La presencia de las fuerzas armadas en los pueblos indígenas de Oaxaca no es nueva. Lo novedoso es el incremento --en términos de cantidad y calidad-- del Ejército mexicano, que ha llegado para quedarse en el seno de las comunidades indígenas, en los caminos o en el corazón de las montañas. Se trata de una invasión silenciosa que avanza lentamente.
Numerosos testimonios afirman que en las comunidades donde el Ejército ha llegado se violentaron las garantías individuales y la vida comunitaria. Nada vuelve a ser como antes. Los pueblos indígenas tienen que "aprender" el lenguaje silencioso de las armas de los militares federales: darles techo, alimentos, suelo. Más allá de las formas de resistencia tradicional, en los últimos años, las comunidades están aprendiendo a resistir la invasión de sus territorios, el escrutinio riguroso de los ojos de otro indígena al que le pagan por defender supuestamente la soberanía de la nación.
 

Las montañas de la Sierra Norte se pintan "verde olivo". En una visita a las comunidades de la Sierra del Rincón, se constató la presencia militar del LXVIII Batallón de Infantería con sede en Jalapa, Veracruz. En 1996, el diario Noticias de la Cuenca del Papaloapam daba cuenta de la existencia de un grupo armado que recorría la Sierra Norte. Esto originó un despliegue de fuerzas armadas, principalmente en el Rincón de la Sierra Juárez. El Ejército realizó vuelos rasantes día y noche; penetró a la montaña, interrogó a los pobladores, principalmente a niños y mujeres.
Diódoro Carrasco Altamirano, gobernador en aquellos tiempos declaró que "no existían grupos armados en la región". Sin embargo, la presencia militar no se justificaría de otra forma. Finalmente "los ejércitos" se quedaron, estableciendo retenes en Ayotzintepec con aproximadamente 300 soldados el 29 de diciembre de 1996. A la par, en Ixtlán de Juárez se ubicó una Base de Operaciones Mixtas que sigue funcionando.
Durante 1996, el gobierno acusó a la Unión de Comunidades Indígenas Zapotecas y Chinantecas Emiliano Zapata, UIZACHI-EZ (organización que hoy ha desaparecido por la represión sufrida) de ser brazo político y armado del Ejército Popular Revolucionario (EPR). En aquella ocasión fueron detenidos algunos de los integrantes de la organización y sus comunidades prácticamente fueron sitiadas por el Ejército, que revisó casa por casa en cada comunidad, violando la Constitución y los derechos de los comuneros.
Para desarticular la UIZACHI el gobierno creó el Fondo Microregional que, con recursos de la Sedesol, el INIy el gobierno del estado, empezó a cooptar a los indígenas de la región. En 1999, en la comunidad zapoteca de Tanetze continuaron los recorridos, la intimidación, fabricando órdenes de aprehensión contra comuneros que el Ejército consideraba integrantes de un grupo armado. La población decidió aclarar la situación con los militares. Finalmente no se libraron las órdenes, pero siguen pendientes.
En la comunidad zapoteca de Lachixila, el Ejército se llevó en helicoptero a las autoridades. Éstas relatan que allá arriba en el helicoptero, los militares les preguntaban si pertenecían a algun grupo armado y si no confesaban, los amenazaban con arrojarlos a las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro. Aunque la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca hizo innumerables denuncias, ninguna logró prosperar.
Los comuneros de esta zona montañosa afirman que la presencia militar se debe a la organización de los pueblos indígenas de la región que el Ejército busca desactivar.
 

Los pueblos de la Sierra Sur bajo sitio. Un estudio del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro afirma: "A partir de fines de 1995, incursionaron tropas a la región chatina, mixteca y zapoteca en Amoltepec, Teojomulco y Tlacotepec. Los militares intimidan a los pueblos e ignoran a las autoridades municipales. En sus operativos cuestionan a la población y a los miembros de partidos de oposición, preguntando por la identidad de sus líderes y sobre las actividades del sacerdote y los catequistas". A partir de 1997 se construyó en Miahua-tlán de Porfirio Díaz la XLIV Zona Militar que cuenta con unidad habitacional, campo de entrenamiento y pista de aterrizaje. Tiene influencia en 175 municipios de la Costa, los Valles Centrales, la Sierra Sur y parte de la Mixteca. Fuentes consultadas señalan que en sus campos de adiestramiento frecuentemente se entrenan tropas de Veracruz, Tabasco y Puebla. Así mismo, se encuentran 500 efectivos de las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata. El interés de la Secretaría de la Defensa Nacional es tan fuerte que su titular visita cada tres meses la Zona para supervisar a la tropa destacamentada.
La presencia del Ejército Mexicano se ha justificado de diversas formas. Una ha sido a través del Plan DN III. Con el sismo de 7.4 grados en 1999 y las constantes lluvias en la región, el Ejército llevó auxilio a la población afectada, pero el incremento militar fue notorio desde 1994 con el surgimiento del EZLN y en 1996 con la aparición del EPR.
En 1996 en la comunidad de Zieneguilla fueron cateadas casas y se detuvo a una persona. El Ejército se llevó fertilizante y hacía preguntas sobre "donde están las armas". En la agencia de La Pila, a Salomón García le fueron afectadas siete hectáreas de tomate. El Ejército pensó que era un plantío de marihuana, y fumigó el sembradío. No se le indemnizó por el daño. También se ha implementado en la cabecera municipal una campaña de despistolización que incluye interrogatorios a quienes encuentran caminando después de las diez de la noche.
El pasado 11 de noviembre, en la comunidad de Unión Providencia del municipio de Santiago Textitlán, los militares se introdujeron a varios ranchos, forzaron puertas, vaciaron costales de maíz al piso y se comieron fruta del lugar. En la misma agencia hay malestar en la población, ya que los militares cazan venados e iguanas.
Los militares han dejado a su paso descomposición social que se refleja en el aumento del alcoholismo y la prostitución, la creación de cantinas, la proliferación de adolescentes embarazadas por militares, el acrecentamiento de los casos de adulterio donde los soldados han sido protagonistas y en el incremento de riñas entre civiles y militares. Esta situación se agravó con la inauguración --en diciembre de 1999-- de la XLIV Zona Militar. Los zapotecos no pudieron hacer nada para detener su instalación. La gran mayoría de los habitantes zapotecos dicen que "se vislumbra que la militarización va a ir en aumento y jugará un papel importante en el próximo proceso electoral. No cabe duda que nos tienen cercados, nos quieren intimidar. Con los retenes, el Ejército quiere tener un control total de la población".
 

Los Loxichas entre la rebeldía, la marginación y la militarización. El ataque del EPR al punto turístico Crucecita Huatulco de la región de Los Loxichas ubicada en la sierra de Pochutla, trajo consigo la militarización y paramilitarización de sus comunidades. Desde entonces las comunidades han visto encarcelados a más de cien pobladores y se incrementaron los asesinatos selectivos, las detenciones arbitrarias, la tortura, y otras violaciones a los derechos humanos. Aquí los zapotecos viven un cerco militar, paramilitar, económico y social. A tres años del levantamiento eperrista, aún existen más de noventa órdenes de aprehensión. Todo esto ha desatado una psicosis colectiva de miedo, angustia y terror en la población.
En Los Loxichas se ubican cuatro Bases de Operaciones Mixtas: en El Portillo de las Flores, Magdalena Loxicha, La Sirena Miramar, Loxicha y Agustín Loxicha. Se acondicionó un helipuerto doble en La Cruz para facilitar el desplazamiento de tropa a la región.

Antes de la aparición del EPR, la región no contaba con caminos. Los pobladores comentan que por años los solicitaron y nunca fueron atendidos. En menos de dos años, se han abierto caminos de terracería hacia todas las comunidades. Los habitantes están conscientes de que las carreteras significaron que los cuerpos policiacos se movilizaran con mayor velocidad.
La gente vive con miedo. Los patrullajes y sobrevuelos militares son constantes. La gente se ha tenido que acostumbrar al ruido que hacen las aeronaves.
A esta situación se suma la existencia de grupos paramilitares, como Los Entregadores, surgido en el sexenio de Diódoro Carrasco, entrenado y pagado desde altas esferas del poder. Su mando es la actual autoridad municipal, originario de la región y ex-policía judicial, Lucio Vázquez Ramírez. Está integrado por unos 50 o 70 personas de diversas comunidades,fundamentalmente de San Agustín Loxicha. Normalmente se despla-zan en camionetas último modelo y su armamento incluye Ak-47, M1 y M2. Sus prácticas son des-piadadas y sanguinarias. Tienen como papel principal delatar, pero también torturan, asesinan, violan a mujeres y participan en detenciones arbitrarias. Operan conjuntamente con militares, judiciales y la policía preventiva. En síntesis determinan quién vive y quién muere en la región. Los pobladores de las comunidades los tienen identificados y en cualquier mo-mento el odio acumulado puede desatar una violencia de enormes proporciones.
Los habitantes han denunciado a los principales paramilitares: Lorenzo Martínez Enríquez, Juan Martínez Ruiz, Aquiles Martínez Ruiz, Virgilio Enríquez Santiago, Alberto Enríquez Luna, Rogelio Cruz Fabián, Donato Enríquez Martínez, Pablo Enríquez Matías, Félix Santiago Santiago, Alejandro Matías Antonio, Emiliano Mendoza José, Eucario Mendoza José, Juan Martínez Santiago, Onésimo Ruiz Santiago, Arturo Felipe Almaraz, Faustino Sebastián Valencia, Flavio Almaraz Pacheco, Donaciano Santiago Santiago y Apolinar Martínez Mendoza, entre otros.
Más de ochenta mujeres han permanecido en plantón por más de tres años exigiendo la libertad de 96 indígenas zapotecos que permanecen en diversas cárceles del país.
 

En el Istmo los vientos de la militarización soplan fuerte. Esta región del Istmo es considerada estratégica por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno federal, y por diversas compañías trasnacionales, con lo que se pretende justificar el incremento del Ejército federal.
En los Chimalapas son una realidad cotidiana de los zoques los retenes, las Bases de Operaciones Mixtas y los puestos móviles. A esto se suman las pugnas territoriales y las invasiones de gana-deros chiapanecos que cuentan con guardias blancas para protección de sus intereses. En 1999 el conflicto por la tierra adquirió dimensiones preocupantes, en gran medida por la irresponsabilidad de los gobiernos en turno. Los zoques han denunciado lo anterior y cuestionado la presencia de soldados que intimidan a la población, decomisan armas y los interrogan sobre sus líderes, su organización y sus supuestos nexos con el EZLN.
En Lachiviza, en 1996, mientras los alumnos del Centro de Educación Campesina de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo CEC-UCIRI tomaban sus cursos, el Ejército mexicano se apoderó de las instalaciones y realizó acciones de cateo, intimidación y amenazas.
A partir de la realización de la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio un destacamento militar permanece asentado en la comunidad huave de San Francisco del Mar. En el mes de marzo de 1999, fueron amenazados brigadistas de esta comunidad. Un huave afirmó: "no estábamos acostumbrados a los verdes, pensamos que eran sólo recorridos, pero se quedaron. Tenemos miedo por nuestras mujeres e hijos".
En el Bajo Mixe la presencia militar ha aumentado. En esta zona se encuentra el VI Regimiento de Artillería, destacamentado en Matías Romero, y se ha constatado la presencia de aproximadamente siete retenes militares. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) ha denunciado en varias ocasiones el incremento militar y la existencia de un posible grupo de pa-ramilitares que en marzo de 1999 amenazó con atacar la asamblea comunitaria en San Juan Guichicovi, donde se llevaría a cabo la consulta zapatista. Hoy Matías Romero se ha convertido en una zona de tolerancia, con aumento de cantinas, prostitución y otras secuelas de la desintegración familiar.
Para el Centro Regional de Derechos Humanos Tepeyac, la principal razón de la militarización del Istmo es que se considera una zona estratégica para el desarrollo de un ambicioso megaproyecto al que se han opuesto organizaciones sociales, no gu-bernamentales y comunidades. Los militares se encuentran en puntos estratégicos donde estará o se han iniciado los trabajos de esta obra. Los militares cumplen objetivos de "contención social donde la función es que la gente se sienta controlada".
En Juchitán los militares no han entrado en una confrontación directa con las comunidades indígenas, aunque si se registran abusos por parte de diversos cuerpos policiacos. Los entrevistados en esa ciudad mencionan que los retenes se ubican en La Ventosa, integrados por soldados, judiciales, policías preventivos y agentes de migración, con cien elementos y de 7 a 10 barricadas; cuentan con vehículos artillados y de desplazamiento. Los retenes tienen la función de controlar la migración, principalmente de Centroamérica, pero existen evidencias que en muchos casos actúan en complicidad con los "polleros".
En Salina Cruz, se localiza la Zona Naval número 20 que realiza patrullajes no sólo en lanchas, sino en camiones que se internan en las comunidades, que han denunciado casos de allanamiento y cateo ilegal.
Desde la Base Aérea Militar número 2, de Ciudad Ixtepec, se efectúan sobrevuelos a comunidades indígenas y la descomposición social adquiere dimensiones preocupantes. En La Noria se localiza una unidad habitacional militar, y en el puerto de Salina Cruz un centro de adiestramiento. Los pobladores cercanos afirman que hay un incremento de patrullajes terrestres y aéreos. Los vuelos son rasantes de día y de noche; los helicópteros portan una inmensa luz: "es como si fuéramos conejos y estuvieran de caza".
Las formas de operar, los pretextos y el control territorial de los militares varía de acuerdo a la región. Por ejemplo en Juchitán --ciudad que en los setenta fue muy acosada por los militares a raíz del movimiento de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI)-- los pobladores dicen que los militares actúan con mucho tacto ya que saben que la gente va responder a las agresiones. En cambio en Uxpanapa todavía se recuerda que hace dos años, a raíz de un conflicto poselectoral, el gobierno ordenó la militarización abierta y brutal, a tal grado que había un soldado en cada calle con arma en mano.

La Cuenca del Papaloapan. En esta importante región económica ocurre desde los setenta una violenta pugna agraria entre ganaderos, guardias blancas, policías, judiciales, Ejército y las organizaciones populares y civiles. A partir de esta lucha las familias caciquiles como los Ahuja, los Moreno Sada y los Cue, perdieron grandes posesiones de tierra, lo que permitió a algunas organizaciones, como la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), adquirir fuerza para "mantener a la raya" la militarización y resistir la acumulación de órdenes de aprehensión contra la dirigencia colectiva de las organizaciones.
Sin embargo, a raíz de un conflicto postelectoral y agrario reciente, la comunidad de San Juan Lalana se ha militarizado.
La persecución ha sido intensa y actualmente está como preso político el Comisariado de Bienes Comunales. Existen órdenes de aprehensión en contra de varios indígenas de la comunidad.
La preocupación más fuerte en esta parte del Papaloapan es la acción de las guardias blancas y los pistoleros de los grandes ranchos, financiados por el gobierno a través de una organización campesina priísta, la CECOEZ. Según campesinos entrevistados, los viejos caciques se niegan a perder el control que tuvieron.

Los nuevos conquistadores de los Valles Centrales. En el corazón de la ciudad, frente a la Alameda de León, se encuentra una oficina de la Procuraduría General de la República, en el que es muy común que militares lleguen con indígenas para ser presentados ante el Ministerio Público Federal acusados de narcotraficantes. El domingo 12 de diciembre de 1999 un camión militar llegó con seis campesinos de Santiago Quiatoni amontonados en el piso, amordazados y golpeados.
Se sabe que en algunas comunidades circunvecinas a Quiatoni el Ejército ha establecido convenios con narcotraficantes, donde incluso opera una ruta.
En cada una de las entradas principales de la ciudad de Oaxaca, existe por lo menos una Base de Operaciones Mixtas.
Éstas cuentan con unos sesenta efectivos militares de planta, listos para actuar.

La Mixteca, la Costa y la Mazateca: los ojos del Ejército en el corazón de los pueblos. En el centro del territorio triqui, Juxtlahuaca, está asentado el XCV Batallón de Infantería. La población considera innecesaria su presencia porque en el área no existen grupos armados.
En abril de 1995, elementos del LIV Batallón de Infantería de Puerto Escondido mantuvieron sitiado a un grupo chatinos de Santos Reyes Nopala en la Sierra Sur. La organización de derechos humanos OIDHO, de Oaxaca, denunció que los militares torturaron a algunos pobledores y allanaron sus viviendas. Ante un problema entre agencias y municipio en Putla de Guerrero en el mes de noviembre de 1999, 150 paramilitares de filiación priísta auxiliaron a las fuerzas policiacas y militares para sitiar las poblaciones de El Campanario y San Miguel Copala.
El XLVII Batallón de Infantería se localiza en el municipio de Pinotepa Nacional, sus recorridos y retenes son constantes. En 1999, uno de los municipios "visitados" por las efectivos militares fue Ixtayutla. Un fuerte retén-destacamento se ubica en el tramo de Río Grande y Puerto Escondido, aproximadamente con 500 soldados. En la carretera Acapulco-Putla se ubica una Base de Operaciones Mixta.
Donde el narcotráfico y cacicazgo son problemas complejos, las incursiones militares a las comunidades son casi nulas. Según fuentes entrevistadas sedebe a la complicidad de las fuerzas castrenses con el narcotráfico.
En los primeros días de julio de 1996, más de mil elementos del ejército penetraron en la Sierra Mazateca, en los límites con Puebla y Veracruz, con el pretexto de buscar un presunto grupo de centroamericanos vinculados con el EZLN e interceptar un cargamento de armas. Se instalaron retenes en Nuevo San Agustín, Plan de Guadalupe, Agua Barbacoa y en la finca cafetalera Plan Carlota. El 6 de julio, cuando se realizaban las elecciones extraordinarias en Mazatlán Villa de Flores, varios cientos de elementos del Ejército llegaron al paraje Plan de Guadalupe, a unos 32 kilómetros de este municipio.

Los motivos del lobo. A partir de 1994, las Fuerzas Armadas se reestructuran en función de las comunidades indígenas consideradas como "focos rojos", asentamientos que se encuentran en una angustiante marginación. En un estudio oficial elaborado por el gobierno de Oaxaca, se reconoce la existencia de "dos grandes zonas enclavadas en la Sierra Madre del Sur y la Costa oaxaqueña, con características geofísicas, extensión territorial, densidad de población, índices de miseria y analfabetismo, deterioro de condiciones sociales e incomunicación adecuadas a la guerrilla".
Todo lo anterior en el marco de dos estrategias que según las propias fuentes oficiales comprenden:

1. Ampliar la base social propia. a) En acciones tácticas: reestructurar con un nuevo pragmatismo la relación gobierno-masas. b) En lo político: aplicar una política de masas que reelegitime a las instituciones. c) Tareas de inteligencia: descargar el gasto social de tareas contrainsurgentes.

2. Reducir la base social del adversario. a) Acciones tácticas: desmontar mecanismos propagandísticos; apuntar atinadamente la réplica propagandística.

b) Políticas: garantizar el estado de derecho; respeto a los derechos humanos y acoso a difamadores; exhibir sistemáticamente su falacia ideológica global. c) Tareas de inteligencia: Identificar y escrudriñar sus organismos fachada. Identificar a sus ideólogos militantes.

De entre todas estas acciones de contrainsurgencia finalmente se prevé el hecho de "controlar o reprimir la insurrección civil, sea resistencia pasiva o armada". La ocupación o su presencia conllevó, entre otros aspectos, mantener el poder local o regional fortaleciendo los cacicazgos existentes.
Los comuneros y comuneras de Oaxaca reconocen que "cuando los Ejércitos llegaron, originaron la violación de la vida comunitaria con secuelas como la intimidación, los allanamientos, las violaciones, las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, los asesinatos selectivos, pero sobre todo la destrucción de la vida comunitaria".