El 25 de octubre pasado las agrupaciones feministas Alaide Foppa, A.C. y diVERSA hicieron llegar al licenciado Federico García Estrada, subprocurador de Derechos Humanos en Baja California, una solicitud de intervención para indemnizar a una niña de 14 años a quien se le negó la atención en el Hospital General de Mexicali, según informaron Maricarmen Ríoseco y Rebeca Maltos, voceras de dichas organizaciones.

De acuerdo con la versión del periódico La Voz de la Frontera, del 16 de octubre, el director de dicho nosocomio, doctor Ismael Avila Iñiguez, pretextando objeción de conciencia se negó a autorizar un aborto legal a la muchacha, la cual, acompañada de su madre y su hermano, solicitó este último recurso después de haber quedado embarazada por una violación ocurrida dos meses atrás.

El drama se desarrolló en un largo periplo en el que hubo que visitar la Agencia Especializada contra Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y llegar hasta la oficina del Procurador para conseguir la autorización para efectuar el aborto de manera legal.

Tras haber integrado la averiguación previa, la Agente del Ministerio Público, Norma Alicia Velázquez Carmona, giró el oficio para que en un plazo de 48 horas se practicara la inhibición del embarazo pues en Baja California el artículo 136, fracción II del Código Penal lo permite en estos casos.

Al recibir el documento, el doctor Avila manifestó su desacuerdo con dicha diligencia y manifestó: "Primero deberían de detener a los malandrines. Uno tiene su trabajo y una vida pública limpia", posteriormente hizo público el caso al notificarlo a otros médicos a quienes convocó a una reunión para analizarlo. También se presentó un grupo de mujeres de Pro Vida, quienes presionaron a la víctima para que desistiera de su intención.

En conferencia de prensa, Ana María Hernández de SIPAM afirmó que la menor fue víctimizada nuevamente al negársele su derecho a un servicio público de salud, afectando su libertad, su intimidad y su dignidad, mediante la coerción de un grupo fundamentalista.

Según las activistas Maricarmen Ríoseco y Rebeca Maltos, al negarse a brindar dicho servicio, el Director del Hospital General incurrió en los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, infidelidad de la custodia de documentos y violación de secretos en perjuicio de una menor víctima del delito de violación.

Por ello se demanda el cumplimiento de la garantía a un aborto legal para las ciudadanas que lo requieran y que este procedimiento se lleve a cabo de manera expedita y confidencial, y que a la menor se le indemnice, además de proceder legalmente contra quien resulte responsable.

Hernández también se manifestó por aclarar lagunas en los códigos penales en los que existen causales para abortar, pero no indican quién, cómo y dónde se debe prestar este servicio. Por ello propuso que los Ministerios cuenten con prestadores de esos servicios para garantizar el ejercicio de este derecho y evitar atropellos como el sufrido por la niña de Mexicali. (Manuel Zozaya).