Ť Promovería la protección ambiental: Cespedes

Habría más recaudación con el impuesto ecológico que con el ISR

David Zúñiga Ť La aplicación de una reforma fiscal ecológica que redujera el impuesto sobre la renta (ISR) y a cambio aumentara el gravamen a los combustibles e impusiera un pago por las descargas de aguas residuales, entre otras medidas, le permitiría al gobierno captar el próximo año unos 272 mil millones de pesos, equivalentes a 22.89 por ciento de los ingresos federales, asegura en entrevista Gabriel Quadri de la Torre, director del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes).

Una de las asignaturas pendientes para el próximo año, explica Quadri, es una reforma fiscal ecológica. El ISR ''penaliza'' actividades benéficas como la producción, el trabajo, la generación de empleos e ingresos, la inversión y la productividad. La idea es utilizar la política fiscal para promover el desarrollo sustentable. Para ello se requiere no sólo hacer más eficiente la recaudación, sino también establecer un sistema de incentivos.

Asegura que este sistema no desalentaría el trabajo, el empleo ni la inversión y, en cambio, promovería el desarrollo sustentable y la protección ambiental. Además, estos gravámenes pueden ser mucho más fáciles de administrar, pues terminan por ser impuestos al consumo, que son más difíciles de eludir, más transparentes y de menor costo administrativo que los impuestos al ingreso. Esta sustitución de instrumentos fiscales, aclara, tendría que ser paulatina y mantener constantes los niveles de recaudación total.

Según las cifras del Cespedes, el potencial de recaudación por impuestos ecológicos es mayor al del impuesto al valor agregado (IVA, que participa con 14.2 por ciento) y el ISR (que aporta 20.4, incluido el gravamen a los activos, de 2 por ciento).

''Hemos hecho análisis sobre el potencial de recaudación de este tipo de instrumentos. Los rubros a los que se podrían aplicar estos gravámenes son los combustibles, la emisión de contaminantes, la elaboración de productos de gran impacto ambiental, la emisión de gases de efecto invernadero, la emisión de óxidos de azufre y de nitrógeno y de partículas suspendidas y las descargas de aguas residuales''.

Asimismo, deberían eliminarse subsidios antiecológicos como los aplicados a las descargas de aguas residuales, al uso de energéticos y de recursos no renovables y a la electricidad para bombeo agrícola, que trae como consecuencia la explotación de los mantos subterráneos. Además, los recursos por el cobro del impuesto predial se pueden utilizar para promover un desarrollo urbano equilibrado.

Para las empresas, asegura, puede resultar muy atractivo establecerse en un país donde el ISR es bajo y la recaudación se basa en instrumentos en los cuales pueden economizar mediante el cambio de tecnología.

Quadri de la Torre, ex integrante de organizaciones ecologistas, rechazó que las empresas trasnacionales busquen establecerse en países donde las normas ecológicas son más laxas. ''Es totalmente falso. No existe evidencia significativa de relocalización industrial para aprovechar ventajas competitivas espurias derivadas de una regulación ambiental laxa. Ninguna empresa se relocaliza por esas razones, sino por estrategias corporativas de largo plazo, por el costo de mano de obra, por acceso a mercados'', precisó.