Ojarasca, número 32, diciembre
de 1999
Prisiones en Perú
"El último
feudo del mundo"
Verónica Sanz
Fiallo
El
Perú entre rejas A
fines de agosto un tribunal militar peruano sentenció a cadena perpetua
a Oscar Ramírez Durand, alias Feliciano, considerado por las autoridades
del país como el "líder terrorista más peligroso en
libertad". Dos meses antes el presidente Alberto Fujimori anunciaba su
decisión de retirarse parcialmente de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Justicia, como protesta por una sentencia que obligaba
al Perú a juzgar nuevamente a cuatro ciudadanos chilenos que cumplían
condena en las cárceles peruanas acusados de terroristas. Casi dos
décadas de subversión han dejado huella en el mayor de los
países andinos, y Fujimori sabe muy bien como utilizarla en beneficio
propio. Cada vez que las cosas se ponen feas en el país, anuncia
un nuevo golpe y su popularidad sube como la espuma. Para ejemplo, la intervención
militar peruana en la embajada del Japón en abril de 1997, que a
pesar de las críticas internacionales se tradujo en una subida de
30 puntos en la popularidad del presidente. Actualmente existen más
de 4 mil presos políticos en el país, sometidos a una cruel
y anacrónica "ley antiterrorista" que en el umbral del nuevo milenio,
continúa vigente. "Mi hija nació en prisión, con una
lesión cerebral que la acompañará el resto de su vida,
como consecuencia de un costoso error". Rosa Neyra, periodista peruana
y madre de dos niñas, pasó diez meses en una prisión
de máxima seguridad de Lima bajo la acusación de terrorismo.
Su delito, igual que el de su esposo, fue su amistad con un parlamentario
de izquierda al que la policía vinculó con el Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru (mrta). Rosa fue absuelta a los diez meses por
la Corte Suprema pero su marido, Juan Antonio Alvarez, permaneció
cuatro años y medio en una lúgubre celda por un delito que
nunca cometió.
La detención
de Rosa Neyra y Juan Antonio Alvarez, en junio de 1992, se produjo en un
momento de gran coyuntura para Perú. Después de doce años
de violencia armada el presidente Fujimori se propuso aniquilar de raíz
a los principales movimientos subversivos, el mrta y Sendero Luminoso.
Amparado por este pretexto, el 5 de abril de 1992 el mandatario peruano
sacó los tanques a la calle, cerró el Congreso, suspendió
libertades y derechos constitucionales e instauró un gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional. Un mes después se promulgó
vía decreto de ley una nueva regulación antiterrorista, que
derogaba la legislación vigente y que establecía penas oscilantes
entre los 20 años y la cadena perpetua para los acusados de terrorismo
independientemente del grado de delito cometido.
Paralelamente
se inició una campaña de detenciones masivas acompañadas
por sospechosos asesinatos y desapariciones, que hasta hoy no han sido
esclarecidos pues los responsables se hallan protegidos por una controvertida
ley de amnistía, con el objetivo de mostrar a la población
que por fin se estaba erradicando la subversión con mano dura.
Paranoia
terruca En
este contexto de violencia institucional fueron detenidos Rosa Neyra y
su esposo, junto con centenares de inocentes. Cualquier posible vinculación
con algún movimiento subversivo, como las relaciones personales
con sospechosos, la posesión de material considerado sedicioso o
la participación en reuniones presumiblemente propagandísticas
eran motivo suficiente para el inmediato encarcelamiento del detenido.
Según el Decreto de Ley Antiterrorista 25475, que a pesar de su
carácter de emergencia y de haber sido promulgado en un momento
de vacío constitucional todavía permanece vigente, el detenido
sólo puede permanecer un tiempo máximo de un mes en las dependencias
policiales tras el cual tiene derecho a ser asistido por un abogado. Rosa
Neyra permaneció cinco meses completamente aislada sin contacto
con ningún abogado, periodo durante el que fue repetidamente torturada,
igual que el resto de sus compañeras. "A menudo la policía
tortura a los detenidos para forzar sus declaraciones", explica el jurista
y ex director nacional de penales Miguel González del Río.
En Perú no existe la detención preventiva por lo que mientras
esperan el juicio, que se demora entre 8 y 12 meses, los inculpados son
encarcelados en celdas de 2.5x2.5 metros, dotadas por todo mobiliario de
dos camas, un silo y un grifo, con ventanas de cemento sin vistas al exterior
y con una ranura al nivel del suelo por donde les suministran la frugal
comida. Dada la sobrepoblación carcelaria, este reducido espacio
que la madre de Víctor Polay Campos --principal líder emerretista
condenado a cadena perpetua--califica como "tumba", puede llegar a alojar
a cuatro personas.
Los presos permanecen
23 horas diarias encerrados en su celda sin ningún contacto con
el exterior, lo que según Miguel Jugo, subdirector de la Asociación
Pro Derechos Humanos del Perú (aprodeh), demuestra que "el legislador
no tiene voluntad de reinsertar socialmente a los presos sino de castigar
y ejemplarizar".
Juicios
sui generis Cuando
finalmente se realiza el juicio, éste es conducido por jueces sin
rostro. El acusado no tiene derecho a un juicio público que le permita
contrastar las pruebas presentadas. Generalmente se establece sentencia
en base a la declaración policial, sin mayores investigaciones.
"Los jueces sin
rostro son inaceptables en un Estado de derecho pues además de magnificar
la función de la justicia, carecen de una formación específica",
denuncia el abogado Miguel González del Río. "Durante el
juicio sólo me citaron dos veces: para dar mis datos personales
y para la instructiva, donde me preguntaron si bebía, si iba a fiestas,
si fumaba o si era religiosa. De acuerdo a su concepción, una respuesta
negativa a estas preguntas era prueba suficiente para considerarte terrorista",
explica Rosa Neyra. Según el gobierno peruano el mecanismo de jueces
sin rostro se estableció para salvaguardar la integridad de los
jueces en un contexto de violencia armada pero pese a que oficialmente
"el peligro del terrorismo ha desaparecido del país", este sistema
continúa vigente. Continúan también los juicios militares
a civiles acusados de traición a la patria, de manera que las personas
inculpadas son juzgadas por la misma fuerza militar que las ha detenido
y acusado. En estos casos, la participación de la defensa es prácticamente
nula y no existe posibilidad de revisar la sentencia. Este sistema ha llevado
a numerosos inocentes a la cárcel, como es el caso del ingeniero
Miguel Ruiz-Cornejo, que pasó 16 meses en el penal de máxima
seguridad de Yanamayo, situado a 3 800 metros sobre el nivel d el mar con
temperaturas que en invierno alcanzan los 15° bajo cero. El abogado
Agustín Larios, tras permanecer tres años preso bajo la acusación
de terrorismo, fue absuelto en enero de 1998 por el fuero civil y por el
militar pues no se halló ninguna prueba que sustentara su culpabilidad.
Para engrosar
rápidamente las cifras de presos, se promulgó una disposición
complementaria a la ley antiterrorista que contemplaba la posibilidad de
arrepentimiento, según la cual todo aquel que se arrepienta de haber
participado en una organización rebelde y proporcione información
o identifique a otros participantes puede ver reducida su condena. Esto
generó una lluvia de acusaciones falsas, cuya veracidad no era comprobada,
con las consiguientes detenciones de inocentes. Los médicos Neri
Medina y Fortunato Sumina permanecieron 4 años y medio en el penal
de Yanamayo, alejados por completo de la civilización y sometidos
a un estricto régimen penitenciario, víctimas de las incoherentes
declaraciones de dos arrepentidos. Una vez encarcelados y viendo que el
gobierno no los recompensaba con los beneficios prometidos, los acusadores
admitieron haber sido forzados por la policía a inventar las declaraciones
que inculpaban a los médicos.
Feudo impenetrable"Las
prisiones son el último feudo del mundo. En ellas se reproducen
las relaciones económicas vigentes en la sociedad. En un país
como el Perú, donde la Policía Nacional se caracteriza por
sus altos niveles de corrupción, se entiende el poder de las autoridades
penitenciarias", explica el ex director nacional de penales Miguel González
del Río. En algunas prisiones se puede comprar media hora más
de patio por 50 centavos de sol (un peso y medio) e incluso por una cantidad
más o menos considerable de dinero se pueden permitir las relaciones
íntimas, a pesar de que la ley prohíbe rotundamente cualquier
contacto físico entre presos y visitantes.
Los internos sólo
pueden recibir la visita de dos familiares cercanos --padres, hermanos
e hijos mayores de 16 años-- una vez al mes durante media hora y
a través de un locutorio de vidrio bajo la severa vigilancia de
un guardián. "En estas condiciones no podemos hablar nada personal,
por lo que desconocemos el estado real en que se encuentran", explica angustiada
una madre que tiene a tres hijas en prisión. Durante las visitas,
que a menudo se suspenden a merced de la voluntad de la policía
penitenciaria, los familiares pueden entregar a los reclusos un paquete
con comida, que tras una detallada inspección es depositada en bolsas
transparentes, de manera que todos los productos perecen al cabo de dos
o tres días. Estos complementos alimenticios son imprescindibles
si se tiene en cuenta la precaria dieta de los presos: cuatro panes y una
infusión como desayuno y un plato de legumbres como comida-cena.
Esto es todo lo que permiten los 50 centavos de dólar que el gobierno
peruano destina a preso por día. A partir de 1996, el gobierno de
Fujimori inició un tímido proceso para corregir algunos errores
de la ley antiterrorista. Se creó así una comisión
ad
hoc encargada de proponer al presidente de la República la concesión
del indulto para los injustamente condenados.
La lista es larga.
Lo que en un principio debía durar seis meses, lleva ya tres años.
Se calcula que la tercera parte de los presos condenados por terrorismo
son inocentes, pero aun así permanecen entre tres y seis años
en la cárcel. Cuando salen, lo hacen con el estigma a sus espaldas,
pues las heridas de quince años de violencia armada todavía
siguen abiertas en el Perú. Fujimori, que no desperdicia oportunidad
alguna, de puertas adentro emplea la mano dura para conseguir votos, mientras
que de puertas afuera utiliza la concesión de indultos como un intento
desesperado por mejorar su desprestigiada imagen internacional.
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