SABADO 4 DE MARZO DE 2000
* Preocupa a organismos la violación a garantías
Legisladores podrían supervisar los recintos castrenses: ONG
* Los diputados propondrían a candidatos a cargos militares, plantean
Triunfo Elizalde /III y última * Los nombramientos de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, del procurador general de Justicia Militar y magistrados del ramo, así como los principales jefes navales y militares, deben ser a través de una propuesta que haga la Cámara de Diputados y que ratifique el Senado de la República, plantean organismos civiles mexicanos participantes en la sesión semestral de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, señalan que "cualquier miembro del Congreso de la Unión tenga plena e irrestricta libertad para ingresar a cualquier recinto militar, incluidos los cuarteles, para realizar visitas e inspecciones, así como para dialogar y conocer el punto de vista de los servidores públicos del nivel que se considere necesario".
Al abordar el tema de la militarización en la seguridad pública y en zonas indígenas y campesinas del país, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos se refirió al incremento de esta medida en nuestro país, la cual aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha tratado de legitimar con jurisprudencia, "viola flagrantemente los artículos 16 y 129 de la Constitución General y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, del cual México es parte".
Hace notar que la militarización del país, "considerada ya como grave" y que ha traído consigo el aumento de las violaciones a los derechos cometidas por las fuerzas armadas, "ha crecido en el presente año", al grado que la CIDH recomendó la revisión de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, "no sólo no se ha hecho la revisión , sino que se han seguido incorporando militares en funciones de seguridad pública".
Impunidad para grupos paramilitares
Asimismo, se señala, en el contexto del informe presentado ante la CIDH, en torno a la situación de los derechos humanos en México, que en diferentes regiones del país, "principalmente en el sur y sureste", las fuerzas armadas desarrollan acciones militares de control del territorio y de la población, en combinación con fuerzas policiales como la Procuraduría General de la República, policías judiciales y preventivas, estatales, de la Federal de Caminos y del Instituto Nacional de Migración. Dicho control se efectúa "mediante la instalación de retenes provisionales y permanentes en carreteras, autopistas y caminos rurales", además "del establecimiento de bases militares y de operaciones mixtas en comunidades rurales y la realización de operativos policiaco-militares, que repercuten en el incremento de violaciones graves a los derechos humanos, como las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas y la tortura".
Las acciones anteriores, afirma la Red, constituyen las condiciones para la actuación impune de civiles armados o grupos paramilitares "formados y fomentados por las fuerzas armadas e instituciones de gobierno, que llevan a cabo ataques armados unilaterales, generando dos tipos de bajas humanas: a) el desplazamiento de poblaciones completas, más de 20 mil personas en Chiapas, y b) la eliminación sistemática de dirigentes sociales que tienen identidad sobre todo indígena y campesina. Tan sólo de enero de 1998 a julio de 1999 sumaron 365 muertos, reportados por la prensa", se puntualiza.
Y, por si fuera poco, se hace notar que "al mismo tiempo un gran número de militares "con licencia" (sic) encabezan "varias procuradurías y delegaciones estatales de la PGR". Luego de citarse como ejemplo el nombramiento del general Guillermo Alvarez Nava como director de la Policía Judicial Federal, se menciona el Informe Presidencial de 1999, donde se dice que "la Sedena participó en la profesionalización, capacitación y adiestramiento de 15 mil 722 elementos de diferentes cuerpos policiacos del país". Actualmente existen mandos militares en las policías de 28 de las 32 entidades del país. Se apunta como "preocupante el hecho de que la capacitación del Ejército haya llegado a dar cursos a Ministerios Públicos del estado de Guerrero en la zona militar de Atoyac de Alvarez".
Las ONG mexicanas presentes en la reunión semestral de la CIDH, efectuada en la sede de la OEA, en Washington, recuerdan que el relator especial de la ONU sobre tortura, al término de su visita a México, destaca en su informe que "el personal militar parece gozar de impunidad frente a la justicia civil y está protegido por la justicia militar, según lo constatan algunas de las escasas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han sido dirigidas a la Procuraduría General de Justicia Militar".
Dichas recomendaciones, "que muestran, por una parte, la impunidad de quienes han sido señalados como violadores a los derechos humanos y, por la otra, lo superficial de las investigaciones que no tocan fondo y se entrampan en su propio contenido".
Más adelante se subraya: "Ni siquiera esas recomendaciones (de la CNDH) son dirigidas al Presidente de la República, como comandante supremo de las fuerzas armadas, para que éste a su vez ordene las investigaciones correspondientes a la Procuraduría General de la República, organismo constitucional competente para conocer los casos concretos".