Dan entrada en Bélgica a demanda contra el ex dictador; a Londres, familiares de desaparecidos

Ap, Reuters, Afp y Dpa, Bruselas, 1o. de noviembre Ť Otro país europeo sumó hoy su presión para enjuiciar a Augusto Pinochet, luego que un juez belga falló este domingo a favor de las demandas interpuestas por seis chilenos contra el ex dictador para que sea juzgado por crímenes durante su régimen. Este caso se suma a las demandas interpuestas en Francia, Italia, Suiza, Suecia y Noruega, además de España y Gran Bretaña, por víctimas de violaciones a los derechos humanos. Mientras, un grupo de parlamentarios socialistas y familiares de detenidos desaparecidos, entre ellos Isabel Allende, hija del depuesto presidente Salvador Allende, y Juan Pablo Letelier, hijo del ex canciller socialista Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1976, viajaron este domingo a Londres para buscar cambiar el fallo de la Cámara de los Lores, que reconoció inmunidad a Pinochet.

Las demandas presentadas por seis chilenos residentes en Bélgica y aceptadas por la justicia de ese país, según la prensa de Bruselas, intentan aumentar la presión sobre Gran Bretaña para que el ex dictador sea extraditado a España. Los documentos, evidencias y testimonios reunidos en este caso serían enviados a ese país o al que obtenga la extradición de Pinochet, informó a la cadena de televisión RTBF el abogado George-Henri Beauthier.

Al mismo tiempo, en Noruega, un exiliado chileno dijo haber presentado un recurso contra el ex militar por la desaparición de sus compañeros en Chile, en 1974. Marcelo Ferrada Noli, profesor en la Universidad de Tromsoe, dijo a la agencia de noticias noruega NTV que la querella fue presentada el martes pasado, con la esperanza de aumentar la presión para extraditar a Pinochet a España, donde el juez Baltasar Garzón busca enjuiciarlo en relación con centenares de homicidios, desapariciones y torturas cometidos durante su régimen.

La Cámara de los Lores de Londres estudiará el miércoles y el jueves próximos una apelación contra la sentencia de la Corte Superior de Justicia, que esta semana declaró ilegal la detención del ex dictador chileno, acusado por los crímenes cometidos durante sus 17 años de gobierno, decisión apelada por la fiscalía británica.

Pero aunque la Cámara de los Lores decida que Gran Bretaña no puede extraditarlo como solicitó España, las investigaciones en su contra se acumulan en otros países como Francia, Italia, Suecia y Suiza, a las que se sumaron Bélgica y Noruega, aunque no está claro si las mismas desembocarán en solicitudes de extradición. Por lo pronto, Pinochet, de 82 años de edad, será retenido bajo libertad condicional en un hospital privado de Londres con guardia policial hasta que sea dado a conocer el fallo.

Este día, unos cien manifestantes, entre ellos la viuda de un periodista estadunidense desaparecido en 1973, cuando el ex dictador derrocó al presidente Salvador Allende, montaron una vigilia frente al Parlamento londinense para instar a Gran Bretaña a rehusarse a poner en libertad al ex gobernante de facto.

Asimismo, familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y una delegación de parlamentarios socialistas chilenos viajaron hoy a Londres.

En inusual actitud, los lores recibirán a personas autorizadas y víctimas directas de atentados a los derechos humanos para recabar sus testimonios y descargos antes de pronunciarse sobre la resolución del Tribunal Superior, que reconoció inmunidad a Pinochet.

La presidenta de la agrupación chilena de Detenidos-Desaparecidos, Sola Sierra, expresó que reafirmarán la necesidad de que los crímenes de lesa humanidad que cometió la junta militar sean sancionados. Entre los argumentos que presentará la dirigente ante la última instancia de la justicia británica se cuentan las desapariciones de 13 dirigentes del Partido Comunista Chileno (PCCH) entre el 9 y el 20 de diciembre de 1976 a manos del denominado comando conjunto, órgano represivo que operó al comienzo de la dictadura.

Junto con la delegación de familiares también viajó Ursula Prats, hija del ex comandante en jefe del ejército chileno Carlos Prats, asesinado junto a su esposa en Buenos Aires, en 1974. Asimismo, partieron hacia Londres la diputada Isabel Allende, Fanny Pollarolo, Juan Bustos y Juan Pablo Letelier.

Allende señaló que la postura de los parlamentarios socialistas es diferente a la del gobierno, que ha asumido formalmente la defensa de Pinochet, senador vitalicio, aduciendo inmunidad diplomática, aunque aseguró que ello no provocará el rompimiento de la coalición ni del sistema democrático en Chile.

Mientras que esta delegación se dirigía a Londres, unas 2 mil personas se congregaron en el cementerio general de Santiago para realizar un acto en el memorial de los detenidos desaparecidos, en el día de Todos los Santos. En el acto, la presidenta del PCCH, Gladys Marín, demandó la derogación de la ley de amnistía, que cubre el periodo de septiembre de 1973 a marzo de 1978.

El gobierno chileno espera que Pinochet ``baje su perfil'' político

Por otro lado el ministro del Interior, Raúl Troncoso, dijo que Pinochet prestaría un gran servicio a Chile si renuncia a la actividad política, en una entrevista publicada hoy por el diario La Tercera. Aclaró que el gobierno no espera que el general renuncie a su cargo de senador vitalicio, pero sí que ``baje'' su perfil político.

Por su parte, Lucía Pinochet Hiriart, hija del ex dictador, declaró al mismo matutino que si su padre sigue en las actuales condiciones, puede morir, al señalar que desde que se enteró de su situación jurídica entró en ``un gran mutismo''.

Y en Roma, el vicecanciller chileno Mariano Fernández negó que su gobierno haya solicitado la mediación del papa Juan Pablo II por una solución en favor del ex gobernante de facto, tras una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano, al que informó sobre la situación de Pinochet.

Finalmente, al ser interrogado sobre el caso Pinochet, el presidente Carlos Menem reiteró en Londres su rechazo a cualquier intento del juez español Garzón de ``violar la territorialidad'' y juzgar a los militares argentinos bajo cargos de violaciones a los derechos humanos. En cambio, el hombre que más hizo por la abolición de la pena de muerte en Francia, el ex ministro de Justicia y ex presidente del Consejo Constitucional, Robert Badinter, declaró por su parte que es menester que se ponga en funcionamiento cuanto antes la Corte Penal Internacional, y evitar así ``el juego del envío (jurídico) de un país a otro'' para juzgar al ex dictador chileno.