El año que murió el indigenismo
Eugenio Bermejillo
1989 habría de ser clave para el movimiento indígena. Bisagra entre la centenaria resistencia india y el presente, ese año perfila las características de lo que será su lucha en tanto pueblos. La frase "derechos de los pueblos indígenas", que hoy aparece con frecuencia, comenzó apenas entonces a ser una formulación común en México.
Por debajo del decreto de inexistencia impuesto por los superficiales pero masivos medios de comunicación, ciegos a los procesos que vienen de adentro, se realizaron dos importantes reuniones nacionales de representantes indígenas en Matías Romero, Oaxaca y en Xochimilco, que se insertaban en una corriente indianista latinoamericana y mundial. Más allá de la convocatoria, formulada en términos de derechos humanos, los participantes en aquellas reuniones perfilaron un nuevo y amplio horizonte reivindicativo, que no era heredado ni traducido, sino propio de los pueblos.
Eran los tiempos de preparación para el V Centenario. Gracias a la voces indígenas de todo el continente, lo que se pretendió una "fiesta del descubrimiento de América" se transformó en una visión crítica del "encuentro de dos mundos". Lo que apuntaba a ser el festejo de reyes que ya no reinaban, presidentes oportunistas en toda América y mercaderes, se convirtió en foro de denuncias. Los indios conquistaron ese escenario.
Esta fue una apuesta por ganar espacio para su discurso, por reivindicar pertenencia y derecho a la "Madre Tierra". Era ante todo un reto ideológico. En el caso de México habría que esperar al encuentro de corrientes indias que significó el diálogo de San Andrés, para que este discurso ideológico aterrizara en un programa político de amplio consenso nacional.
La palabras claves a lo largo de este periodo fueron libre determinación y autonomía, conceptos que le darían un nuevo sentido a las tradicionales reivindicaciones económicas y políticas de las comunidades indígenas. La persistente demanda de tierra se polinizó con la demanda de respeto al territorio; la demanda de acceso a la justicia se potenció con el reclamo de sistemas normativos propios.
1989 era también el momento de consolidación de un nuevo grupo priísta en el poder que creía que, para el golpe neoliberal, bastaría la aspirina pronasolera. El gobierno de Carlos Salinas parecía el gran promotor de los derechos indígenas: los defendía con vehemencia en los foros de la Organización Internacional del Trabajo, proponía reconocer en la Constitución su existencia.
Poco duró ese teatro indigenista. En la medida en que los indígenas fortalecían sus organizaciones, se identificaban y dialogaban con sus hermanos insurrectos desde 1994 y "amenazaban" con ejercer efectivamente sus derechos quedó clara la verdadera intención del gobierno: como no pudo jinetear estos derechos, obstaculizó su reconocimiento.