MARTES 28 DE MARZO DE 2000
Ť El fondo, coordinado por PNUD, suma 40 mdp
Para ONG nacionales, la mayor parte de recursos a observadores
Elizabeth Velasco C. y Angélica Enciso Ť Al dar a conocer la convocatoria para la distribución del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2000, constituido con 40 millones de pesos hasta el momento, el Consejo de Normatividad adelantó que 28 millones de pesos se asignarán a las organizaciones no gubernamentales nacionales y 12 millones a los visitantes extranjeros.
Nguyen Huu Dong, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y coordinador general del Consejo, previó que ese "estímulo" lo recibirán organizaciones como Alianza Cívica, Presencia Ciudadana, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, entre otras ONG que en 1994 y 1997 participaron en forma "seria, profesional y parcial"como observadores electorales. Destacó que los proyectos individuales no recibirán más de 10 por ciento del monto disponible, y los que se presenten en forma conjunta, hasta 20 por ciento.
En rueda de prensa, en la sede de la ONU-México, también se anunció que el Consejo quedó integrado por los magistrados José de Jesús Orozco y José Fernando Ojesto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Mauricio Merino y Emilio Zebadúa, del Instituto Federal Electoral (IFE); Ricardo Pozas Horcasitas, experto en materia electoral, así como Huu Dong, coordinador general, y Johannes Wortel, asesor internacional del PNUD.
Según los consejeros, el financiamiento se entregará de la siguiente manera: un primer pago de 45 por ciento, el 3 de mayo próximo; igual porcentaje, el 5 de junio, y el 11 de agosto, luego de la entrega de un reporte final, 10 por ciento restante.
Los consejeros adelantaron que se promoverá la aportación de recursos complementarios ante instituciones privadas nacionales; si aportan, "se asegurará que exista representación de la iniciativa privada en las instancias normativas y técnicas correspondientes". También está abierta la posibilidad para que el fondo capte aportaciones de organismos e instituciones internacionales.
Huu Dong respondió a pregunta expresa que no se ha contemplado algún tipo de sanción para las ONG que pudieran hacer mal uso del financiamiento, ya que "partimos de dos premisas: la buena fe y el profesionalismo". Sin embargo, las organizaciones ciudadanas tendrán que cumplir con cinco condiciones, ocho requisitos, diversas normas de acreditación ante el IFE, y cinco criterios para el otorgamiento de los recursos.
Los consejeros informaron también que Silvia Gómez-Tagle, Yolanda Meyenberg, José Ramón Cossío Díaz, Ricardo Pozas Horcasitas y Gabril Székely, expertos en materia electoral de la UNAM, del Colegio de México y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos participarán en el Comité Técnico de Evaluación, con derecho a voz, pero no a voto. Tal comité será el responsable de evaluar y validar las características técnicas de cada proyecto de observación, y de aplicar los criterios y normas para la asignación de los recursos. Sus resoluciones "serán inapelables", sentenció Huu Dong.
Redes de voluntarios por la democracia
A su vez, Alianza Cívica consideró que el proceso electoral de este año debe ser vigilado con minuciosidad, ya que ha crecido el uso de recursos y programas públicos para presionar e inducir a los votantes, sobre todo los que viven en situaciones de carencia y necesidad.
Existen acciones de compra y coacción que se presentan tiempo antes de las elecciones y van acompañadas de condiciones y presiones por el acceso a bienes, como el caso de desayunos, becas, tortillas, leche, créditos, cheques de Procampo, escrituración de predios, material de construcción y despensas, detalló. Asimismo, se realizan trámites y permisos, como el caso de los vendedores ambulantes y de vía pública, los transportistas tolerados, oficios y actividades que requieren un permiso especial de las autoridades locales.
Frente a ello, esta organización anunció dos líneas de acción: el observatorio ciudadano y las redes de voluntarios por la democracia. Estas tendrán como fin vigilar las zonas de riesgo de 27 estados del país. Y se estima la participación de 7 mil voluntarios para la vigilancia del proceso electoral.