Batalla contra el olvido en Celaya
DETRAS DE LOS ESCOMBROS
Alberto AGUIRRE M.
ƑAlguien tapará el pozo después de la explosión que dejó decenas de víctimas? Celaya carece de una cultura de protección civil, dice uno de los entrevistados para este reportaje.
ƑExiste en algún sitio del país? Ya sean desastres naturales o accidentes producto de la negligencia -para decir lo menos-, las tragedias dejan siempre los mismos rastros, más allá del falso "lucro político": soberbia e ineptitud gubernamentales, corrupción, incapacidad de las autoridades para afrontar las consecuencias, y una sociedad que invariablemente las rebasa.
Celaya, Gto. Los noticieros de la tv comercial apenas cubrieron tres días el acontecimiento. Los enviados de los diarios nacionales se fueron cuando el asunto salió de las primeras planas.
Empero, las heridas que provocaron las explosiones de pólvora el 26 de septiembre, en almacenes clandestinos de la central de abastos, siguen abiertas.
El caso Celaya no dio para más en términos noticiosos. Poco se pudo hacer frente a la muerte de la alianza opositora, la visita de Carlos Salinas, el relevo de Cuauhtémoc Cárdenas o el debate de los Cuatro fantásticos.
Al margen de la vorágine informativa y frente a las tragedias que viven miles de mexicanos en los estados del oriente y el sureste de México, la población local ha evaluado con precisión su reciente experiencia. Entendió que ante los desastres naturales no hay defensa posible. Por ello, un amplio sector reclama castigo para quienes -por una acción criminal o por negligencia- propiciaron los estallidos.
Asimiló que el esmero de la atención de funcionarios locales y federales fue sólo producto de las órdenes presidenciales o de las ganas del gobierno local (panista) de lavarse la cara.
Comprendió que el drama de las familias afectadas ha sido motivo para ataques políticos de fuerzas antagónicas y no duda que será retomado en unas semanas más, cuando las campañas por la presidencia se calienten.
A la distancia, un pequeño grupo de la sociedad celayense pelea por que el expediente del caso no se cierre y se castigue a los responsables de la tragedia, que dejó 63 muertos y más de medio millar de heridos.
Hace tres semanas Celaya "tuvo su momento -trágico, sin duda- de fama mundial'', resume el académico Ricardo Contreras. ''Ahora que los reflectores están en otro lado parece que ya salimos adelante. Quizá no sea tiempo de pensar en nuestro caso, pero no podemos olvidar lo que nos pasó".
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26 de septiembre. En ese domingo negro, la primera explosión se produjo en el local de la abarrotera Celaya, justo enfrente de la Central Camionera. Unos cuarenta minutos después vino la segunda explosión -la de mayor magnitud- en el depósito llamado Fábrica de Pañales, a espaldas del negocio.
A esa hora ya se realizaban las primeras maniobras de rescate. Allí cayeron más de 30 personas, entre voluntarios y curiosos. Unos segundos después se registró una tercera explosión, de menor intensidad.
Así fue -según los peritajes que realizó la PGR- la secuencia del accidente que enlutó a Celaya hace tres semanas.
La primera parte de las indagatorias no representó problema alguno: los dueños de las bodegas ya no regresaron y de los escombros salieron más de 15 toneladas de pólvora.
No se trató de juegos pirotécnicos, sino mayoritariamente de materia prima para la fabricación de explosivos.
De forma paralela a las pesquisas de la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional abrió una investigación para precisar si oficiales de la 16 zona militar -con sede en Irapuato- concedieron permisos a los comerciantes. En tanto, la Procuraduría de Justicia del estado inmediatamente se declaró incompetente para investigar el caso. El expediente lo radicó la PGR.
La semana posterior a la tragedia se dieron las primeras detenciones. Se trató de los principales surtidores de juegos pirotécnicos de la región, de los dueños de los locales en los que se localizó la mercancía, y de dos funcionarios del ayuntamiento local.
En esos tres ámbitos se ha mantenido la investigación. Para la PGR no hay lugar a dudas: "Estamos en presencia de un caso de delitos de omisión y negligencia, (sólo) quedaría por investigar si fueron producto de un acto de corrupción".
Del centro de la diana jamás han salido las autoridades locales.
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Una semana después de las explosiones, Celaya vivía todavía en el caos.
La identificación de los cuerpos marchaba con lentitud. La lista de decesos aún tenía incrementos. El gobernador visitaba policías y bomberos lesionados, con tan mala suerte que nunca los encontraba conscientes...
El malestar ciudadano repercutió en el alcalde Ricardo Suárez Inda.
El 4 de octubre seis personas se plantaron frente al acceso central del Palacio Municipal con un par de cartulinas en las que le pedían al alcalde que renunciara. Muy pocos los tomaron en serio.
Al paso de los días, la protesta se hizo masiva. Nació el Movimiento Ciudadano Celayense, que desde entonces ha recolectado más de 7 mil firmas de solidaridad a su causa.
Los efectos de esta movilización cívica han sido inmediatos: esta semana, en el centro del municipio, se dio una guerra de volantes y pegas entre los del MCC y los defensores del alcalde.
Después de la desgracia, Ƒa quién le beneficia acrecentar la polarización social?
Rafael Arteaga, uno de los líderes del MCC, responde: "El riesgo de ingobernabilidad es altísimo. Lo sabemos y asumimos nuestra parte. Pero si el municipio se paraliza, la responsabilidad será del alcalde, porque se aferra al poder a toda costa. Y la verdad, ya debería irse: es apenas la sombra de lo que fue, carece de autoridad moral, la población ya le perdió la confianza. ƑYa de qué nos puede servir?".
Saúl Román Lagunes, también del MCC, adelanta que el plan de acción de las próximas semanas contempla la convocatoria a un plebiscito, una caminata a la capital del estado, y el traslado de familiares de los afectados a Los Pinos.
Al parejo de estas acciones, el regidor perredista Bruno Cruz iniciará hoy una huelga de hambre que -promete- no detendrá hasta que Suárez Inda deje la presidencia municipal.
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ƑQué hay atrás de las notas rojas, debajo de los escombros? -se le pregunta al antropólogo Ricardo Contreras Soto, un investigador de la Universidad de Guanajuato que radica y da clases en Celaya.
-Hay una serie de sucesos que le cambian completamente la faz al municipio y sobre los cuales recapitular.
m Quedó al descubierto un enorme y silencioso fraude. El comercio de juegos pirotécnicos es una tradición en la entidad. Funcionarios de las últimas administraciones locales permitieron su operación clandestina. Lo preocupante es que el dueño de la bodega que estalló, Ignacio Ojeda, tuviera tal cantidad de explosivos almacenada. Eso sólo revela la magnitud de la red de distribución que existía y evidencia el tamaño de la corrupción en el gobierno municipal.
m Celaya carece de una cultura de la protección civil. La mayoría de las víctimas fueron curiosos -sobre todos menores de edad- que luego de la primera
explosión se acercaron morbosamente a la zona. La policía local ni siquiera pudo acordonar los negocios siniestrados.
m La ineficacia del plan DN-III. Su aplicación debe darse en zonas siniestradas por eventos naturales. Aquí no funcionó. La tropa llegaron y acordonó la zona. Se metió a remover escombros con palas, picos... pero su ayuda era mínima. El colmo estuvo cuando se sumó al esfuerzo de los voluntarios de apagar el fuego con agua (cuando la pólvora se neutraliza con espumas y bióxidos). En ese momento, ningún mando castrense estaba especializado en el manejo de materiales explosivos. Y el riesgo de que ocurriera una explosión mayor estuvo latente.
m El evento fue catalogado erróneamente. Las autoridades locales habilitaron albergues. Pidieron que se recolectaran víveres, medicamentos y ropa. Pero la explosión no afectó zonas pobladas y los lugareños que por inseguridad reclamaron salir de la zona, no necesitaban pasar la noche en un estadio de futbol. El DIF local armó un entramado para aparentar que estaba pendiente del caso.
m Hubo una respuesta social informal. Por encima de los oficiales del gobierno, arquitectos voluntarios condujeron la remoción de escombros y dictaminaron sobre la forma de combatir el siniestro. Médicos voluntarios atendieron a los heridos y ofrecieron sus hospitales para atenderlos. Amas de casa voluntarias atendieron los albergues. La sociedad civil rebasó a las autoridades.
m El analfabetismo de la clase política. El alcalde Suárez Inda estaba alejado de la ciudadanía. Antes la tragedia, sus desplantes groseros y resistencia al diálogo eran muy frecuentes.
Cuando las voces que piden su renuncia tuvieron fuerza, cambió de actitud. En los últimos días ha tenido que ir a los medios de comunicación locales para explicar la situación.
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Avejentado, muy extenso, prostituido e híperviolento, Celaya vive las contradicciones de la modernidad:
Olvidado por las administraciones federales desde las épocas de Beatriz Velasco de Alemán -oriunda de aquí-, desatendido por los gobernadores -que sólo han consentido a caciques locales- el gobierno municipal no tiene brújula, gracias a la alternancia.
No obstante, su crecimiento económico no se ha detenido.
"Por mal que te vaya, cáile a Celaya", era un dicho de uso común hasta hace muy poco en el Bajío.
Y es que desde hace tres lustros, grandes empresas como Moresa, Celanese, Mabe, Gamesa y Acumuladores Monterrey establecieron sus factorías en los linderos de Celaya.
Esas industrias, junto con el comercio en pequeña escala y la boyante producción agrícola, colocaron al municipio como el segundo en importancia económica.
Durante la administración de Vicente Fox, maquiladoras firmas extranjeras de agroindustria comenzaron a operar aquí.
El entonces gobernador panista presumía que los municipios del Bajío serían ejemplo para el país del desarrollo económico de Guanajuato.
ƑLa fórmula? La habilitación de centros de desarrollo (en León, Celaya, Irapuato y Silao) que servirían como motores del crecimiento de los demás.
Para Celaya, Fox prometió la construcción de una zona industrial, que se extendería hasta los Apaseo; nuevos sistemas de riego para la región agrícola y un moderno centro de convenciones.
Aquí también terminaría una de las obras cumbre de la administración foxista: el Tren Ligero Interurbano, un sistema de transporte que cruzaría el Bajío y conectaría a las principales ciudades de la entidad.
Pasó el tiempo y de ese proyectos ya nada se supo. Como tampoco se supo del corredor turístico Celaya-San Miguel Allende, otro megaproyecto que daría inició a una ruta dorada que se extendería a Irapuato, Salamanca y los Apaseo.
Y la explosión de las bodegas clandestinas destapó la realidad celayense.
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A diferencia de los otros municipios que gobierna el PAN en la entidad, en Celaya ha habido alternancia en el poder desde hace 12 años. Sucesivamente, los alcaldes han sido del PAN y del PRI.
Tal inestabilidad ha producido un continuo reciclaje de la clase política local.
Eso -en parte- explica que el empresario Ricardo Suárez Inda sea el jefe político local, a sus 73 años.
Su caso es especial: proviene de una de las familias de más arraigo en la localidad. Siempre ha militado en el PAN. Hace 14 años fue candidato a alcalde, perdió y paradójicamente encabezó un movimiento de resistencia civil que ocupó la sede municipal.
Su experiencia en cargos públicos es más bien pobre (sólo ha sido síndico y diputado local). En los primeros años de la administración foxista fue director de Adquisiciones.
Aquí, el ascenso de Suárez Inda se entendió siempre como un gesto de la cúpula panista dirigido a su hermano Alberto Suárez Inda, un alto jerarca de la Iglesia católica (en los últimos 20 años ha sido obispo de Tacámbaro, rector del Seminario Conciliar de Celaya y arzobispo de Morelia).
Hace tres años, cuando el PAN lo postuló, su condición económica era precaria. Su negocio -de venta de cristales- estaba en quiebra y tenía su casa hipotecada. A pesar de esos antecedentes, los celayenses lo respaldaron.
Más allá de sus capacidades como administrador, Suárez Inda ha concitado el rechazo popular, por su peculiar estilo de gobierno.
Aquí lo critican por haber incorporado a familiares directos en puestos de primer nivel, tanto en la comuna como en el comité local de PAN. Y no se le perdona que los lenones hayan hecho de la localidad la capital nacional del table dance. Tan sólo en la periferia de la cabecera municipal hay un centenar de esos negocios, cuyos anuncios publicitarios son de escándalo.
Desde que se inició la gestión, no ha cesado la polémica.
Hace medio año, cuando fue pública la quiebra de Uncrer en San Luis Potosí, se supo que Suárez Inda tenía un adeudo de 2.5 millones de pesos con esa caja de ahorro. Y hasta las puertas del palacio municipal de Celaya llegaron los ahorradores desfalcados para exigirle que cubriera su pasivo.
Por esas fechas, el alcalde intentó vender el recinto ferial -una de las pocas áreas verdes del municipio- a los dueños de Soriana, por 25 millones de pesos. El negocio se cayó por las protestas ciudadanas, y Suárez Inda nuevamente provocó el enojo de sus gobernados.
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Instantánea del alcalde Suárez Inda:
m Antes de las explosiones, decía cuando las críticas subían de tono: "No le tengo miedo ni al Diablo".
m Tres días después, aún mantenía su actitud: "ƑCuál responsabilidad? -decía-, si por mí fuera, ahorita andaría en Acapulco, sólo que aquí hay mucho trabajo".
m En respuesta a los demandantes de su renuncia, su hija Guadalupe -directora del DIF- dijo que no dejarían sus cargos ni aunque los mataran.
m El jueves, en una entrevista en la radiodifusora local El y Ella, rompió en llanto, ante el cúmulo de llamadas que le reclamaban su indolencia.
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Para el gobierno estatal de Vicente Fox, Celaya fue un semillero de funcionarios. Oriundos de aquí son: Suárez Inda, quien fungió como director de adquisiciones en el gobierno estatal; Martha Sahagún, su vocera, quien aquí estableció su residencia cuando llegó de su natal Michoacán; Luis Arturo Camarena, procurador general de justicia, y los secretarios de Desarrollo Económico, José Mendoza Márquez, Javier Uzabiaga, de Desarrollo Agropecuario, y Elizabeth Yañez de Ritchie, de Turismo.
Todos ellos, empero, no pertenecen a la clase política. Más bien, son representantes del sector empresarial: la familia Uzabiaga es de las más boyantes de la región, por la comercialización de productos agrícolas de exportación; Mendoza Márquez hizo de las perforaciones profundas un negocio rentable. Suárez Inda se dedicaba a la venta de cristal. Yáñez Ritchie fue dirigente de la Canacintra local.
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En los días posteriores a la tragedia, los partidos locales asumieron comportamientos muy distintos:
El PAN municipal organizó brigadas de asistencia, cuyos integrantes -que portaban camisetas con el logotipo del partido- repartieron despensas en los albergues que abrió el DIF.
El dirigente estatal del PRI, Carlos Chaurand -originario de Celaya y precandidato de su partido a la gubernatura- encabezó los ataques en contra de Suárez Inda. El fue quien divulgó las copias de una anuencia que Vicente Fox otorgó para que se autorizaran los permisos a los comerciantes de la Central de Abastos que vendían juegos pirotécnicos.
El ex gobernador Fox declaró que él nunca conoció de la expedición de los permisos -"es más: ni siquiera sé dónde está la Central de Celaya", afirmó- y cuando la exigencia de que Suárez Inda renunciara, el precandidato presidencial panista prometió una "una batalla nacional" en su defensa.
Una veintena de alcaldes panistas firmaron un desplegado de respaldo a Suárez Inda. Y la bancada panista en el Congreso local pidió que esa instancia se declarara incompetente para conocer del caso.
El gobernador interino, Ramón Martín Huerta, pidió a los partidos políticos no emprender una cacería ni politizar las investigaciones. Pero al mismo tiempo, salió en la defensa de Fox y acusó a la Sedena de ser la única responsable de expedir los permisos. "No dejaré que el hilo se rompa por lo más delgado", dijo respecto de la eventual remoción de Suárez Inda.
Luego de una reunión de Martín Huerta con Diódoro Carrasco, el PRI estatal abrió un impasse en la entidad: dejará que la PGR concluya con la indagatoria y finque responsabilidades.
Pero su líder, el diputado Chaurand, insiste -en entrevista- sobre a responsabilidad presunta responsabilidad de Fox y Suárez Inda en los acontecimientos.
Sobre el alcalde dice que es co responsable de los delitos de homicidio y lesiones, por negligencia.
Respecto del ex gobernador, valora que fue "un gran mentiroso o un engañado confeso", cuando encaró los hechos. Y que nunca se interesó por cómo quedó el municipio o los afectados, únicamente "que su imagen no saliera dañada".
Ante los reclamos del gobernador, el MCC se puso el saco y aceptó que el caso estaba politizado.
Rodolfo Arteaga, uno de los líderes del MCC, revira:
"Ellos han actuado como miembros de un partido, no como autoridades. Salieron en defensa de un compañero y han declarado estar listos para una guerra. Entonces, Ƒquién politizó el asunto?".
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El último informe de la PGR sobre el caso fue divulgado el martes 12.
El sumario: se ejerció acción penal contra de cinco funcionarios del gobierno municipal, un agente del ministerio público y seis comerciantes del mercado de la central.
Entre los funcionarios celayenses sobre los que se imputaron cargos están el director de fiscalización en funciones, Francisco Villalobos y su antecesor, Antonio Amezcua Morales.
Pero los cargos que se levantaron en su contra son por el almacemaniento de material explosivo (artificios pirotécnicos) sin contar con el permiso de la Sedena, no por las muertes que provocó la explosión.
Amezcua está prófugo, lo mismo que Angeles Vargas Ugalde, esposa del dueño de los Abarrotes Celaya.
Moisés Duarte Briz, juez quinto de distrito, también consignó a otros cuatro.
Todavía están pendientes las indagatorias por homicidio culposo por omisión en contra de los funcionarios celayenses. El expediente está radicado en juzgado penal del fuero común en Celaya.
Asimismo, se efectuó el aseguramiento de los bienes inmuebles de Ignacio Ojeda Ruiz, cuyo supuesto deceso -en las explosiones- no ha sido oficialmente reconocido por las autoridades judiciales... aunque sus familiares ya lo sepultaron. Las dudas sobre su desaparición llegaron al extremo de que se ordenó su exhumación.
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Según las investigaciones de la PGR, es innegable que los funcionarios municipales tengan responsabilidad en el asunto. La evidencia -dijo un funcionario relacionado con el caso- es irrebatible.
La PGR contabilizó en 1.5 millones de pesos los daños materiales en los locales directamente afectados por los estallidos. Pero no contabilizó las pérdidas de los comercios que no eran aledaños.
Y determinó finalmente que en la reparación de los daños que reclaman los afectados, tendrán que ser los jueces los que resuelvan.
Mientras, el gobierno estatal aún no atina a determinar los mecanismos para asistir a los afectados.
En primera instancia, el gobernador Martín Huerta anunció que su gobierno destinaría cinco millones de pesos para la reconstrucción de la zona siniestrada y la asistencia a los lesionados.
Originalmente, estos recursos se irían a fondo perdido. Pero luego Martín Huerta rectificó. Dijo que no cedería a las tentaciones populistas y que mejor otorgaría créditos blandos.
Al mismo tiempo, distintos sectores sociales recaudaron fondos. Y llegaron apoyos foráneos. De tal forma, en el Congreso local, la fracción priísta propuso la creación de un fideicomiso concentrador. No pasó de allí.
En concreto, Ƒlos afectados han recibido una compensación económica?
Sólo algunos. Los comerciantes de la central que resultaron directamente dañados han aceptado los préstamos gubernamentales. Y algunas familias que perdieron a sus padres o a sus hijos fueron incluidas en un programa temporal de despensas.
Los huérfanos están recibiendo becas alimenticias (que no son vitalicias). Y nada más.
Resulta claro que será hasta después de que la PGR emita su dictamen cuando los afectados presentarán reclamaciones.
Tanto el PRI como el MCC -que asisten a grupos de afectados- han anunciado que luego del fallo judicial, emprenderán juicios civiles en contra de los responsables.
Son dos los escenarios que se avizoran:
m Que las propiedades embargadas a Ignacio Ojeda -el dueño de la bodega que estalló- sean subastadas y de allí se obtengan los recursos para indemnizar, o
m que funcionarios del ayuntamiento sean directamente responsabilizados por los muertos y los heridos. Allí, no sólo sería una responsabilidad subsidiaria de las autoridades, sino que tendrían que pagar.
Aquí, muchos ya reclaman que los 40 millones de pesos que están en las arcas municipales producto del subejercicio fiscal del ayuntamiento, se vayan directo al pago de las indemnizaciones. b
En Guanajuato, los gobiernos panistas tienen varios flancos abiertos.
En León, las autoridades municipales autorizaron la instalación de una sucursal de los almacenes Soriana junto a la planta de almacenamiento que Pemex tiene en la ciudad.
El asunto no es menor. Los dueños de la cadena invirtieron 17 millones de dólares y contrataron a 400 empleados, el gobierno municipal vendió los predios, y la obra caminó sin que nadie la detuviera.
Pero luego de las explosiones en Celaya, se desató una polémica respecto del riesgo que representaba la apertura de la tienda.
Como en el caso celayense, se discute sobre la competencia de las autoridades: el ayuntamiento se descargó de la responsabilidad y se fue contra la Semarnap, pues esta instancia debió haber intervenido.
Pero ya se supo que la dependencia federal sí lo hizo. Y que recomendó una serie de medidas de seguridad -cuya aplicación tendría que vigilar el ayuntamiento- para que Soriana abriera.
En cualquier caso, el incidente de Celaya evidenció que los cuerpos de seguridad y protección civil estatales no están listos para atender eventos de grandes magnitudes.
El efecto fue inmediato: en León creció la preocupación por los posibles incidentes. Se sabe de los constantes incendios en las tenerías y los casos de envenenamiento entre curtidores ocasionados por el empleo de químicos.
También en Dolores Hidalgo y Acámbaro, donde los márgenes de riesgo preocupan, por que en los talleres de cerámica se han instalados líneas de abastecimiento de gas sin ninguna regulación. Y son mayores, debido a que en esos talleres también se utilizan sustancias químicas.
Y en Salamanca, el miedo de siempre, por la refinería de Pemex.
La eventual caída de Suárez Inda podría salirle carísima al PAN -observa Luis Miguel Rionda, catedrático de la Universidad de Guanajuato-, sobre todo porque el riesgo de un efecto dominó está latente:
Explica: "Más políticamente que por cuestiones geográficas, en Celaya inicia el corredor azul que actualmente ya se extiende hasta Querétaro. Y en la perspectiva de las elecciones locales (que serán en julio del 2000) resulta claro que habrá una manipulación política del caso para trastabillar al PAN".
No sólo eso, agrega Rafael Ramírez, otro investigador de la Universidad de Guanajuato: Después de lo de Celaya, en los demás municipios del corredor azul ha comenzado a saberse de los problemas de las administraciones panistas:
En San Francisco del Rincón las autoridades estatales rechazaron la construcción de un relleno sanitario en el que sería depositada la basura de León. El asunto provocó un pleito entre los alcaldes, ambos de filiación panista.
Además del relleno sanitario, ambos municipios están en litigio, ante la resistencia de San Francisco de dotar de agua a León. Por sus linderos pasa el Río Turbio.
La situación no es mejor en Silao e Irapuato, donde hay una creciente inconformidad ciudadana ante el explosivo crecimiento de los giros negros.
Los problemas que viven esos municipios han llevado a sus alcaldes a enfrentar juicios políticos en el Congreso local. El de Silao tiene tres, por dos de los de León y Salamanca, y uno en el caso de los de Irapuato y San Francisco, respectivamente,
Y la causa contra Suárez Inda, que fue promovida por una iniciativa ciudadana y ha sido respaldada por el sector empresarial local.
CRISIS EN EL CORREDOR AZUL
LOS SALDOS
Estos son los principales saldos que arrojaron las explosiones del 26 de septiembre en Celaya:
m 63 personas fallecieron, más de 500 necesitaron de atención médica (330 debieron ser hospitalizadas) y 24 aun permanecen internadas.
m Las autoridades municipales no conocen con precisión cuántos deudos y cuántos huérfanos quedaron en el desamparo.
m No existe un programa oficial para canalizar a los afectados los recursos recaudados.
m Salvo la PGR, que ha reportado sobre el desarrollo de las indagatorias, ninguna autoridad municipal o estatal ha ofrecido un informe a la ciudadanía.
m Tampoco hay una cifra oficial sobre cuántos permisos para la venta de juegos pirotécnicos --donde potencialmente podrían haberse almacenado explosivos- expidió en la última temporada.
m Los diputados del Congreso estatal se abstuvieron de instalar una comisión especial que investigara los sucesos.
m La comuna no planteó la reubicación de los comerciantes. Al contrario, ya los indemnizó.