Ojarasca, número 32, diciembre de 1999
Prisiones en Perú "El último feudo del mundo"
Verónica Sanz Fiallo
El Perú entre rejas A fines de agosto un tribunal militar peruano sentenció a cadena perpetua a Oscar Ramírez Durand, alias Feliciano, considerado por las autoridades del país como el "líder terrorista más peligroso en libertad". Dos meses antes el presidente Alberto Fujimori anunciaba su decisión de retirarse parcialmente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, como protesta por una sentencia que obligaba al Perú a juzgar nuevamente a cuatro ciudadanos chilenos que cumplían condena en las cárceles peruanas acusados de terroristas. Casi dos décadas de subversión han dejado huella en el mayor de los países andinos, y Fujimori sabe muy bien como utilizarla en beneficio propio. Cada vez que las cosas se ponen feas en el país, anuncia un nuevo golpe y su popularidad sube como la espuma. Para ejemplo, la intervención militar peruana en la embajada del Japón en abril de 1997, que a pesar de las críticas internacionales se tradujo en una subida de 30 puntos en la popularidad del presidente. Actualmente existen más de 4 mil presos políticos en el país, sometidos a una cruel y anacrónica "ley antiterrorista" que en el umbral del nuevo milenio, continúa vigente. "Mi hija nació en prisión, con una lesión cerebral que la acompañará el resto de su vida, como consecuencia de un costoso error". Rosa Neyra, periodista peruana y madre de dos niñas, pasó diez meses en una prisión de máxima seguridad de Lima bajo la acusación de terrorismo. Su delito, igual que el de su esposo, fue su amistad con un parlamentario de izquierda al que la policía vinculó con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (mrta). Rosa fue absuelta a los diez meses por la Corte Suprema pero su marido, Juan Antonio Alvarez, permaneció cuatro años y medio en una lúgubre celda por un delito que nunca cometió. La detención de Rosa Neyra y Juan Antonio Alvarez, en junio de 1992, se produjo en un momento de gran coyuntura para Perú. Después de doce años de violencia armada el presidente Fujimori se propuso aniquilar de raíz a los principales movimientos subversivos, el mrta y Sendero Luminoso. Amparado por este pretexto, el 5 de abril de 1992 el mandatario peruano sacó los tanques a la calle, cerró el Congreso, suspendió libertades y derechos constitucionales e instauró un gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Un mes después se promulgó vía decreto de ley una nueva regulación antiterrorista, que derogaba la legislación vigente y que establecía penas oscilantes entre los 20 años y la cadena perpetua para los acusados de terrorismo independientemente del grado de delito cometido.
Paralelamente se inició una campaña de detenciones masivas acompañadas por sospechosos asesinatos y desapariciones, que hasta hoy no han sido esclarecidos pues los responsables se hallan protegidos por una controvertida ley de amnistía, con el objetivo de mostrar a la población que por fin se estaba erradicando la subversión con mano dura.
Paranoia terruca En este contexto de violencia institucional fueron detenidos Rosa Neyra y su esposo, junto con centenares de inocentes. Cualquier posible vinculación con algún movimiento subversivo, como las relaciones personales con sospechosos, la posesión de material considerado sedicioso o la participación en reuniones presumiblemente propagandísticas eran motivo suficiente para el inmediato encarcelamiento del detenido. Según el Decreto de Ley Antiterrorista 25475, que a pesar de su carácter de emergencia y de haber sido promulgado en un momento de vacío constitucional todavía permanece vigente, el detenido sólo puede permanecer un tiempo máximo de un mes en las dependencias policiales tras el cual tiene derecho a ser asistido por un abogado. Rosa Neyra permaneció cinco meses completamente aislada sin contacto con ningún abogado, periodo durante el que fue repetidamente torturada, igual que el resto de sus compañeras. "A menudo la policía tortura a los detenidos para forzar sus declaraciones", explica el jurista y ex director nacional de penales Miguel González del Río. En Perú no existe la detención preventiva por lo que mientras esperan el juicio, que se demora entre 8 y 12 meses, los inculpados son encarcelados en celdas de 2.5x2.5 metros, dotadas por todo mobiliario de dos camas, un silo y un grifo, con ventanas de cemento sin vistas al exterior y con una ranura al nivel del suelo por donde les suministran la frugal comida. Dada la sobrepoblación carcelaria, este reducido espacio que la madre de Víctor Polay Campos --principal líder emerretista condenado a cadena perpetua--califica como "tumba", puede llegar a alojar a cuatro personas.
Los presos permanecen 23 horas diarias encerrados en su celda sin ningún contacto con el exterior, lo que según Miguel Jugo, subdirector de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (aprodeh), demuestra que "el legislador no tiene voluntad de reinsertar socialmente a los presos sino de castigar y ejemplarizar".
Juicios sui generis Cuando finalmente se realiza el juicio, éste es conducido por jueces sin rostro. El acusado no tiene derecho a un juicio público que le permita contrastar las pruebas presentadas. Generalmente se establece sentencia en base a la declaración policial, sin mayores investigaciones.
"Los jueces sin rostro son inaceptables en un Estado de derecho pues además de magnificar la función de la justicia, carecen de una formación específica", denuncia el abogado Miguel González del Río. "Durante el juicio sólo me citaron dos veces: para dar mis datos personales y para la instructiva, donde me preguntaron si bebía, si iba a fiestas, si fumaba o si era religiosa. De acuerdo a su concepción, una respuesta negativa a estas preguntas era prueba suficiente para considerarte terrorista", explica Rosa Neyra. Según el gobierno peruano el mecanismo de jueces sin rostro se estableció para salvaguardar la integridad de los jueces en un contexto de violencia armada pero pese a que oficialmente "el peligro del terrorismo ha desaparecido del país", este sistema continúa vigente. Continúan también los juicios militares a civiles acusados de traición a la patria, de manera que las personas inculpadas son juzgadas por la misma fuerza militar que las ha detenido y acusado. En estos casos, la participación de la defensa es prácticamente nula y no existe posibilidad de revisar la sentencia. Este sistema ha llevado a numerosos inocentes a la cárcel, como es el caso del ingeniero Miguel Ruiz-Cornejo, que pasó 16 meses en el penal de máxima seguridad de Yanamayo, situado a 3 800 metros sobre el nivel d el mar con temperaturas que en invierno alcanzan los 15° bajo cero. El abogado Agustín Larios, tras permanecer tres años preso bajo la acusación de terrorismo, fue absuelto en enero de 1998 por el fuero civil y por el militar pues no se halló ninguna prueba que sustentara su culpabilidad.
Para engrosar rápidamente las cifras de presos, se promulgó una disposición complementaria a la ley antiterrorista que contemplaba la posibilidad de arrepentimiento, según la cual todo aquel que se arrepienta de haber participado en una organización rebelde y proporcione información o identifique a otros participantes puede ver reducida su condena. Esto generó una lluvia de acusaciones falsas, cuya veracidad no era comprobada, con las consiguientes detenciones de inocentes. Los médicos Neri Medina y Fortunato Sumina permanecieron 4 años y medio en el penal de Yanamayo, alejados por completo de la civilización y sometidos a un estricto régimen penitenciario, víctimas de las incoherentes declaraciones de dos arrepentidos. Una vez encarcelados y viendo que el gobierno no los recompensaba con los beneficios prometidos, los acusadores admitieron haber sido forzados por la policía a inventar las declaraciones que inculpaban a los médicos.
Feudo impenetrable"Las prisiones son el último feudo del mundo. En ellas se reproducen las relaciones económicas vigentes en la sociedad. En un país como el Perú, donde la Policía Nacional se caracteriza por sus altos niveles de corrupción, se entiende el poder de las autoridades penitenciarias", explica el ex director nacional de penales Miguel González del Río. En algunas prisiones se puede comprar media hora más de patio por 50 centavos de sol (un peso y medio) e incluso por una cantidad más o menos considerable de dinero se pueden permitir las relaciones íntimas, a pesar de que la ley prohíbe rotundamente cualquier contacto físico entre presos y visitantes. Los internos sólo pueden recibir la visita de dos familiares cercanos --padres, hermanos e hijos mayores de 16 años-- una vez al mes durante media hora y a través de un locutorio de vidrio bajo la severa vigilancia de un guardián. "En estas condiciones no podemos hablar nada personal, por lo que desconocemos el estado real en que se encuentran", explica angustiada una madre que tiene a tres hijas en prisión. Durante las visitas, que a menudo se suspenden a merced de la voluntad de la policía penitenciaria, los familiares pueden entregar a los reclusos un paquete con comida, que tras una detallada inspección es depositada en bolsas transparentes, de manera que todos los productos perecen al cabo de dos o tres días. Estos complementos alimenticios son imprescindibles si se tiene en cuenta la precaria dieta de los presos: cuatro panes y una infusión como desayuno y un plato de legumbres como comida-cena. Esto es todo lo que permiten los 50 centavos de dólar que el gobierno peruano destina a preso por día. A partir de 1996, el gobierno de Fujimori inició un tímido proceso para corregir algunos errores de la ley antiterrorista. Se creó así una comisión ad hoc encargada de proponer al presidente de la República la concesión del indulto para los injustamente condenados.
La lista es larga. Lo que en un principio debía durar seis meses, lleva ya tres años. Se calcula que la tercera parte de los presos condenados por terrorismo son inocentes, pero aun así permanecen entre tres y seis años en la cárcel. Cuando salen, lo hacen con el estigma a sus espaldas, pues las heridas de quince años de violencia armada todavía siguen abiertas en el Perú. Fujimori, que no desperdicia oportunidad alguna, de puertas adentro emplea la mano dura para conseguir votos, mientras que de puertas afuera utiliza la concesión de indultos como un intento desesperado por mejorar su desprestigiada imagen internacional. Regresar a portada