La Jornada lunes 6 de marzo de 2000

Iván Restrepo
La denuncia presidencial en torno a la ballena gris

CUANDO MENOS SE ESPERABA, el presidente de la República anunció la cancelación del proyecto para ampliar la salinera más grande del mundo en áreas adyacentes a la laguna de San Ignacio, Baja California Sur. Dijo el doctor Zedillo que la medida se tomaba no porque fuera un riesgo para la ballena gris que se reproduce en la laguna, sino porque ''arruinaría el paisaje aledaño y queremos preservar ese paisaje''. San Ignacio pertenece a la más extensa área natural protegida de México, El Vizcaíno, con más de dos millones de hectáreas que albergan una enorme riqueza biológica.

Ubicada en el municipio de Mulejé, la laguna y sus áreas adyacentes se convirtieron a partir de 1994 en el centro de una agria controversia con repercusiones internacionales. Ese año, la empresa Exportadora de Sal (ESSA), con medio siglo de funcionar en la región y 25 años de ser una coinversión del gobierno mexicano y la Mitsubishi Corporation de Japón, sometió a aprobación del Instituto Nacional de Ecología un proyecto para ampliar su área de trabajo. El INE lo rechazó por deficiente e incompleto. ESSA prometió después completarlo y así garantizar que no habría daño alguno a los recursos naturales.

La empresa siempre dijo que la ampliación de su área de explotación salinera no ponía en riesgo a la laguna y mucho menos a la ballena gris, cuyo número ha crecido notablemente, pues sus procesos técnicos serían ''limpios''. Sostuvo que la oposición al proyecto nacía de intereses trasnacionales, de la competencia, pretextando defender las ballenas. Concretamente, la principal competidora de ESSA en Estados Unidos, a través del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, el cual recaudó millones de dólares para ese fin.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Leonel Cota, apoyó el proyecto y dijo que el turismo y las malas políticas de pesca le hacían más daño al ambiente de Baja California Sur que la salinera. Dijo no defender intereses mezquinos de nadie, sólo los de la región y sus pobladores, y acusó al gobierno federal de recoger pesos por la explotación de la salinera y regresarle centavos a su entidad. Su posición fue avalada por el Congreso estatal y diversas agrupaciones empresariales y sociales, que saludaban la llegada de más empleos e inversiones.

Muy distinto opinaron numerosos científicos, renombradas personalidades de las artes, la política y las letras, defensores de la soberanía nacional y organizaciones ambientalistas. Algunas calificaron a las autoridades federales de negligentes al poner en peligro el santuario ballenero y de convertirse en ''cómplices y encubridores de quienes por décadas han provocado severos daños a los ecosistemas''. Agregaban que, más redituables que la salinera eran el ecoturismo y la pesca, carentes de apoyo. Y que la ampliación, alentada por varias dependencias federales, en especial la Secretaría de Comercio, violaba la legislación sobre las áreas naturales protegidas, como lo es El Vizcaíno. Además, el presidente Zedillo y los directivos de ESSA recibieron decenas de miles de cartas de niños y niñas de todo el mundo exigiéndoles no matar las ballenas.

Llama la atención que al anunciar la cancelación del proyecto, el Presidente señalara a grupos y personas de utilizar a dicha especie para lucrar política y económicamente ''al extremo de manipular la buena fe de buenas personas, inclusive, y esto es lo más triste, niños y niñas, que afortunadamente se interesan cada vez más por la naturaleza''. Y utilizando para ello ''argumentos falsos e información distorsionada, lo cual ha dañado la causa legítima de los genuinos ecologistas''. Este señalamiento posiblemente se deba a que, según nuestras autoridades, la ballena gris y otras especies de la zona no estaban en peligro por la ampliación, aunque sí habría alteración en unas 8 mil hectáreas adyacentes a la laguna.

A cambio de lo que no podrá hacer ESSA, se anuncian recursos para diversificar la economía regional y elevar la calidad de vida de la población. Mientras se hacen realidad, la cancelación ''definitiva'' del polémico proyecto recibe apoyo por doquier. Convendría ahora saber qué organizaciones ambientalistas lucraron amparadas en la defensa de la ballena gris. Si es verdad que se gestaba en Estados Unidos un embargo comercial a las exportaciones de sal mexicanas so pretexto de no cuidar dicho cetáceo y otras especies endémicas o en peligro de extinción.

Finalmente, si para ''proteger al paisaje'', el gobierno impedirá los megaproyectos turísticos (como El Cid en Puerto Morelos y el de Melia en Xcacel, ambos en Quintana Roo) que ponen en peligro las tortugas marinas, los arrecifes de coral, destruyen manglares y otros ecosistemas protegidos por la legislación.