En el caso de las jóvenes de Tláhuac
Se robustecen pruebas contra policías violadores
Alejandra Parra
Para las tres jóvenes -dos menores de edad- violadas por elementos de la Policía Montada de Tláhuac, la pesadilla todavía no termina. Aún padecen las deficiencias de un Código Civil que no corresponde con la realidad que viven cientos de mujeres que han sido violentadas sexualmente. Ellas libran desde el 19 de julio de 1998 una batalla que se antoja llena de coraje, de rabia, pero también de valentía y reconocimiento.
El abogado coadyuvante en las averiguaciones 141/98 y 142/98, Sergio Soto, quien fue nombrado por la Comisión Especial del caso Tláhuac de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), asegura que el juicio lleva su curso y aunque la juez ha "mostrado sensibilidad en el caso", todavía falta mucho. Los delitos imputados a los policías son, básicamente, privación ilegal de la libertad (calificada), abuso sexual (agravado), violación agravada y tentativa de violación (calificada).
El abogado defensor explicó que a partir de que se les dictó auto de formal prisión por los delitos señalados, los procesados y sus defensores ofrecieron pruebas, también lo hizo el Ministerio Público adscrito al juzgado 47 en Materia Penal, abriéndose lo que se conoce como la etapa de instrucción, es decir, de admisión y desahogo de pruebas, en la que se encuentra el proceso actualmente.
Soto subrayó que el delito de mayor penalidad es el de privación ilegal de la libertad, que va de 15 a 40 años de prisión. El delito de violación tiene una penalidad de ocho a 14 años y el de abuso sexual de tres meses a dos años de prisión. "Tal pareciera que los defensores particulares de los policías procesados están encaminando sus esfuerzos a tratar de desvirtuar las acusaciones, por lo que hace al delito de privación ilegal de libertad (calificada), en atención a que es el ilícito de mayor penalidad, y de ahí respecto de los delitos de violación (agravada), abuso sexual (agravado) y tentativa de violación (agravada)".
En las audiencias realizadas estuvieron presentes la subprocuradora "A", Margarita Guerra y Tejeda de la PGJDF y Eduardo Galicia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como el abogado coadyuvante, Sergio Soto.
Redefinen audiencias
En breve entrevista, el abogado Sergio Soto advirtió que la estrategia de los defensores particulares de los policías procesados "ha ido cambiando, tal pareciera que se van a desistir de sus testigos de descargo hasta llegar a los de capacidad económica y conducta", para así generar duda en la decisión de la juez.
Destacó que los defensores particulares, de oficio y los propios acusados se han desistido de sus propios testigos de descargo, "ya que contrario a sus pretensiones, se ha ido robusteciendo la privación ilegal de la libertad, lo que permite que se redefinan nuevas audiencias y el periodo probatorio "se achica". Por esta razón se espera una sentencia antes de lo previsto.
Con el nuevo desistimiento la última audiencia está programada para el 16 de febrero del año próximo. Por disposición legal se abre un nuevo periodo probatorio de siete días; después de este tiempo ambas partes tienen 15 días para presentar pruebas.
Caso paradigmático
La diputada local, Angélica Luna Parra, integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento al caso, dijo que la agresión a las tres jovencitas "ha conmovido a la ciudadanía por una razón fundamental: son menores de edad y la agresión la sufrieron de parte de un grupo numeroso de servidores públicos y guardianes de la ley". Subrayó que el caso es paradigmático y esto fue lo que "nos hizo reaccionar de manera inmediata y obviamente de forma política". Destacó que el problema desde el principio tuvo una reacción importante de las mujeres organizadas, incluso de los legisladores y del propio jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas.
El abogado coadyuvante se muestra optimista y asevera que las autoridades encargadas de impartir justicia en este caso concreto, han mostrado un "compromiso real". "Podemos decir que se han ido robusteciendo las acusaciones. Es muy significativo que los testigos hasta ahora presentados por los abogados defensores han incurrido en una serie de irregularidades que han demostrado la debilidad de la defensa". Agregó que en las últimas audiencias se han desistido aproximadamente 10 testigos, es decir, que renuncian a que se desahoguen los testimoniales que presentó la defensa de los acusados.
Explicó que eso ha permitido que la juez Refugio Méndez Hernández se vaya "sensibilizando". Es ella la que ha intervenido de manera directa en las audiencias, continuó Soto y sostuvo que la actuación de la magistrada "ha sido impecable". Al igual que la legisladora Luna Parra, Soto está de acuerdo en que en estos casos tiende a sobrevictimarse a las mujeres. Asimismo, ambos plantean que el careo entre el agresor y la víctima debe evitarse, pues el daño psicológico que presentan es grave.
Advirtió que en el caso de las tres jóvenes hay rasgos importantes que deben resaltarse, "las tres presentan secuelas psicológicas profundas de esta agresión sexual: miedo, rencor, odio hacia los policías; baja autoestima, es decir, con este panorama la juez tiene un cuadro procesal con base en elementos de prueba que le permitirá dictar sentencia". Para la diputada Angélica Luna Parra, otra cuestión importante que ha sacudido a la ciudadanía son los argumentos que quiso utilizar la defensa respecto de "la culpabilidad" de las víctimas, al pretender insinuar a través de los familiares de los policías procesados, que las jóvenes eran prostitutas. Sin embargo, explicó Luna Parra, hay preocupación por la falta de congruencia y de posturas no unificadas en las autoridades del gobierno del Distrito Federal, pues el caso en algún momento puede diluirse, "o puede haber errores en el seguimiento del proceso".
Por eso es tarea de todas las organizaciones de mujeres y de la sociedad en su conjunto, evitar que estas agresiones se vuelvan a cometer, exigir que se lleve claramente el proceso, no permitir que haya inequidad en el desarrollo del juicio. Y agregó que este caso permitió de nuevo volver a unificar la lucha de las mujeres contra la violencia.