Miguel Concha
Sociedad civil y campañas políticas

Todavía existe en ciertos sectores políticos oficiales del país, tradicionales, y desde luego de cuño neoliberal, la convicción de que el ciudadano no tiene nada qué hacer en la gestión de los asuntos públicos, fuera de obedecer la ley, acatar las decisiones de la autoridad y emitir su voto el día de las elecciones.

A lo más que puede aspirar es a dar su opinión sobre el diseño de algunas políticas sociales, participar de manera subordinada en algunos aspectos de su ejecución, ser miembro de algún partido o agrupación política nacional registrada y conformarse con colaborar en alguna organización civil de asistencia. Por ello, es indispensable analizar en las plataformas de los candidatos a la Presidencia, por encima de posiciones partidarias, su concepción de la sociedad civil y de su participacion organizada en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

Hoy me ocuparé del candidato de la Alianza para el Cambio, quien, por lo menos en el papel, se ha preocupado por articular explícitamente al respecto una posición coherente. Lo mismo ha seguido planteando en los hechos con interés y claridad para el gobierno de esta capital, el abanderado del sol azteca.

Para el candidato del PAN y del PVEM es inconcebible pensar hoy en día en régimen democrático donde no existan organizaciones de la sociedad civil; y los partidos con auténtica vocación democrática nunca pretenderán presentarse como el único mecanismo legítimo de representación de todos los intereses y valores que conviven e interactúan en una sociedad libre. Para él, el pluralismo político sólo se convierte en una realidad cuando, paralelamente a los partidos, se permite y fomenta la existencia de organizaciones autónomas, a través de las cuales la sociedad puede expresar demandas y participar activamente en la vida pública. "El proceso democrático ųdice con énfasisų se convierte en una farsa cuando un partido o un grupo se presenta como el canal exclusivo para la participación política de la sociedad, cuando un régimen despoja a las organizaciones sociales de su autonomía y cuando un gobierno sólo reconoce como interlocutores a las organizaciones que puede controlar".

Por ello, frente a los retos morales, políticos, sociales y económicos, a los que ciertamente se enfrentará el gobierno nacional emanado de las elecciones del próximo 2 de Julio, es indispensable reconocer y valorar el trabajo de las organizaciones sociales hoy en México; y sobre la base del respeto y la transparencia establecer en un nuevo marco institucional mecanismos de cooperación de tales organizaciones con el gobierno.

"Hoy más que nunca ųdice igualmente con énfasisų se requiere una relación subsidiaria entre servidores públicos, organizaciones y ciudadanos. Porque el ejercicio del gobierno en una democracia se vuelve más efectivo en la medida en que se establecen lazos horizontales de cooperación, confianza y responsabilidad entre todos los miembros de la comunidad".

Para ello, el candidato de la Alianza para el Cambio propone discutir y analizar con profundidad cinco aspectos que le parecen fundamentales: el diseño de nuevas figuras jurídicas que faciliten la creación de organizaciones sociales, les den certeza y autonomía en el ejercicio de sus propias actividades y les garanticen transparencia en el manejo de sus recursos; una nueva política tributaria que promueva su funcionamiento y evite que subsistan en estado de penuria financiera crónica; mecanismos eficaces y transparentes de comunicación, que les permitan con seguridad el acceso a información pública confiable; la canalización de parte del gasto público a estas organizaciones, para que puedan participar en el diseño y ejecución de las mismas políticas públicas, y, finalmente, mecanismos de cooperación internacional que faciliten su trabajo.

En evidente contraste con lo que se piensa y muchas veces se dice desde las altas esferas del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil han demostrado ser en México un canal efectivo de participación social y de articulación de las legítimas demandas de los ciudadanos, y han sido igualmente un mecanismo eficaz para monitorear con acierto el desempeño de las autoridades.