Acepta corte británica revisar expediente del examen médico
Pinochet, varado en Londres
Dpa, Ap, Afp y Reuters, Londres, 8 de febrero Ť El tribunal de apelación de la Alta Corte británica aceptó hoy el recurso de revisión sobre la decisión del ministro del Interior, Jack Straw, de mantener la confidencialidad del examen médico a Augusto Pinochet, lo que implica que su liberación podría retrasarse varios meses más.
De esta manera, Bélgica y seis organizaciones defensoras de los derechos humanos pusieron en duda que Straw pueda liberar al detenido por razones de salud, ya que el juez Simon Brown aceptó abrir una audiencia judicial plena para tratar a fondo el asunto sobre la decisión de Straw de inclinarse por liberar al ex dictador chileno.
El juez Baltasar Garzón, quien en octubre de 1998 logró que el ex militar fuera arrestado en reclamo de extradición a España por violaciones a los derechos humanos, reiteró al mismo tiempo su petición al canciller, Abel Matutes, para que adopte las medidas necesarias ante la fiscalía británica a fin de evitar la liberación del acusado.
Bruselas expresó su satisfacción y confianza por la decisión del juez, al señalar el canciller, Louis Michel, que "esa actitud demuestra que Bélgica tenía buenos argumentos que fueron defendidos con competencia por nuestros abogados".
El abogado del gobierno belga, Nigel Pleminag, intervino en Londres ante tres jueces del tribunal de apelaciones de la Alta Corte para solicitar que se le permita interponer un recurso de revisión judicial ante la anunciada decisión de Straw de liberar a Pinochet, según el cual su estado de salud no le permitirá resistir un juicio largo.
El juez Brown, acompañado de sus colegas Latham y Dyson, comentó que su proceder sólo tuvo la intención pragmática de evitar que otro "infortunado tribunal" tenga que revisar de nuevo todo el caso sobre Augusto Pinochet desde el comienzo.
No obstante, la decisión prolongará por varios meses la situación de arresto domiciliario del ex gobernante de facto, de quien se creía que esta semana podría ser liberado por Straw, de tal modo que incluso un avión chileno se encuentra ya en una base militar londinense.
"Lo que se decidió hoy es que la revisión judicial ųde la decisión de Strawų es permitida", explicó Virginia Shoppee, investigadora para Chile de Amnistía Internacional. Dijo que el juez Brown encontró que había razones para dar su aval de que el asunto podía verse más adelante basado en los "méritos".
Es decir, la Alta Corte podría decidir que el informe confidencial médico practicado a Pinochet debe ser comunicado a las partes, pues Bélgica y los seis organismos humanitarios encabezados por Amnistía cuestionaron que se les excluyera como parte interesada y que ante un informe secreto no podían contraargumentar.
Un portavoz de Amnistía expresó la satisfacción del organismo, al explicar que ahora lo que va a continuar en la audiencia ųprobabalmente a partir de este miércolesų es la revisión del contenido del expediente, y "la consecuencia de esta decisión es que una apelación ante la Cámara de los Lores, por cualquiera de las dos partes, es posible".
Ante el argumento de la defensa de Pinochet de que al revelarse los exámenes médicos el acusado teme ser "estigmatizado" como "enfermo mental", el abogado del gobierno belga, Nigel Pleminag, dijo que ellos buscan revisar ese informe médico ya estudiado por la fiscalía británica, y que si Bélgica es autorizado para conocerlo, dicho documento seguirá siendo confidencial.
El abogado de Straw, Jonathan Sumption, dijo que el ministro sabe perfectamente la gravedad de los crímenes de que se acusa al senador vitalicio y los sentimientos de las víctimas, pero que el caso de la extradición no lo puede abordar como símbolo de indignación.
En Madrid, el juez Baltasar Garzón insistió ante el canciller, Abel Matutes, para que apele de una eventual decisión británica de liberación de Pinochet, de cuyo documento envió copia a la fiscalía británica demandado actuar con los "recursos pertinentes", reportó el corresponsal Armando G. Tejeda.
Pero el portavoz gubernamental Josep Piqué reafirmó que el gobierno de José María Aznar "mantiene su actitud de pleno respeto a las decisiones judiciales" y a la "autonomía del poder político del gobierno británico". Es decir, no apelará ante Londres.
Uno de los abogados de la acusación, Joan Garcés, comentó a su vez que el caso Pinochet está todavía en "la fase judicial", lo que estimó se confirma con la decisión del juez Simon Brown. Por tanto, dijo, "la ley obliga al gobierno español a trasmitir las resoluciones" de la justicia local.
Ť Es la decisión que esperábamos: familiares de desaparecidos chilenos
Fracaso de Frei, dice la derecha sobre el caso Pinochet
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 8 de febrero Ť Reacciones encontradas provocó en esta capital la decisión de la justicia británica de aceptar la revisión judicial del caso de Augusto Pinochet, en tanto que la derecha chilena calificó lo ocurrido como un "fracaso político" del gobierno de Eduardo Frei.
Aunque en principio el gobierno chileno negó que esta situación signifique una nueva "complicación por ahora", el canciller Juan Gabriel Valdés celebró de inmediato reuniones con su equipo y la asesoría jurídica para analizar todos los aspectos, debido a que el nuevo cuadro podría llevar el caso otra vez a la Cámara de los Lores.
La sorpresiva decisión del juez británico Simon Brown de aceptar revisar el caso ante el segundo recurso presentado por el gobierno de Bélgica y seis organismos de derechos humanos encabezados por Amnistía Internacional (AI), hizo recuperar las esperanzas a los activistas opositores al pinochetismo.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) emitió una declaración en la que asentó que "esta es la decisión que esperábamos del magistrado Maurice Kay, el 31 de enero pasado, quien avaló el derecho del ministro del Interior británico Jack Straw de impedir la extradición de Pinochet a España".
La presidenta de la AFDD, Viviana Díaz, indicó que "es inaceptable que por presión política el caso Pinochet no tenga una salida judicial", y aseguró que los miembros de su agrupación no habían perdido la esperanza de que algo tenía que pasar y revertirse la situación.
Otras integrantes de la agrupación también expresaron su felicidad, y destacaron que esto cambia drásticamente el curso del proceso porque en adelante los organismos de derechos humanos podrán apelar y, "por lo tanto, se alarga el proceso".
"El hecho que Bélgica actúe ahora es por presiones políticas, son dividendos políticos que no benefician a Chile como nación, como Estado soberano", apuntó.
A su vez, el Movimiento Vitalicio Augusto Pinochet efectuó una manifestación frente a la embajada de Bélgica en Santiago, en la zona de Providencia, y entregó una carta de protesta por lo que calificó como "una intromisión en asuntos internos del país".
Durante la protesta, que transcurrió sin incidentes, los manifestantes repudiaron "el colonialismo" y clamaron por un "Chile digno".
El abogado Fernando Barros, uno de los más allegados a Pinochet, reconoció que el paso dado por la Alta Corte abriría el camino para que el caso pase a la Cámara de los Lores, prolongando el proceso debido a eventuales apelaciones de la acusación o la defensa.
El ministro secretario general de Gobierno, Carlos Mladinic, quiso calmar los ánimos al señalar que todavía no hay un fallo, por lo que no puede haber apelación, y que el tribunal británico lo único que quiere es ver a fondo el asunto para emitir su decisión.
No obstante, el canciller Juan Gabriel Valdés se reunió con su viceministro Mariano Fernández y el asesor jurídico Jaime Lagos, pues no se descarta que el caso puede ir nuevamente a los lores. Pues, por lo demás, Fernández acaba de regresar de Bruselas, a cuyo gobierno expuso la posición del gobierno chileno.
Por la derecha el vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente, Eugenio Cantuarias, aseveró que lo sucedido marca un "nuevo fracaso" de la política internacional del gobierno de Eduardo Frei, en tanto que Ignacio Pérez Walker, de Renovación Nacional, estimó que con el nuevo escenario judicial "el senador vitalicio estará tres meses más detenido en Londres".
En otro orden, el diputado socialista Juan Bustos no descartó que Ricardo Lagos asuma su mandato en medio de un paro de los transportistas como el que enfrentó Salvador Allende en 1993, en este caso ante el conflicto surgido por el alza de los combustibles, y por ello pidió la intervención del Estado a través de un subsidio.
En la Fundación Pinochet la noticia causó gran desaliento, pues su dirigente el ex general Luis Cortés Villa, señaló que su caudillo está "muy preocupado, muy inquieto, muy ansioso por esta situación", y que al no resolverse su pronta liberación su estado de salud resulta muy afectado y empeora.