SABADO 4 DE MARZO DE 2000
* La firma admitió anomalías en la compra-venta
No hubo dolo en el caso IBM, argumento de la justicia federal
Elia Baltazar * La ratificación de amparo para los implicados en el caso IBM y Ericcson por parte de la justicia federal no significa un revés para la Procuraduría capitalina, ya que se resarció el daño patrimonial ocasionado por la compra-venta irregular de equipo de cómputo y telecomunicaciones, y que ascendió a cerca de 60 millones de dólares, indicaron fuentes de la dependencia.
No obstante, criticaron el argumento mediante el cual se advierte que no hubo dolo en la actuación de los ex funcionarios de la PGJDF, entre ellos dos oficiales mayores, que pactaron la transacción comercial sin atender la Ley de Adquisiciones y Obra Pública.
Según fuentes de la PGJDF, las empresas aceptaron en su momento las irregularidades, pues no hubo licitación de por medio para comprometer la adquisición del servicio, y convinieron los acuerdos que no sólo saldaron el monto de la adquisición, sino un porcentaje extra por los daños ocasionados.
La dependencia, por su parte, retiró la querella interpuesta, aunque los procesos penales en contra de los presuntos responsables continuó, sólo que en manos de la justicia federal, pues los tribunales del Distrito Federal declararon incompetente a la PGJDF para perseguir los delitos en que incurrieron ex funcionarios de la dependencia y ejecutivos de las firmas.
Así, lo devuelto a la PGJDF por IBM incluso sobrepasa la suma original, pues se comprometió ųy así lo ha hechoų a aceptar la devolución de los bienes y servicios pactados y restituir mediante una nota de crédito la cantidad de 25 millones 950 mil 245.15 dólares, que había recibido como pago. También pagó a la dependencia 6 millones 969 mil dólares en efectivo, que ingresaron a la Tesorería del Distrito Federal.
IBM otorgó, además, una nota de crédito por 4 millones 40 mil pesos y aceptó garantizar que en el ejercicio de las notas de crédito otorgaría a la PGJDF el precio más bajo que ofrece la empresa en México. Y, para no afectar el funcionamiento de la Procuraduría capitalina, aceptó, sin costo alguno para la dependencia, que la devolución de los bienes se realizara hasta que se entregaran los nuevos equipos.
Si bien los tribunales locales y federales consideraron incompetente a la PGJDF para perseguir los delitos en que presuntamente incurrieron los ex funcionarios de la dependencia y ejecutivos de la firma, acusados de coalición de servidores públicos y uso indebido de atribuciones y facultades, será la Procuraduría General de la República la responsable de seguir las investigaciones del caso.