En el terreno cultural, como en el económico y el político, también se enfrentan los distintos proyectos nacionales. Estos se expresan en las diversas posiciones en torno a los marcos jurídicos vigentes, y los intentos por modificarlos en beneficio de intereses mercantiles.

Tenemos la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que ha sido un instrumento que, pese a las críticas y limitaciones, ha servido para la salvaguarda del patrimonio nacional en los campos de su competencia.

A estas alturas, quienes conspiran para que las leyes liberalicen todo patrimonio nacional, opinan que dicha ley ha sido rebasada en buena medida, que debe ser modificada y, en esencia, esas reformas pretenden poner al servicio del interés privado lo que queda del patrimonio cultural.

En todo caso, a partir de la imposición neoliberal de los gobiernos priístas se ha ido mermando poco a poco el espíritu original de esta ley. Se le ha ignorado y violado en muchos aspectos, como en los casos recientes de la construcción de complejos comerciales en Cuicuilco y Teotihuacan, la Ruta Maya, etcétera.

La utilización de espacios y zonas arqueológicas para uso exclusivo, tanto de un sector de la sociedad como para la presentación de espectáculos multitudinarios, son la expresión de los afanes privatizadores de los bienes y el patrimonio cultural de todos los mexicanos.

El gobierno y las autoridades declaran abiertamente su intención de presentar reformas a la ley, encaminadas a privilegiar a los sectores corporativos que, según los argumentos de estas autoridades, sí tienen el capital para invertir en el desarrollo de grandes complejos seudoculturales que se construyen contra el viento y la marea de los argumentos de la comunidad cultural y artística y de la sociedad en su conjunto, como está sucediendo en el Centro Cultural del Bosque, en donde se intenta cambiar su naturaleza en detrimento de su proyecto original y contra la voluntad de sus trabajadores.

Se pretende proteger al coleccionista, que en innumerables ocasiones se ha dedicado a saquear impunemente nuestros tesoros culturales para venderlos al mejor postor, como lo hemos observado en las subastas de piezas mesoamericanas que se hacen en Estados Unidos, Canadá o Europa.

De la misma manera, existe un vacío jurídico en la creación y desarrollo de instituciones gubernamentales que deberían velar, al menos en el rango de subsecretaría, por los intereses nacionales en el campo de la cultura. En cambio, se otorgan facultades rectoras a organismos que carecen de una clara fundamentación legal, como es el caso del CNCA. Al mismo tiempo, se reduce de estas atribuciones a organismos que sí tienen esa base legal.

La ley federal mencionada establece como instancias de toma de decisiones, en cuanto al patrimonio cultural se refiere, únicamente al INAH y al Instituto Nacional de Bellas Artes. No obstante, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se ha autodesignado mentor del patrimonio cultural, tomando decisiones que no le competen. Es una institución creada por decreto presidencial, la cual, en contubernio con las autoridades del INAH, está atentando contra el espíritu de la ley. Regido por criterios empresariales, el CNCA hace uso del patrimonio cultural con el propósito de asegurar y producir una infraestructura adecuada a las necesidades de los grandes capitales, en beneficio de los sectores pudientes de la sociedad mexicana, y no así de la totalidad de los mexicanos.

Las mismas autoridades del INAH, pasando por encima de las instancias y los procedimientos internos, simplemente autorizan la explotación de zonas arqueológicas con fines de lucro.

Es obvio que pueden y deben hacerse modificaciones a las leyes, siempre y cuando éstas satisfagan la necesidad de un mayor involucramiento de la sociedad civil, de los pueblos indios, de los creadores de cultura en el cuidado, desarrollo o disfrute del patrimonio cultural.

También, deberán hacerse modificaciones para incluir dentro de la ley al patrimonio intangible (tradiciones, sistemas normativos, usos y costumbres), pero como patrimonio cultural propiedad de la nación, de la colectividad y no al servicio de intereses particulares como pretenden las autoridades del INAH y del CNCA.

Así, la privatización largamente deseada del patrimonio cultural pone en peligro los logros que en materia de cultura ha conquistado el pueblo de México.

En consultas previas entre legisladores miembros de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados con especialistas, trabajadores de la cultura y sectores involucrados, se coincide en que más que reformar la ley federal sobre monumentos debe optimizarse y cumplirse cabalmente.

Asimismo, para reformas en materia de instituciones culturales hay que tomar en cuenta la experiencia legislativa de otros países, como la Ley General de Cultura de Colombia, por ejemplo, que fue producto del consenso. Es necesario rescatar y darles vigencia real a las existentes en el campo internacional, como la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Unesco.

La protección de nuestro patrimonio cultural atañe a todos y no sólo a autoridades e instituciones que, paradójicamente, al margen de cualquier ley, atentan impunemente contra ese patrimonio.