1968-2000

Mario Núñez Mariel

Hace 32 años, cuando el Ejército voló en añicos la puerta de la Preparatoria de San Ildefonso de un bazucazo, el rector Barros Sierra izó la bandera nacional a media asta en Ciudad Universitaria, con toda la dignidad que le fue propia en esos días aciagos. Ayer 6 de febrero, en cambio, el rector Juan Ramón de la Fuente cumplió, al parecer, las instrucciones del presidente Zedillo, se refugió en las fuerzas policiacas y permitió su intervención en el campus universitario. A menos que en su condición de subordinado del Ejecutivo federal ni siquiera su parecer le hayan pedido. No obstante, habrá que reaccionar con toda la fuerza de nuestro coraje militante contra la intervención de la policía en CU, y es de justicia elemental oponernos a la detención de los jóvenes para su posterior consignación, acusados de delitos inverosímiles, si en respuesta a la solicitud del propio rector no son liberados.

Sin embargo tampoco podemos dejar de reconocer el costo político del sectarismo polpotiano de algunos de los dirigentes del movimiento, que hizo imposible cualquier arreglo negociado. La responsabilidad histórica de la debacle queda entonces en los haberes de la derecha universitaria, que inició el conflicto, y en la izquierda sectaria, incapaz de permitir a tiempo la victoria de los jóvenes universitarios que ahora sufren las consecuencias de los errores de una dirección narcisista e intratable.

El problema universitario se convirtió en caja de resonancia del descontento nacional y ahora se contemplan con toda claridad las consecuencias de una política educativa mezquina, sorda y ciega. Los jóvenes radicales de hoy reflejan, con particular dramatismo, el atraso de la educación pública nacional después de decenios de abandono presupuestal e indefinición estratégica. Con dificultad articulan su discurso nuestros jóvenes revolucionarios como resultado de los aprendizajes truncos recibidos en jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias mediocres, carentes de las instalaciones necesarias, sin los equipos adecuados y con profesores subpagados que dividen sus penas entre el atraso de sus educandos, la insensibilidad de las autoridades y las chambas múltiples.

Súmese al atraso educativo y cultural de numerosas generaciones de estudiantes sin futuro ocupacional garantizado, ahora representados por el CGH, la penuria de sus familias que viven en la duda permanente de encontrarse entre el pésimo salario o el desempleo, reproduciendo con frecuencia, en el marco de su penuria, la violencia intrafamiliar o el abandono de sus hijos. La inseguridad en las calles garantiza la violencia cotidiana en la vida de nuestros jóvenes. La drogadicción, el sida y el alcoholismo son sus fantasmas permanentes, aunados al odio concentrado en contra de los atracadores de cuello blanco que, encaramados en puestos públicos, académicos y privados hacen de la impunidad ejemplo. Se enfrentan, en suma, a una contradicción de clase insalvable: por un lado, se encuentran con la condición de cumplir las normas de un raquítico estado de derecho destinado a los que poco o nada tienen; por el otro, observan el libertinaje y el respeto irrestricto de la integridad de las fórmulas ilegales de políticos, ciertos prelados de la Iglesia, empresarios y banqueros, que se benefician de un sistema desigual, corrupto y autoritario.

Es en ese complejo contexto de lucha de clases inequívoca que se ha desarrollado el conflicto universitario; es en esa disparidad de condiciones que surgió la radicalidad de la generación de la huelga de 1999-2000. A ello responde la dicotomía entre la justeza de sus demandas y la torpeza de sus formas de intervención, deliberación y toma de decisiones.

Las disparidades entre su discurso, a menudo incoherente, con dejos de fundamentalismo intolerante, y su comportamiento sectario, acompañado de una resistencia frente a la adversidad, a menudo violenta, no niegan su derecho a rebelarse ante la injusticia generalizada y, sobre todo, no los convierte en delincuentes, terroristas, saboteadores y amotinados. Los cargos en su contra son tan absurdos y desmesurados como lo fueron los delitos imputados a los dirigentes del CNH de 1968. En México, país de la miseria generalizada y del desarrollo imposible, tierra de los presidentes neoliberales de insensibilidad social probada, rebelarse es y seguirá siendo una obligación autónoma e inevitable de los jóvenes provenientes de las clases explotadas y populares, mientras el sistema les niegue toda perspectiva de desarrollo profesional y personal.

Con la intervención de la fuerza pública en la Universidad Nacional, el problema dejó de ser académico para convertirse en conflicto político y social de envergadura. La reiterada aspiración a la vida democrática pasa ahora por la exigencia de la liberación de los nuevos presos políticos, sin la cual toda solución del conflicto universitario será parcial y pasajera; pero, más allá: las autoridades universitarias no podrán restablecer la vida académica si antes no resuelven el enigma de llegar a un arreglo negociado con los jóvenes universitarios en lucha.