Siete líderes, entre los 11 indios acusados de homicidio

Yalálag: desgobierno y violencia

Blanche Petrich, enviada, Santa María Ixcotel, Oax., 9 de marzo * Once zapotecos de Villa Hidalgo de Yalálag, Sierra de Juárez, enfrentan aquí, desde el miércoles, cargos de lesiones y homicidio calificado en contra de un paisano suyo, Roberto Limeta Mestas, muerto durante la balacera con la que culminó el martes pasado el viejo conflicto intercomunitario de uno de los pueblos pioneros en la institucionalización de los usos y costumbres indígenas.

Entre los acusados figuran al menos siete miembros del Consejo de Ancianos, órgano supremo de la autoridad comunitaria. Muchos de ellos aseguran que jamás en su vida han tocado arma alguna, mucho menos dispararla.

Pero una prueba de radizonato de sodio acusa a parte del grupo que había ocupado la madrugada del martes 7 el palacio municipal; en particular a Víctor Aquino, el cartero del pueblo. El es señalado en las actas como el que detonó el balazo que terminó con la vida de Limeta. Tras las rejas del juzgado levanta los dedos índice y pulgar. "Es una injusticia. Que cualquier otra institución que sea seria me vuelva a aplicar la prueba de la pólvora. El Tribunal de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien sea. En ningún momento de mi vida he manejado un arma."

Aquino ha desempeñado muchos cargos en su pueblo: secretario del barrio de Santiago, responsable del cuidado del templo, promotor deportivo y maestro en el taller de lengua zapoteca Uken ke uken. Lleva 18 años como empleado postal y nunca, hasta ahora, había faltado al trabajo.

Aunque entre los detenidos no se encuentran dos de las figuras emblemáticas del movimiento pro autonomía en Oaxaca, Joel Aquino y Juana Vázquez, los interrogatorios del Ministerio Público y las actas levantadas hasta el momento apuntan en contra de ambos dirigentes. Incluso, el director de Averiguaciones Previas de la procuraduría estatal, José Antonio Díaz, ha solicitado que el MP "le obsequie" las respectivas órdenes de aprehensión.

Un municipio acéfalo

Juana Vázquez es una de las dirigentes indígenas de carrera más larga, tan larga como la trayectoria de la experiencia comunitaria yalalteca. Relata antecedentes del conflicto: "Mucho antes de que en el debate nacional se hablara de autonomías o derechos indígenas, estos zapotecos del macizo norte de la Sierra Madre derrotaron en asamblea al gobierno municipal caciquil en 1982.

"Costó mucho revivir las tradiciones, darle su lugar a la autoridad de los mayores, volver a resucitar el tequio (servicio público no remunerado) o legalizar las elecciones mediante usos y costumbres. Cuando lo logramos vimos que se hacían grandes avances en nuestro desarrollo. Lo hicimos sin derramar una gota de sangre. Por ejemplo, el tequio. Es una necesidad y un principio, además de ser tradición. No se puede pagar el servicio público porque los recursos son raquíticos."

Este proyecto siempre tuvo opositores, principalmente los grupos ligados al antiguo cacicazgo: Onésimo Cuevas, su hermano el párroco Hermilo, Abel Cristóbal. Pero también yalaltecos jóvenes, con otra idea de progreso, "ideas de suburbios de las ciudades, que entienden que encementar calles y poner focos elegantes, aun entre la pobreza y el analfabetismo, es desarrollo".

El año pasado fue de encono. Hubo unas primeras elecciones amañadas y unilaterales. La nueva autoridad fue pronto acusada de malversación. Paradójicamente, también fue denunciada de "violar la norma comunitaria" por pagar salario a sus funcionarios y empleados. Los simpatizantes del poder indígena se escandalizan: "šY lo pior... se lo embolsaron!"

Después de largas gestiones ante el gobierno estatal y de desconocimientos mutuos, se decretó la anulación de la elección municipal y se nombró un administrador del ayuntamiento. Este nunca pudo asumir sus funciones, ya que el grupo "urbanizador" no le entregó las llaves del palacio municipal.

Varios intentos negociadores por establecer un régimen de coalición fracasaron. Las autoridades oaxaqueñas perdieron el interés en el asunto. Y Yalálag quedó sin gobierno.

Una "toma pacífica" y una balacera

Esta semana se terminó la paciencia. El Consejo de Ancianos sopesó el asunto y resolvió que era necesario "recuperar" el Palacio Municipal en poder el grupo rival. Para subrayar el hecho de que la toma contaba con la venia de los mayores, ellos encabezaron al grupo de unos 40 hombres. A las cuatro de la madrugada irrumpieron, mandaron a sus casas a los cuatro topiles que dormitaban en la puerta y se posesionaron del inmueble. Antes de las cinco de la mañana las campanas de la parroquia convocaron a los simpatizantes del padre Hermilo Cuevas. Un grupo de 80 hombres, algunos fuertemente armados, con Roberto Limeta Mestas y su hermano Panuncio al frente, rodeó el palacio y se desató la balacera.

Dos versiones se contradicen. La parte acusadora sostiene que hubo fuego cruzado y que Limeta Mestas cayó por un disparo de Víctor Aquino. Este último argumenta que estaba desarmado y que se había replegado hacia otro ángulo de los portales del inmueble y que en el momento de los balazos dos mujeres del grupo agresor lo tenían agarrado de los brazos. Otro hombre lo golpeó con una varilla en la cabeza. Los detenidos sostienen que en la oscuridad Panuncio confundió a su hermano Roberto y le disparó. El no fue detenido.

El amanecer encontró un cadáver frente a las puertas del palacio en disputa. El grupo que había ocupado el local fue cercado por el bando contrario. Aunque la policía estatal hizo presencia no intervino sino hasta la noche del miércoles, cuando detuvo a los 34 ocupantes, los amontonó en una camioneta y los trasladó a la prisión capitalina. Fueron presentados a la prensa y la nota roja los retrata, golpeados algunos, frente a una exposición de cuatro pistolas, un puñado de balas y unos cuchillos y picahielos alineados. Ayer fueron liberados 22 de ellos. Once son los que enfrentan los cargos de lesiones y homicidio calificado.