DOMINGO 19 DE MARZO DE 2000
Autosuficiencia en gasolinas, Ƒcuándo?
Un año de retraso
en el proyecto
Cadereyta de Pemex
Gerardo ROMAN RUENES
Los retrasos en la modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, pueden costar millones de dólares para la paraestatal Petróleos Mexicanos. Esto -según denuncian trabajadores de Pemex- se sumará a obras de baja calidad que presentarán problemas de seguridad y baja productividad. Así, se aleja la posibilidad de que México sea autosuficiente en la producción de gasolinas
M
éxico cuenta con seis refinerías. La mitad fueron construidas en la primera mitad del siglo XX -las de Minatitlán (1906), Ciudad Madero (1938) y Salamanca (1950)-. Las otras -Cadereyta, Tula y Salina Cruz- fueron habilitadas en la cresta del boom petrolero, entre 1975 y 1979.
Dos décadas después, en 1998, el gobierno de México decidió ampliar la capacidad de refinación (actualmente de un millón 520 mil barriles diarios de petróleo) y se apoyó en la iniciativa privada.
Así nació el proyecto Cadereyta. Sus alcances -prometía la propaganda de Petróleos Mexicanos- serían ilimitados: se construirían nueve plantas y se ampliaría la capacidad de las existentes; se emplearía a más de 7 mil 500 trabajadores; se abatiría la producción de combustóleo con alto contenido de azufre; se invertirían más de mil 600 millones de dólares... y quedaría satisfecha la demanda nacional y regional de gasolina sin plomo.
Pero las obras marchan con una lentitud que pasma.
Contra la versión oficial, el proyecto presenta tal atraso que al menos este año, las importaciones de gasolina no disminuirán. Y sobre todo, Pemex deberá erogar por lo menos 160 millones de dólares más.
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El proyecto Cadereyta es un portento de la ingeniería moderna.
Por lo menos en el proyecto ejecutivo.
Denominado así por la refinería instalada en predios de esa comunidad de Nuevo León, el proyecto abarca la construcción de nueve plantas, la ampliación y modernización de 10 más y la edificación de un oleoducto de más de mil kilómetros, que conectaría a Nuevo Teapa, Tabasco, con Ciudad Madero, Tamaulipas, en una primera red.
Después habría otro ramal del puerto a Cadereyta.
En el papel quedó asentado que todo el proyecto estaría listo "a más tardar" en julio de este año.
En números negros, el costo -con todo y financiamiento- estaba proyectado en 2 mil 400 millones de dólares. La inversión inicial fue de mil 618 millones.
La obra fue entregada, mediante licitación, al consorcio Conproca, integrado por tres empresas: la mexicana Tribasa, la coreana Sunkyong y la alemana Siemens, las que no han cumplido con los términos del contrato, lo que incrementará sustancialmente el costo del trabajo.
Las labores están en marcha en las refinerías de Cadereyta, Tula y Salamanca. Con su modernización se pretende ahorrar al país -según datos oficiales- alrededor de 30 por ciento de importación de gasolinas. Sin embargo, los técnicos de Pemex-Refinación calculan que sólo se podrá reducir entre 18 y 22 por ciento.
Actualmente, Pemex importa 175 mil barriles diarios del combustible, con un costo promedio por barril de 39 dólares, que representa una erogación aproximada de 6 millones 825 mil dólares diarios.
Sólo en el área de construcción, informan técnicos de Pemex involucrados en la obra, el costo podría incrementarse cuando menos en 160 millones de dólares, si se toma en cuenta que falta cuantificar otros rubros como instrumentación, ingeniería y pruebas de arranque.
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29 de octubre de 1999.
Roberto Aguilar Sierra, contralor interno de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo -mediante el oficio 18/576/0670/99-, pidió a Eduardo Vergara Cabrera, subdirector de proyectos de Pemex-Refinación, que girara instrucciones "a efecto de normalizar el desarrollo del proyecto" de modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
Aguilar Sierra acababa de conocer los resultados del noveno informe de la Auditoría Técnica al Proyecto de Reconfiguración y Modernización de la Refinería en Cadereyta, edectuado por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional (CICATA-IPN), denominada como "tercería", toda vez que es una empresa contratada por Pemex-Refinación para evaluar objetiva y neutralmente el estado y avance de la obra.
"En los últimos meses, el atraso del avance del proyecto confirmado por Pemex-Refinación se ha incrementado en las cuatro fases: ingeniería, 7.78 por ciento; procura o suministro de materiales, 9.40 por ciento; construcción, 17.40 por ciento, y pruebas de arranque, 26.10 por ciento. Asimismo, en la disciplina de ingeniería (entrenamiento y medio ambiente) se registra un atraso de 65.86 por ciento".
En síntesis, expresa el documento de CICATA-IPN, estas cifras representan que la conclusión de las obras de modernización de la refinería está retrasada cuando menos un año.
De acuerdo con los últimos datos de Pemex-Refinación, dados a conocer la semana pasada, el avance general total del proyecto de modernización de la refinería es de 71.8 por ciento, es decir, hay un retraso, al viernes 13 de marzo, de 28.2 por ciento. Las evaluaciones se realizan día con día y los datos se refieren al atraso acumulado de las obras.
En lo que se refiere al oleoducto el retraso es mayor, toda vez que en diversos tramos apenas se han liberado los derechos de vía, es decir, la aprobación de particulares, poblaciones e instituciones locales y federales, públicas y privadas (como Ferrocarriles, Caminos y Puentes Federales de Ingreso, y municipios, entre otros), para que el oleoducto atraviese sus propiedades.
Por lo tanto, falta la construcción (alineado y soldado de los ductos), la protección (aplicación de anticorrosivos), las pruebas hidrostáticas y la colocación y tapado de los tubos en las zanjas.
A manera de ejemplo, en el tramo Nuevo Teapa-Mazumiapan, de 124 kilómetros, apenas se han liberado para derecho de vía 75.5 kilómetros; de Mazumiapan a El Tejar, de 132 kilómetros, se ha obtenido el derecho de vía de 90; de El Tejar a Emiliano Carranza, de 115, se han abierto 62 kilómetros. En el tramo Reynosa-Matamoros, de 91 kilómetros, han sido abiertos 72.
Como ejemplo de las limitantes que ha tenido la construcción del oleoducto se encuentran las indicaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, que afirma que no deberá seguir el trazo del ducto que ya existe, con el cual ya opera la refinería, donde se encuentran asentamientos humanos irregulares.
El informe de CICATA-IPN
El informe de la tercería, empresa que elaboró la auditoría técnica, cuestiona "el importante atraso que presenta el proyecto y la tendencia al incremento del mismo".
Ante el retraso de la obra, Pemex sugirió a la empresa contratista reprogramar la construcción de las unidades faltantes, que llamó "Programa de recuperación", para no enfrentar, según los técnicos petroleros que trabajan en el proyecto, los costos de la responsabilidad legal al no cubrir en tiempo y forma con las obligaciones del contrato.
Es más, la tercería consideró en su informe que el llamado "Programa de recuperación" es un término arbitrario:
"En nuestra opinión, la solicitud de Pemex-Refinación a Conproca para la elaboración de una revisión del programa de ejecución contractual [...] se ha denominado arbitrariamente programa de recuperación...".
De la misma forma, el contrato obliga al contratista "a revisar la situación programática del proyecto y presentar a Pemex-Refinación, dentro del plazo acordado en la junta, el nuevo programa de ejecución que seguirá soportado con las correspondientes redes de actividades de detalle, para asegurar el logro de objetivos, indicando las acciones que tomará para apegarse al nuevo plan", agrega el documento de la tercería.
Sin embargo, expresa el informe de CICATA-IPN, "el contratista no ha cumplido con estas cláusulas y Pemex-Refinación solicitó en forma indirecta su cumplimiento por primera vez al solicitar el programa de recuperación" el 23 de septiembre, a pesar de que
existe constancia de que el atraso lleva varios meses, toda vez que se evalúa diariamente el avance de las obras.
Con fecha de 29 de octubre, la Contraloría Interna de Pemex, dependiente de la Secodam, solicitó a Pemex-Refinación solicitar a Conproca el programa de recuperación de avances en términos de las obligaciones contractuales.
"Deberá contener: estrategia general a seguir y las medidas que se adopten en cada unidad; cumplir con lo referente al nivel de desglose... asignando duraciones realistas a cada actividad por ejecutar; programa de secuencia y arranque de las unidades, requerimiento de catalizadores y productos químicos para las pruebas; prioridades actuales de la refinería".
El programa de recuperación debe incluir también las actividades de las disciplinas eléctricas e instrumentación, "las cuales son las más críticas del proyecto".
Y todavía más, indica la tercería que "no hay evidencia documentada de que el contratista haya cumplido con la presentación de los programas establecidos en las cláusulas sobre construcción" y tampoco con el programa de ejecución.
La coquizadora
La coquizadora es la décima planta y la parte central de la modernización de la refinería. Tiene la función de reciclar los residuos que quedaron de la primera refinación del crudo, para aumentar la producción de gasolinas.
En el caso de la refinería de Cadereyta, la coquizadora inició su construcción antes que las otras plantas, con la finalidad de que antes de julio de este año estuviera concluida, puesto que sin esta planta el resto de los nuevos procesos de refinación no pueden ponerse en operación.
La unidad se concursó en 1994 y ganó Protexa la licitación; sin embargo, por incumplimiento se les rescindió contrato en 1999 y la obra se la asignaron a Conproca, es decir, se la dieron a la empresa que construye el resto del complejo, pero está en mora.
Al adjudicarla a Conproca, Pemex-Refinación agregó algunos conceptos que no habían estado considerados en el proyecto original, por lo que los ingenieros y técnicos que se encuentran en la obra presumen que el precio original de 102 millones se incrementará a 150 millones de pesos como el resto de las obras de la refinería.
La licitación
Pero si a lo anterior se le agrega que los manejos irregulares provienen desde la licitación, el retraso actual de la reconfiguración de la refinería no es más que una consecuencia de cómo se inició el proyecto.
Ingenieros y técnicos que participan en la construcción del proyecto son testigos de la forma en que Pemex-Refinería entregó la obra a Tribasa-Sunkyong-Siemens.
Es más, el grupo de ingenieros que integraron la tercería encontró en la auditoría que la oferta de Sunkyong, que asciende a poco más de mil 600 millones de dólares, alrededor de 28 incumplimientos graves a las reglas de la licitación, sin especificarlos.
El otro participante en la licitación, Mitsubishi-Bufete Industrial, presentó una oferta mil 200 millones de dólares más elevada que la de Conproca. Sin embargo, juzgan los ingenieros de Pemex entrevistados: "Mitsubishi-Bufete Industrial tiene mayor experiencia y conocimiento en este tipo de proyectos. Es un firma reconocida; en cambio Sunkyong es una empresa intermediaria que renta todos los servicios. Tiene un solo despachito con unas cuantas computadoras en Nueva York".
Se optó, expresaron los ingenieros, por tomar una decisión con base en criterios economicistas y se adjudicó el contrato a Sunkyong.
A los proveedores nacionales de material que le entregaron sus cotizaciones para que Conproca integrara su propuesta, una vez ganada la licitación, el consorcio les condicionó la compra de los materiales y bienes de capital a rebajas hasta de 50 por ciento.
Con estas triquiñuelas, los técnicos e ingenieros de Pemex presumen que las instalaciones que entregue el consorcio a la paraestatal tendrán una calidad mínima, con problemas de seguridad y baja productividad.
El atraso tiene ya consecuencias tanto para la paraestatal como para la firma concesionaria, aseveran los entrevistados: la primera espera un reclamo multimillonario por parte de Conproca por incumplimientos y atrasos en algunos rubros, como construcción y materiales, pero a los segundos se les puede rescindir el contrato por morosos.
ƑCuál será la salida después de julio?, se preguntan los trabajadores. Si se opta por la rescisión, el costo puede ser muy alto para la empresa pues perdería por el tiempo en que dejaría de producir; si se prefiere prorrogar el tiempo, el costo va a ser para la paraestatal, pues tendrá que erogar recursos para el pago del retraso.
"ƑQuién gana en todo esto? Porque los contratos para empresas nacionales son muy rígidos y para las extranjeras son tan flexibles que no prevén, como en este caso, una salida a las contingencias", concluyen los trabajadores.*
DESPIDOS, DE LA MANO
DE LA PRIVATIZACION
No sólo en el renglón de la petroquímica se han inhabilitado áreas completas. En lo que toca al al gas natural, la paraestatal concesionó, en 1997, a la empresa francesa Mexigas Natural la red del Valle de México, afirman los ex trabajadores David Cortés Bastidas y Miguel Angel Cruz Bencomo, entrevistados por separado.
Es más, la empresa ha concesionado lo que no es suyo: 54 unidades habitacionales a las que Pemex surtía pagaron la mitad del costo de los ramales de la red por la que recibían el gas y la paraestatal incluyó en su compromiso la parte de los vecinos, cuenta Cruz Bencomo.
En 1993 el Congreso reformó el artículo 27 constitucional y estableció que la distribución de gas no es sector estratégico de Pemex, por lo que a partir de ese momento se abrió la posibilidad legal de concesionarla a empresas privadas. Fue en 1997 cuando se hizo efectiva la reforma constitucional, con concesiones hasta por 30 años: se adjudicaron a Mexigas 159 kilómetros de ductos de alta presión (para industria) y 393 kilómetros de baja presión (para zonas residenciales) en el Valle de México, y dos de sus subsidiarias obtuvieron la concesión para Tamaulipas y Puebla.
Paralelamente, en julio de 1997 se eliminaron los subsidios en la venta de gas licuado.
En la actualidad, salvo en la segunda mitad de 1998 y los primeros tres meses de 1999, en que se exportó gas a Centroamérica y Estados Unidos, la producción nacional es deficitaria. El año pasado se importaron 145 millones de pies cúbicos, 34.3 por ciento más que en 1998, alrededor de 250 millones de dólares.
El problema se agravará, expresan trabajadores en activo de Pemex, pues aunque el país es deficitario se buscará reconvertir plantas de la Comisión Federal de Electricidad para que funcionen con gas.
"Todo parece indicar que el objetivo será importar de Estados Unidos... Es más, para los actuales funcionarios de la Comisión de Energía es mejor la importación, pues resulta más barato".
Cortés Bastidas, actualmente presidente de Técnicos y Profesionales por la Industria Petrolera, AC, organización integrada en su mayoría por ingenieros y técnicos petroleros que han sido despedidos o jubilados con anticipación, afirma:
"En los últimos 10 años han sido despedidos cuando menos 100 mil trabajadores, de todas las áreas, y en el medio de profesionales y técnicos se ha contratado unos 30 mil jóvenes, con un despido equivalente de trabajadores con carrera".
Ahora quedan entre 3 mil y 5 mil veteranos entre los técnicos y profesionales, que se defienden para no ser jubilados o despedidos.
De hecho, desde 1992, en que se dividió Pemex en tres empresas: Refinación, Exploración y Petroquímica, los trabajadores técnicos y profesionales fueron retirados del sindicato petrolero e incorporados al régimen de confianza, afirma Cruz Bencomo.
"La intención del gobierno mexicano era vender los 10 complejos de la petroquímica, y como no se ha podido se le entregará el mercado a las trasnacionales que operan en el país -expresa Cortés Bastidas-. A estas empresas no les interesa la producción. Si en México se cierran las plantas de Pemex, se encargarán de importar los insumos de sus filiales en otros países. Los 11 mil o 12 mil trabajadores de las petroquímicas, por tanto, esperan en cualquier momento su despido o jubilación forzosa".
La privatización de la paraestatal ya alcanzó, también, el área de exploración, en donde toda esta actividad, que era directamente manejada por Pemex, ha sido concesionada a empresas privadas.
La privatización en las demás áreas: refinación, producción y explotación de pozos, se definirá, sostiene Bastidas, después de las elecciones.