Ť El presidente Jesús Gil y Gil, investigado por actos de corrupción
La justicia intervino al club Atlético de Madrid
Agencias, Madrid, 22 de diciembre Ť En una decisión sin precedentes en el futbol español, la Audiencia Nacional designó este miércoles a un administrador único para el Atlético de Madrid y expulsó de su presidencia a Jesús Gil y Gil, cuyas acciones quedaron embargadas bajo la acusación de haber malversado 64 millones de dólares.
El club fue tomado por fuerzas de la Guardia Civil desde la mañana, y se requisó toda la documentación pertinente acerca de la gestión del club. La medida fue dispuesta por el juez Manuel García Castellón, quien investiga denuncias de fraude y corrupción que pesan sobre Gil y Gil, su hijo Miguel Angel, quien es director general del club, y otras cinco personas.
Gil y Gil, también alcalde de Marbella, tiene unas 80 demandas pendientes, la mayoría vinculadas con sus empresas de construcción. Estuvo 18 meses preso, en la década de los setenta, tras ser hallado culpable de negligencia en relación con la muerte de 58 personas, a raíz de la caída del techo de un restaurante que su empresa había construido. Recuperó la libertad al ser perdonado por el dictador Francisco Franco.
El juez del caso dijo que había dispuesto la intervención judicial del club "porque la actividad delictiva no se ha detenido y los querellados siguen detentando de hecho, y aparentemente de derecho, la posición personal y el efectivo control de la sociedad mercantil a través de la que delinquieron".
Un inspector de finanzas, Luis Manuel Rubí Blanc, fue nombrado interventor, con la misión de "rendir cuentas antes del 31 de marzo, informando de la situación y viabilidad de la empresa". Rubí se presentó hoy en el estadio Vicente Calderón para asumir sus nuevas funciones.
El juez, por otra parte, dijo que la directiva del club incurrió en "una primera defraudación al no desembolsarse la mayor parte del capital social, para a continuación obtener sustanciosas exenciones de pago a la hacienda pública y a la seguridad social, así como captación de fondos para la remodelación del estadio, exenciones y transferencias indebidas, puesto que el Atlético debió haber descendido en aquellos años".
Agregó que hay sospechas de que se "causó un perjuicio patrimonial y deportivo" a varios clubes y que los acusados "cometieron una pluralidad de falsedades documentales y contables para encubrir la insolvencia del Atlético y para ocultar el apoderamiento de fondos del club que habían realizado".
El angoleño Bernardo Matías, en la actualidad empleado como albañil, es uno de los cuatro futbolistas llamados a declarar como testigos, ya que el club pagó a una sociedad de Gil y Gil dos millones de dólares por su fichaje.
Gil y Gil, por su parte, afirmó que la decisión "posiblemente desembocará en la desaparición del club", e insistió en que es "una campaña para desacreditarme y arruinarme antes de las elecciones generales".