* Sustrajeron pruebas

Funcionarios de la CNBV maquillan la auditoría al Fobaproa

Antonio Castellanos * El vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Pedro Zamora, y el auditor original de Banco Unión desde que fue intervenido, Gabriel Magaña Núñez, sustrajeron de aquella institución todos los documentos que contienen las transferencias al PRI y ahora pretenden "maquillar" la auditoría al Fondo Bancario de Protección del Ahorro (Fobaproa). Desde hace tres días, Eduardo Fernández y Patricia Armendáriz, presidente y vicepresidenta de la CNBV, se encuentran ''encerrados'' con los auditores del despacho de Michael Mackey. Tienen poco tiempo para cambiar a su conveniencia el resultado de la auditoría. Hay riesgo de que todo quede en la impunidad.

Dolores Padierna, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, planteó lo anterior y dijo que el enriquecimiento de funcionarios públicos y banqueros, así como el financiamiento de campañas políticas, incluida la del presidente Ernesto Zedillo, contribuyeron al quebranto de Banco Unión. Dijo que la documentación está "secuestrada" en el domicilio de Magaña Núñez, en Ciudad Satélite. Inclusive, tienen protección de la Policía Judicial Federal; ahí están las pruebas originales de las maniobras turbias que en su mayoría se efectuaron después de la intervención.

Funcionarios de Hacienda, de la CNBV y diputados de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista que "recibieron cañonazos, obregonazos" se confabulan ahora para consumar el fraude de la banca que supera ya los 800 mil millones de pesos y que pagarán los causantes, precisó.

Dijo que esa es la razón por la que la Secretaría de Hacienda, encabezada por José Angel Gurría, se niega a entregar los documentos originales para cotejarlos con las copias que el Partido de la Revolución Democrática entregó al auditor canadiense. No hay una razón jurídica de peso.

Lo que bloquea la entrega de los documentos de los fideicomisos del PRI en Banco Unión es la protección a funcionarios públicos que incurrieron en irregularidades, coludidos con los banqueros encabezados por Carlos Cabal Peniche, quien admite haber otorgado 25 millones de dólares a las campañas del PRI.

El líder del PRI, José Antonio González Fernández, admitió ya que su partido recibió apoyos por 47 millones de pesos, que son los que el PRD señala con el respaldo de copias fotostáticas de originales.

Se pretende impunidad

Con la negativa de las autoridades hacendarias a entregar los documentos originales al auditor, dijo la diputada Padierna, se pretende dar impunidad a Guillermo Ortiz, Martín Werner, Eduardo Fernández, Pedro Zamora y Patricia Armendáriz. Los dos primeros firmaron sin autoridad legal los pagarés del Fobaproa que ahora ascienden a más de 800 mil millones de pesos.

Dijo que acudir a la controversia constitucional para exigir la información es un procedimiento legal admisible, pero que se convertiría en una "cortina de humo", porque la Suprema Corte de Justicia podría tardarse dos meses o hasta 20 años para decidir. Eso garantizaría la impunidad de los responsables.

El escenario que enfrenta la banca en su conjunto no es favorable. La prueba se tiene con el segundo rescate de Banca Serfin. Se dijo por escrito a la Cámara de Diputados que no se le inyectarían más de los 65 mil millones de pesos del primer rescate, pero ahora ya se tienen 20 mil para la segunda operación de saneamiento.

Los primeros 13 mil millones se aplicaron, concluyó.