* Obsoleta, la expulsión por "ayudas mutuas", asegura el ministro Castro
Zedillo, instrumento represivo de Madrid: PRD
* Continúa el silencio priísta
La detención y posterior expulsión fast track de los ciudadanos vascos se realizó al margen de la ley y sin el mínimo respeto a las garantías individuales que constitucionalmente goza cualquier persona en territorio nacional, afirmó María Rosa Márquez, secretaria de Derechos Humanos del PRD.
Constituyó, dijo, una clara violación a los derechos humanos de los extranjeros y a la política de asilo y refugio que ha dado prestigio internacional a México, pues el gobierno no cumplió con el procedimiento jurídico que debe llevarse a cabo antes de la deportación.
A su vez, legisladores perredistas lamentaron que el presidente Ernesto Zedillo haya roto los principios fundamentales de la política exterior de México, al prestarse a ser un "instrumento represivo" del Estado español contra los ciudadanos vascos, presuntamente ligados a ETA, a quienes se ha expulsado del país.
María Rosa Márquez condenó la "tolerancia" de las autoridades por permitir que policías españoles realicen actividades de vigilancia sobre presuntos integrantes de ETA, como fue el caso de los dos dirigentes de la izquierda vasca Iñigo Elkoro Ayastuy y Mikel Korta Carrión, quienes fueron seguidos durante su estancia en México.
Dijo que si bien debe existir cooperación entre México y España en contra del terrorismo, ésta no debe estar por encima de la legalidad y menos ser objeto de intercambio. "La expulsión de los ciudadanos vascos a cambio de los buenos oficios del presidente español, José María Aznar, en favor de México en el contexto de las negociaciones del tratado comercial con la Unión Europea, va en contra de la política nacional de refugio", abundó.
Aclaró que el PRD no prejuzga sobre la culpabilidad o la inocencia de los ciudadanos expulsados, pero sí hace un llamado al gobierno mexicano para que estos procedimientos se realicen bajo el amparo del tratado de extradición firmado entre México y España y con pleno respeto a las garantías individuales.
Cautela en la embajada española
La embajada de España en México se mostró cautelosa respecto a la decisión del presidente Ernesto Zedillo de aplicar el artículo 33 constitucional para expulsar de México a todo sospechoso de participar en el grupo separatista vasco ETA.
Emilio Ferro, agregado de prensa de la sede diplomática, se negó a comentar sobre las declaraciones que el Ejecutivo hizo durante su visita oficial a España. "No podemos decir más que estamos de acuerdo con las decisiones que tome el Instituto Nacional de Migración", subrayó.
El representante diplomático enfatizó que cualquier señalamiento respecto a los etarras debe ser hecho por el Ministerio del Interior de su país y la Secretaría de Gobernación en México.
Mientras, el candidato presidencial de la Alianza por México, Cuauhtémoc Cárdenas, consideró que la aplicación del artículo 33 a ciudadanos vascos presuntamente vinculados con ETA es un atropello a sus derechos.
Agunos de ellos, abundó, ya tenían varios años de radicar en el país e incluso habían entrado en forma regular; el gobierno mexicano sabía quiénes eran y por qué estaban aquí. Sus actividades habían sido tranquilas y pacíficas, ya se habían integrado a la sociedad, y sin embargo se les expulsó sin importar sus derechos.
Por su parte, el candidato presidencial del PARM, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que hubo presiones antes de la visita de Zedillo a España para la extradición de los vascos. "Sin embargo ųdijo el aspirante--, aquí hay dos principios: el derecho de asilo está justificado cuando se trata de algún disidente político y la posibilidad de extradición se fundamenta cuando se persigue a delincuentes de orden común fuera de sus territorios."
El diputado dijo que para que proceda la expulsión de México de algún ciudadano español, ésta debe justificarse plenamente tras el análisis profundo de cada expediente, como lo marca la ley. "Los criterios jurídicos están claros", señaló.
En el PRI, se informó que el partido no podría ofrecer una posición al respecto hasta que la embajadora Sandra Fuentes Berain, quien fungía como representante de México en Francia, ocupe la oficina de Relaciones Internacionales del tricolor, posiblemente este viernes.
"Se vulneró" la tradicional política de
asilo, opinan Saucedo y López y Rivas
El senador Mario Saucedo y el diputado Gilberto López y Rivas, a su vez, hicieron notar que el Congreso de la Unión debe tomar cartas en el asunto, toda vez que el Ejecutivo vulneró la tradicional política de asilo que ha caracterizado a nuestro país, al entregar a la policía de España a ciudadanos vascos, sin que mediara el juicio de extradición.
Con ello se vulneraron sus derechos elementales, agregó López y Rivas, y agregó que Zedillo "dio un triste espectáculo" con las declaraciones que, con José María Aznar, formuló en España.
En tanto, Eduardo Andrade, senador del PRI, advirtió que no necesariamente un extranjero debe salir del país bajo el proceso de extradición. "El gobierno puede aplicar sus leyes migratorias", aunque, dijo, no conoce a fondo el asunto. (Andrea Becerril, Fabiola Martínez, Georgina Saldierna y Matilde Pérez U.)
* El Estado moderno desecha cada vez más ese sistema, afirma
Jesús Aranda * Ante la controversia por la forma en que ocurrieron las recientes expulsiones de presuntos etarras y las declaraciones del presidente Ernesto Zedillo sobre la posibilidad de utilizar "lo mismo" expulsión, extradición o aplicación del artículo 33 constitucional, Juventino V. Castro, ministro de la Suprema Corte, estableció que los países deben ceñirse a las reglas en la materia que ellos mismos pactan, y éstas no son más que dos: acuerdos de extradición o el sistema de "ayudas mutuas" entre los Estados o gobiernos, utilizando diversos pretextos para entregar a quienes son solicitados por una de las partes.
Entrevistado brevemente en sus oficinas del máximo tribunal de justicia del país, el ministro responde a la pregunta, pero sin afán de polemizar sobre el asunto.
"El grave problema que han tenido en la antigüedad los países es el concepto cerrado de soberanía, ya que un Estado soberano no aceptaba de ninguna manera que la justicia de otro país lo alcanzara".
Por lo tanto, añadió, con la evolución de las cosas, se acordó una serie de reglas para que, cuando una persona que delinquió en un país se iba a otro, pudiera ser regresada. "Es decir, se estableció el tratado de extradición".
Ahora, cuando dos países no querían sujetarse a ese sistema, simplemente usaban el pretexto de que la persona solicitada no se encontraba en orden en el país. "Lo expulso para, en un momento dado, hacer prevalecer mi régimen personal".
Por lo tanto, no hay más que dos sistemas para que una persona que delinquió en un país, y que pasó a otro, sea regresada: o se hace bajo tratado de extradición, que es legal, que es constitucional, o se hace bajo un sistema de ayudas mutuas de Estado a Estado, de gobernantes a gobernantes, en los que se expulsa a la persona con el argumento de que ésta se encuentra irregularmente en dicho país.
"En vez de decirle, 'tienes que salir del país por donde quieras y como quieras', tiene que salir del país pero entregado en manos de otra persona; este segundo sistema es el que el Estado moderno cada vez va desechando más", concluyó el ministro del máximo tribunal de justicia.
Por otra parte, en un estudio interno de la propia Suprema Corte en materia de migración, se establece que si bien el Estado debe vigilar y cuidar que los extranjeros se sujeten a las leyes naciones, lo cierto es que tampoco hay razón de peso para prejuzgar a priori si un extranjero será nocivo o benéfico para el país.
Según el estudio, la deportación es la sanción jurídica que debe imponerse a todo aquel extranjero que lejos de ser benéfica su estancia en el país, no es un hombre respetuoso de las instituciones nacionales ni anhelante de la prosperidad general. Esta sanción debe operar sobre todos aquellos que no han adquirido derechos de residencia, pues los que ya tienen esa calidad de inmigrados sólo pueden ser expulsados en los términos del artículo 33 constitucional.