Ť Coadyuvó con tareas informativas: Juan Moreno
Niega el PRD haber avalado saqueo a través del Fobaproa
Ť Dejará Zedillo problemas más graves de los que él heredó, dice
David Zúñiga I/ Ť El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no abrió la puerta para consolidar como deuda pública los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ni aprobó el uso discrecional de recursos públicos para el rescate bancario, sostiene Juan Moreno, asesor económico de la fracción perredista en el Senado, quien sostiene que el presidente Ernesto Zedillo le dejará a su sucesor problemas aún más graves de los que él heredó de Carlos Salinas de Gortari.
En entrevista, Moreno responde a un artículo de Alejandro Nadal publicado el martes pasado en estas páginas y considera injusto que se acuse al PRD de haber avalado el saqueo perpetrado a través del Fobaproa. Afirma que ese partido editó y distribuyó folletos y videos informativos e incluso organizó una consulta en la que participaron más de tres millones de personas. De no haber sido por el PRD, sostiene, hubiera ocurrido algo peor que la impunidad: ni siquiera se hubiera sabido qué pasó.
El PRD, agrega el también colaborador de La Jornada, votó en contra de la Ley del IPAB, aprobada por PRI y PAN a finales de 1998. Lo único que parece incongruente, dice, es el voto perredista a favor de la Ley de Ingresos para este año.
Moreno explica que los perredistas sufragaron a favor porque ello era parte de un compromiso con el Partido Acción Nacional (PAN) para cambiar el presupuesto de este año. Estos cambios, reconoce, no cambian al país ni la política económica, pero fueron un avance. Lo más importante, agrega, no son los 15 mil millones extra para gasto social, sino los candados que impiden al Ejecutivo manejar discrecionalmente el gasto --sobre todo los ingresos petroleros excedentes, que este año serán de 25 mil millones de pesos--, lo que habría sido "gravísimo" en un año electoral.
Normalmente, explica, los ingresos del gobierno rebasan lo previsto. Antes el Ejecutivo asignaba ese excedente a su arbitrio y recientemente se destinaba la mayor parte al rescate bancario: "Sólo en 1997 se usaron 40 mil millones más de lo que se había presupuestado, sin violar ninguna ley".
Los pasivos del Fobaproa-IPAB, agrega, se convirtieron en deuda pública reconocida en diciembre de 1998 con el voto de PRI y PAN. La propuesta original de Zedillo era que esos pasivos se consolidaran como deuda directa del gobierno federal, pero finalmente sólo se reconocieron como débito público registrado en el IPAB. En junio pasado se publicaron en el Diario Oficial las reglas de conversión de los antiguos pagarés del Fobaproa en nuevos bonos del IPAB con la finalidad de hacer líquidos estos documentos, es decir, negociables en el mercado.
El gobierno calculaba en diciembre de 1999 que los pasivos que el IPAB sumaban 725 mil millones, pero no podía introducir todos esos bonos al mercado, sino poco a poco, administrando la liquidez. Había dos opciones: que el banco central fuera el agente financiero para la colocación de estos títulos o que el IPAB lo hiciera directamente.
"No le vimos problema que lo hiciera el Banco de México, que es el responsable de la política monetaria y tiene todo el aparato para colocar papel del gobierno, pues ello permitiría mezclar los pasivos del IPAB con el resto de la deuda del gobierno y hacerla más manejable con tasas un poco más bajas", argumenta. Asimismo, niega que se haya eliminado el límite al endeudamiento del IPAB. "El tope es el mismo, de 6 por ciento; está definido en la ley".