Existen evidencias claras de que las jubilaciones jugosas y tempranas para altos funcionarios se reparten no sólo en entidades del área financiera del gobierno federal, sino también en las empresas del sector energético, donde cada fin de sexenio sale una camada de altos funcionarios que, aunque trabajaron pocos años en la institución, son jubilados de por vida con su sueldo y prestaciones completas, sueldos que con el tiempo se van incrementando para mantenerse al mismo nivel de los que reciben los administradores en turno.
Este gasto es totalmente injustificado y constituye una de las principales razones que provocan el déficit con que viene operando por ejemplo Luz y Fuerza del Centro (LFC), al igual que la corrupción y el desvío de recursos que practican los administradores en turno. Así, mientras los técnicos y trabajadores han cumplido con su compromiso de elevar su eficiencia y productividad para contribuir con ello a sanear financieramente a la empresa, los políticos que son nombrados como administradores hacen exactamente lo contrario.
Cabe suponer que el reducido número de funcionarios jubilados en condiciones privilegiadas absorberán una parte significativa de los nueve mil millones de pesos que LFC destinará en el 2000 al pago de esta prestación. Sería conveniente que la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso de Nafin y el Banco de México incluya en sus pesquisas a LFC, al igual que a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex; entidades que el año próximo destinarán en conjunto cerca de 20 mil millones de pesos al pago de pensiones y jubilaciones, conforme a la propuesta de presupuesto del presidente Ernesto Zedillo.
Pareciera que quienes llegan como administradores temporales de las empresas estatales de energía se preocupan más por sus sueldos y jubilaciones que por canalizar las inversiones necesarias para ampliar su capacidad productiva. Durante el año 2000, la inversión neta en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será prácticamente nula. Los equipos e instalaciones han envejecido a tal grado por la falta de inversiones en el pasado, que el monto de las nuevas inversiones en el año venidero (15 mil 533 millones de pesos) será similar a la depreciación o desgaste de la maquinaria y equipos ya existentes (15 mil 457 millones de pesos). El hecho de que el gobierno federal proponga que la inversión neta de la principal empresa eléctrica del Estado crezca casi cero por ciento en el 2000 respecto a 1999, es prueba contundente de la persistencia en su intención de vender esa empresa a capitales privados. Algo similar sucede en LFC.
CFE genera utilidades con las cuales podría financiar mayores inversiones, pero sin fundamento alguno la Secretaría de Hacienda se las quita mediante el cobro de ``aprovechamientos'', equivalentes a 9 por ciento de sus activos fijos. Sin embargo, los administradores de LFC y CFE no dicen nada, no defienden la empresa ante el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, tal vez porque son cómplices como beneficiarios de un sistema enfermo de privilegios para unos cuantos que se dicen servidores públicos, frente a pensiones miserables para muchos.