Ť Jusidman: lagunas legales impiden liberar más menores de El Recobro

Empantanado, el rescate de otros niños

Ť Se ha evitado, mediante amparos, que el gobierno local actúe en la materia, manifiesta

Bertha Teresa Ramírez Ť La secretaria de Desarrollo Social, Clara Jusidman, señaló que la falta de sustento legal ha impedido al gobierno de la ciudad actuar para rescatar a menores recluidos en la casa hogar El Recobro.

Indicó que para esa secretaría, como para la de Salud y el DIF locales, hay una base legal insuficiente para poder entrar y rescatar a los menores, pues de hacerlo entrarían en controversias legales con el gobierno federal.

Agregó que la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno de la ciudad "no quieren entrar en controversias legales que nos lleven a un gasto enorme de energía con los abogados, mientras las personas recluidas en ese lugar continúan en condiciones lamentables".

Dijo que ante esta situación, es necesario que se efectúe un trabajo legislativo que dé claridad a las atribuciones del gobierno local en materia de vigilancia, supervisión y seguimiento de este tipo de instituciones sociales.

Argumentó que lo anterior debería proceder, pues el gobierno de la ciudad es el que ha tenido el mayor número de amparos otorgados por los jueces para evitar la intervención de las autoridades.

Indicó que en diferentes asuntos, los impartidores de justicia han evitado, a través de estos amparos, que el gobierno local actúe, y citó como ejemplo el caso de los anuncios espectaculares, que a pesar de los problemas que causan en las calles, algunos jueces les han otorgado amparos a las empresas que ponen esos anuncios, evitando así que los retiren.

La funcionaria expresó que luego de que la directora de El Recobro, Rosilia Ruiz Guerra, informó que abrirá otras dos casas de este tipo en el estado de México, se hace necesaria una coordinación entre las autoridades de la asistencia privada de las entidades, pues de igual manera hay instituciones que operan en el DF que están registradas en otras estados o en la Junta de Asistencia Privada.

Señaló que no hay instalaciones para atender a las personas con discapacidad intelectual en el abandono, "que es la población más excluida de la excluida", y por otra parte hay una "revoltura" en las funciones que desempeñan el DIF nacional, los locales y las juntas de asistencia privada.

Agregó que el caso de El Recobro deja en claro que las IAP deben ser reguladas. "Si al gobierno y a los funcionarios se les está exigiendo rendir cuentas y transparencia, debe ser lo mismo con las IAP, debido a que trabajan con población vulnerable, que no puede defenderse por sí misma, y porque manejan recursos públicos que provienen de donaciones y contribuciones de la población".

Me parece, dijo, que una "evolución" de estas instituciones sería la de transparentar y rendir cuentas a la sociedad respecto a cómo atienden a la población, "creo que este es un camino hacia la democracia".

Señaló que el tema de los enfermos mentales constituye un problema a nivel internacional, pues desde hace 20 o 30 años se decidió eliminar el modelo asilar a los pacientes con estos problemas de salud, por considerar que era mejor su integración a la comunidad y a sus familias, de manera que éstas fueran las que los llevaran a los hospitales siquiátricos; "sin embrago, lo que ha ocurrido es que hay un gran número de personas con padecimientos mentales que son abandonadas por sus familias, pues no saben cómo atenderlas, por lo que las dejan en las calles".