al fondo Erika Zamora y Virginia Montes. En el vuelo comenzaron las torturas y las preguntas: "¿Cuál es tu nombre de guerra? ¿Cómo te llamas en el ERPI? ¿A cuántos de los nuestros has matado? ¿En qué enfrentamientos has participado? ¿Quiénes son tus dirigentes?" Y los golpes en todo el cuerpo no paraban.
Una y otra vez las mismas preguntas, sin parar, durante más de dos horas de vuelo.
Para las mujeres los interrogatorios eran todavía más denigrantes: "Estas cabronas son de carrera larga ¿A ver, cuántos maridos has tenido? Y amenazaban con tirarlas al mar desde el avión.
En el aeropuerto de Guadalajara los esperaba otro grupo de la Judicial Federal, de la Federal Preventiva y guardias de seguridad externa del Cefereso de Puente Grande, a quienes una voz les dijo: "A estos sí, pártanles la madre, son guerrilleros, del ERPI y del EPR". Los policías cumplieron la instrucción y reanudaron las torturas en el autobús, con más crueldad que en el aire.
Los seis presos iban callados. Las mujeres no se quejaban ni pedían detener las torturas. En lugar de gritar o llorar, Erika decía a sus torturadores: "Perros, perros". Con ella se ensañaron, probablemente porque llevaba puesta una playera alusiva a la masacre de Aguas Blancas, o por su actitud más rebelde.

Mujeres en el Cefereso de Puente Grande

Como no hay en el penal de máxima seguridad un área para mujeres, Erika Zamora y Virginia Montes están, con otra presa procedente del DF, en el área de observación y clasificación.
Viven en celdas de unos 2 metros cuadrados, con una cama y un retrete, y a diferencia de los hombres, las mujeres no tienen un espacio adecuado para comer, para practicar deportes o para trabajar.
Sólo recibieron dos mudas de ropa interior, y tienen que hacer muchos trámites para conseguir toallas sanitarias y objetos de higiene personal. Les cortaron el cabello, y cuando les permiten salir al sol, una o dos veces a la semana, tienen que caminar mirando al piso y los brazos cruzados hacia atrás.
No les permiten leer periódicos ni revistas. Todas sus actividades y movimientos son obligatorios, nada es voluntario. Están obligadas a trabajar, cinco horas al día, bordando una tela con punto de cruz que Erika calcula terminar en cuatro meses y por ese trabajo le van a pagar 37 pesos.
Aunque las dos tienen estudios universitarios, en el Cefereso están obligadas a estudiar desde la primaria; actualmente cursan el primer año.
Las visitas deben cumplir una cantidad de requisitos que hacen casi imposible que alguien los cumpla y por eso viven aisladas, muy solas.
Por medio de su abogado, José Sánchez, Virginia Montes solicitó que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pide que constate que esta no es una cárcel para mujeres, que ellas viven aisladas, sin posibilidades de readaptación, que les imponen una disciplina para deshumanizarlas y hacer que pierdan el sentido de la vida.